Rubén Salazar / Director de Etellekt
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Justo en medio de la discusión en el Senado de la reforma constitucional que plantea extender la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, el Ejército se ha convertido en el protagonista de un doble escándalo que puede dejar en entredicho su integridad y capacidad para llevar a buen puerto la misión de combatir a la delincuencia organizada transnacional.
El primero se presentó hace una semana, con la difusión de conversaciones de WhatsApp sin testar, recuperadas en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al que tuvo acceso la periodista Peniley Ramírez, que expusieron de nueva cuenta la presunta colusión de mandos del Ejército del 27/o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerreo, con integrantes de un grupo delictivo, en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los mensajes hacen referencia a un coronel, que se habría encargado de ordenar el asesinato de seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuatro días después de la noche de Iguala. Lo que ya en su momento había dado a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acusando directamente al “entonces coronel José Rodríguez Pérez”, del homicidio de estos seis estudiantes.
El coronel José Rodríguez Pérez, quién durante el ataque a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 estaba al mando del 27/o. Batallón de Infantería de Iguala, fue ascendido a General Brigadier en 2015. El pasado 14 de septiembre de 2022 fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de Ciudad de México (CDMX) y enviado, horas más tarde, a los juzgados militares del Campo Militar 1-A, para que respondiera ante el fuero militar por las denuncias que pesan en su contra. No había sido el primer militar detenido por este caso.
Los chats publicados por Peniley Ramírez mencionaban a otro “capitán” del instituto armado, que presumiblemente solapó el traslado de los restos de algunos de los estudiantes asesinados a las instalaciones del campo militar del 27/o. Batallón de Infantería, para esconder las huellas del crimen. Se trata del capitán de infantería José Martínez Crespo, detenido en noviembre de 2020 por elementos de la Policía Judicial Militar y enviado igualmente a la prisión del Campo Militar 1-A, por delincuencia organizada. El 14 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de la República, cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra el capitán por desaparición forzada. En total, son cuatro los elementos del Ejército detenidos por estos hechos.
De confirmarse la culpabilidad de estos elementos castrenses, ¿qué certeza hay de que estas conductas no las pongan en práctica a la hora de detener a presuntos delincuentes o infractores menores, peor aún, a la hora de neutralizar protestas sociales? ¿Cuál será su trato a los movimientos estudiantiles y sociales en el futuro? ¿El mismo de 1968 en Tlatelolco o el que les dieron en Iguala hace seis años? ¿Podemos confiar la seguridad ciudadana a una Guardia Nacional integrada por militares proclives a pactar con la delincuencia, para desaparecer a quienes les plazca, sean enemigos o cualquier persona que no ceda a la extorsión? ¿La integridad del Ejército está garantizada con los juzgados militares? ¿El presidente le está dictando al Ejército una agenda política y no una ligada a la seguridad y la justicia? ¿Qué implicaciones tiene para el Ejército, ver como enemigos de la patria a opositores del régimen y no a los grupos externos que buscan asentar sus cabezas de playa en nuestras fronteras físicas… y virtuales?
El segundo escándalo que reblandeció al Ejército esta semana se destapó el jueves pasado, cuando el periodista Carlos Loret dio a conocer en Latinus que un grupo internacional de ciberactivistas, autodenominado con el nombre de Guacamaya, que dicen combatir a policías y ejércitos de América Latina que operan a favor de la “dominación del imperialismo norteamericano”, vulneró los servidores de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), descargando al menos 6 terabytes de archivos que están catalogados como “confidenciales”, que abarcan correos, cartas, tarjetas informativas y videos fechados desde 2016 y hasta septiembre de 2022, según relató el único periodista –por ahora– que ha tenido acceso a los documentos.
Lo que ha dado a conocer Loret de Mola no llega ni a 0.01% de lo que aún falta por revelar. Pero lo poco que ha compartido a la opinión pública ha resultado sumamente explosivo. Desde las enfermedades crónico-degenerativas que padece el presidente, hasta las órdenes que giró para dejar en libertad a Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en el tristemente célebre operativo del culiacanazo en 2019, las discrepancias entre los titulares de Sedena y Marina, así como información sensible sobre la famélica presencia de 14 soldados “resguardando” el aeropuerto de Cancún en todos los turnos.
¿Quiénes más pudieron vulnerar los servidores de información del Ejército? ¿El narco? ¿En qué medida el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal, que acumula casi 130 mil víctimas de homicidio doloso, 8% más que en todo el sexenio de Felipe Calderón, se explica por estas fugas de información, a las que pudieron acceder los delincuentes? ¿Cómo afectó la política de austeridad en este ataque informático? ¿Qué otros secretos de Estado habrán obtenido los hackers de Guacamaya? ¿Más evidencias sobre la implicación del Estado en la noche de Iguala? ¿Narcopolítica en Morena para ganar elecciones? ¿Espionaje político implementado por el Ejército? ¿Corrupción en las obras insignia del presidente? ¿Podrá el Ejército hacerse cargo de la seguridad de los mexicanos, cuando ni siquiera es capaz de evitar que lo infiltren?
No tengo duda que el presidente seguirá siendo popular después de esto, pero ¿y el Ejército? ¿Cómo defendió el presidente a los de verde olivo? Simple, dedicándoles una canción del músico tabasqueño Chico Che, titulada No me quiso el Ejército.
¿Cuál es el Ejército que le heredará a quien lo suceda en el cargo? ¿Uno que tenga el mismo destino de la Policía Federal, para salvar su pescuezo?
