Adolfo Flores Fragoso / [email protected]
Tamaira Rivera es la juez en jefe de la Unidad de Inmigración de Richmond, en Florida, y –en su momento– probada tal cual por el expresidente Donald Trump en ese cargo oficial.
Fue ratificada el pasado abril por Joe Biden, un exvicepresidente estadounidense quien –con el demócrata Barack Obama– superó promedios históricos de detención y expulsión de inmigrantes indocumentados en menos de tres años.
Pero esa, es otra historia.
Rivera es una muy inteligente mujer quien obtuvo su licenciatura en 1991 en la Universidad del Estado de Florida, que estudió después la Licenciatura en Comunicación y cursó dos maestrías en la Western School of Law de California (1995) y en la Facultad de Postgrados de la Universidad George Washington (2004) de Orlando, según consta en actas.
Abogada Senior de la agencia privada Blue Law International, hasta 2006, se desempeñó como defensora de jueces de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Madrid, España; Tucson, Arizona; San Antonio, Texas; y Okinawa, Japón.
Asesora del personal de la embajada de los Estados Unidos en España –que incluye a los comandantes y el servicio de seguridad– tuvo a su cargo la revisión de las disposiciones legales de los tratados bilaterales e internacionales militares en Europa para su país (2006), lo que le otorgó un mayor respeto entre la diplomacia.
Habla español, portugués, italiano y francés.
Con documentos en mano, leo que de 2017 a 2019 fue también agente jurídica en la Oficina Principal de Asesoría Legal de los Estados Unidos (OPLA, por siglas en inglés), en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y en el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Antonio, Texas.
Es miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia y representante vitalicia del Colegio de Abogados de Florida, en la silla del ICE Patrol. “Representante demócrata”, leo en su hoja de aceptación.
De hecho, cuenta con el reconocimiento de Subjefa de Justicia Militar para Comandantes Tres Estrellas.
Saco a cuento la ficha de Tamaira Rivera pues, como escribí al inicio de este artículo, es la juez en jefe de la Unidad de Inmigración de Richmond, en Florida.
Toda la información de inmigrantes documentados e indocumentados que ingresan a/o por Florida, pasa por sus manos. Cuentan que es muy tolerante con los derechos de los niños, pero con quienes no lo son, tiene una actitud muy radical.
Ella es uno de los 17 jueces ratificados hace una semana por el presidente Joe Biden.
¿Cómo es que operará la política migratoria de Biden desde Florida?
Ni cómo saberlo.
La administración Biden ha sido muy criticada, después de dar la bienvenida a los 17 nuevos jueces de Departamento de Justicia.
Lo acusan que carecen de experiencia profesional, que no han sido fiscales, que a lo menos han sido burócratas de inmigración, diplomáticos o simples asesores de personal militar.
Trece de esos nuevos 17 jueces fueron seleccionados por funcionarios de la administración de Biden; los otros cuatro cargan con vestigios del régimen de Trump.
Ninguno demuestra apertura profesional en el tema de migración ni se ha desempeñado como abogado defensor de inmigrantes.
Basta un análisis de los otros 16 designados por Biden:
Megan B. Herndon, juez de Inmigración en Richmond, Florida. Sólo ha sido coordinadora reguladora senior de la Oficina de Servicios de Visa y fue agente encubierta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su único número de cédula profesional (#222297) revela que no hizo postgrados.
Wade T.Napier, juez de Inmigración en Richmond, Florida. Se destacó como buen empleado en el Departamento de Litigios de Reclamaciones de Great American Insurance Company, en Cincinnati. Es miembro del Colegio de Abogados de Kentucky, por parte del condado de Kenton. No más.
David H. Robertson, juez de Inmigración en Richmond, Florida. De 1990 a 2020 se desempeñó como juez militar en Fort Bliss, Texas; Fort Bragg, Carolina del Norte; Kaiserslautern, Alemania; y Fort Stewart, Georgia. Mientras servía al Ejército, también presidió juicios en Kuwait y Afganistán. De 2004 a 2006 se desempeñó como Consejero de Defensa Regional Militar. Cuenta con un registro de consultor en materia migratoria (F200700036), experto en mapeo y localización de indocumentados.
Elizabeth Crites, juez de Inmigración en Chicago. Es la abogada en persecución migratoria más cara y destacada –entre 7 mil colegas– de Illinois. Imparte dos materias en la Ball State University: Criminología y Derecho y deportación.
Bryan E. DePowell, juez de inmigración en Hawai. Fue encargado de la División de Enjuiciamiento de Delitos de Inmigrantes en Los Ángeles. Como asesor privado, sus clientes son en su mayoría militares.
Nicholle M. Hempel, jueza de inmigración en Houston. Egresada de la Universidad Estatal de California (Fresno, 1996) ha trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles y Chicago. Es académica e investigadora.
Kathy J. Lemke, juez de inmigración en Chicago. Muy joven, en 2009, fue designada fiscal federal adjunta para el Distrito de Arizona, en Phoenix. Su trayectoria ha sido básicamente académica.
Martinque M. Parker, juez de inmigración en Houston. Su carrera como asesor legal la ha llevado a cabo en Arkansas y Georgia, al servicio del ICE. Hace un par de años reportó un sueldo promedio anual de 79 mil 427 dólares, según consta en un documento fiscal.
David M. Paxton, juez de inmigración en Houston. Miembro del Colegio de Abogados de California (# 266940) es un misterio en su visión de los hispanos –en especial de los mexicanos–.
Bryan D. Watson, juez de inmigración en Atlanta. Es coronel. Actualmente se desempeña como juez principal de primera instancia de la Fuerza Aérea. Preside juicios militares federales y dirige a los 26 jueces de la Fuerza Aérea en cinco circuitos judiciales del mundo. Su servicio militar incluye múltiples asignaciones como abogado principal en instalaciones federales, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Ha sido abogado general de la Oficina Militar de la Casa Blanca y, más recientemente, comandante (decano) de la Fiscalía General de los Jueces de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estratega geógrafo para el Pentágono es reconocido por su disciplina.
Kenya L. Wells, juez de inmigración de Houston. Desde 2016, en la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, manejó aproximadamente 80 mil casos en casi cuatro años, con un personal de más de 500 fiscales asistentes de distrito y 870 analistas de investigación (así, ¿cuál serie de televisión?), con asistentes legales y otros miembros de personal altamente capacitados de apoyo para “limpiar” la ciudad.
Mark R. Whitworth, juez de inmigración en Houston. Estudió Periodismo (1985) y después se hizo abogado (1993) en la Universidad de Texas. Logró ser subjefe asesor de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y, posteriormente, del Departamento de Seguridad Nacional en Harlingen, Texas. Ya como fiscal general para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió reconocimientos y un buen salario: 108 mil 702 dólares anuales, según un registro fiscal en mis manos.
Adam Perl, juez del Tribunal de inmigración, Nueva York. Ha trabajado para todos los despachos federales de inteligencia y persecución de inmigrantes indocumentados: asesor de la Oficina Principal de Asesoría Legal (OPLA), Inmigración y Aduanas Enforcement (ICE) y Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en Nueva York. Abogado y agente encubierto en Newburgh, asistente de los asesores jurídicos del Departamento de Policía de Nueva York.
William H. McDermott, juez de inmigración de Nueva York. Su mejor antecedente es que fue coordinador del Equipo de Revisión de Muertes Infantiles, en el condado de Worcester; miembro del Consejo de Abuso de Drogas y Alcohol –en el mismo condado–, lo que permitió ingresarlo a la realidad de la ciudad.
Elliot M. Kaplan, juez de Inmigración en Richmond, Florida. Pese a su postura en ocasiones racista, como abogado, vale la pena leer un interesante ensayo de su autoría: Delin cuentes sexuales femeninas encarceladas: una comparación en historias de once mujeres delincuentes sexuales. Un análisis humano y legal del abuso sexual de mujeres contra niñas.
Jeb T. Terrien, juez jefe de la Unidad de Inmigración en Richmond, Florida. De 2000 a 2004 se desempeñó como Fiscal Regional de Drogas para el Commonwealth de Virginia, en los condados de Halifax, Charlotte y Campbell.
El resto de su ficha biográfica no tiene la menor importancia.
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Para cerrar este reporte, hay que decir qué es lo que tiene enfurecidos a los defensores de los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos: ninguno de los perfiles descritos de los jueces de migración ratificados por Biden tiene la capacidad de defenderlos.
