No me quiso el Ejército

Rubén Salazar / Director de Etellekt

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Justo en medio de la discusión en el Senado de la reforma constitucio­nal que plantea extender la partici­pación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, el Ejército se ha convertido en el protagonista de un doble escándalo que puede dejar en entredicho su integridad y capacidad para llevar a buen puerto la mi­sión de combatir a la delincuencia organi­zada transnacional.

El primero se presentó hace una sema­na, con la difusión de conversaciones de WhatsApp sin testar, recuperadas en el In­forme de la Presidencia de la Comisión pa­ra la Verdad y Acceso a la Justicia del Ca­so Ayotzinapa, al que tuvo acceso la pe­riodista Peniley Ramírez, que expusieron de nueva cuenta la presunta colusión de mandos del Ejército del 27/o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerreo, con integrantes de un grupo delictivo, en la desaparición y asesinato de los 43 nor­malistas de Ayotzinapa.

Los mensajes hacen referencia a un co­ronel, que se habría encargado de ordenar el asesinato de seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuatro días después de la noche de Iguala. Lo que ya en su momen­to había dado a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acusan­do directamente al “entonces coronel José Rodríguez Pérez”, del homicidio de estos seis estudiantes.

El coronel José Rodríguez Pérez, quién durante el ataque a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 esta­ba al mando del 27/o. Batallón de Infante­ría de Iguala, fue ascendido a General Bri­gadier en 2015. El pasado 14 de septiem­bre de 2022 fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de Ciudad de México (CDMX) y enviado, horas más tar­de, a los juzgados militares del Campo Mi­litar 1-A, para que respondiera ante el fue­ro militar por las denuncias que pesan en su contra. No había sido el primer militar detenido por este caso.

Los chats publicados por Peniley Ra­mírez mencionaban a otro “capitán” del instituto armado, que presumiblemente solapó el traslado de los restos de algunos de los estudiantes asesinados a las instala­ciones del campo militar del 27/o. Batallón de Infantería, para esconder las huellas del crimen. Se trata del capitán de infante­ría José Martínez Crespo, detenido en no­viembre de 2020 por elementos de la Po­licía Judicial Militar y enviado igualmente a la prisión del Campo Militar 1-A, por de­lincuencia organizada. El 14 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de la Re­pública, cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra el capitán por des­aparición forzada. En total, son cuatro los elementos del Ejército detenidos por estos hechos.

De confirmarse la culpabilidad de estos elementos castrenses, ¿qué certeza hay de que estas conductas no las pongan en práctica a la hora de detener a presuntos delincuentes o infractores menores, peor aún, a la hora de neutralizar protestas so­ciales? ¿Cuál será su trato a los movimien­tos estudiantiles y sociales en el futuro? ¿El mismo de 1968 en Tlatelolco o el que les dieron en Iguala hace seis años? ¿Pode­mos confiar la seguridad ciudadana a una Guardia Nacional integrada por militares proclives a pactar con la delincuencia, pa­ra desaparecer a quienes les plazca, sean enemigos o cualquier persona que no ce­da a la extorsión? ¿La integridad del Ejérci­to está garantizada con los juzgados milita­res? ¿El presidente le está dictando al Ejér­cito una agenda política y no una ligada a la seguridad y la justicia? ¿Qué implicacio­nes tiene para el Ejército, ver como enemi­gos de la patria a opositores del régimen y no a los grupos externos que buscan asen­tar sus cabezas de playa en nuestras fron­teras físicas… y virtuales?

El segundo escándalo que reblandeció al Ejército esta semana se destapó el jue­ves pasado, cuando el periodista Carlos Lo­ret dio a conocer en Latinus que un gru­po internacional de ciberactivistas, auto­denominado con el nombre de Guacama­ya, que dicen combatir a policías y ejérci­tos de América Latina que operan a favor de la “dominación del imperialismo nor­teamericano”, vulneró los servidores de información de la Secretaría de la Defen­sa Nacional (Sedena), descargando al me­nos 6 terabytes de archivos que están cata­logados como “confidenciales”, que abar­can correos, cartas, tarjetas informativas y videos fechados desde 2016 y hasta sep­tiembre de 2022, según relató el único pe­riodista –por ahora– que ha tenido acceso a los documentos.

Lo que ha dado a conocer Loret de Mola no llega ni a 0.01% de lo que aún falta por revelar. Pero lo poco que ha compartido a la opinión pública ha resultado sumamen­te explosivo. Desde las enfermedades cróni­co-degenerativas que padece el presidente, hasta las órdenes que giró para dejar en li­bertad a Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en el tristemente célebre operati­vo del culiacanazo en 2019, las discrepan­cias entre los titulares de Sedena y Mari­na, así como información sensible sobre la famélica presencia de 14 soldados “res­guardando” el aeropuerto de Cancún en todos los turnos.

¿Quiénes más pudieron vulnerar los servidores de información del Ejército? ¿El narco? ¿En qué medida el fracaso de la es­trategia de seguridad del gobierno federal, que acumula casi 130 mil víctimas de ho­micidio doloso, 8% más que en todo el se­xenio de Felipe Calderón, se explica por es­tas fugas de información, a las que pudie­ron acceder los delincuentes? ¿Cómo afec­tó la política de austeridad en este ataque informático? ¿Qué otros secretos de Esta­do habrán obtenido los hackers de Gua­camaya? ¿Más evidencias sobre la impli­cación del Estado en la noche de Iguala? ¿Narcopolítica en Morena para ganar elec­ciones? ¿Espionaje político implementado por el Ejército? ¿Corrupción en las obras insignia del presidente? ¿Podrá el Ejército hacerse cargo de la seguridad de los mexi­canos, cuando ni siquiera es capaz de evi­tar que lo infiltren?

No tengo duda que el presidente segui­rá siendo popular después de esto, pero ¿y el Ejército? ¿Cómo defendió el presidente a los de verde olivo? Simple, dedicándoles una canción del músico tabasqueño Chico Che, titulada No me quiso el Ejército.

¿Cuál es el Ejército que le heredará a quien lo suceda en el cargo? ¿Uno que ten­ga el mismo destino de la Policía Federal, para salvar su pescuezo?