Rocío García Olmedo
[email protected] / @rgolmedo / rociogarciaolmedo.blogspo.mx
Seis meses después del inicio de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 –que aún no sabemos cuándo terminará– comienza septiembre y, con ello, el enésimo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más podemos esperar que nos diga el señor presidente?
Todos los días en sus narrativas informa lo que quiere que se sepa. Tenemos claro las tres obras cumbres de su gobierno: Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Tres Bocas, que en suma dan trabajo a 150 mil personas, según un spot que promueve su informe.
Cierto, que su idolatría por hacerse sentir a diario, ha construido un inédito ejercicio de gobernar, el cual está comando forma de segunda contingencia: desmantelamiento del estado de derecho.
A dos años del gobierno del presidente, aquí una lista de ejemplos que sustentan este panorama: cancelar obras iniciadas, “consultas populares” sin mediar el procedimiento que marca la norma, aprobaciones a “mano alzada”, ordenar la libertad de delincuentes, instruir quién sí y quién no se le otorga prisión preventiva.
Acusar sin pruebas a organizaciones civiles u organismos no gubernamentales, así como medios de comunicación, personas. Modificar, recortar o eliminar presupuesto aprobado a instituciones, dejar de licitar obras y modificar de facto los procedimientos para asignarlas, convocar a una rifa engañosa, fraudulenta.
Enriquecimientos “inexplicables” de servidores públicos en funciones sin consecuencias, revocar supuestas “privatizaciones, desconocer qué son los organismos descentralizados, confesar delitos electorales sin que pase nada, proteger a delincuentes y definir nuevas figuras jurídicas: “aportaciones del pueblo”, entre muchas otras que se acumulan todos los días a lo largo y ancho del país.
Lo último es la pretendida consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República. De entrada, parece que ahora sí pretende llevarse a cabo lo que establece la Ley Federal de Consulta Popular. El problema es que no es necesario preguntarle al pueblo lo obvio.
El hartazgo que tenemos todas y todos de la corrupción está a la vista. ¿Para qué o por qué quiere gastar recursos públicos el presidente? Hoy, el costo de esta consulta popular es requerida para enfrentar las crisis que vivimos y viviremos tras la postpandemia (sanitaria, salud, económica, empleo y seguridad).
Lo único que necesario es iniciar procedimientos legales en contra de los expresidentes que quieran.
Las reglas que aplicarán serán las mismas contra cualquier exservidor público en términos de lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Un proceso específico contra expresidentes no está establecido, solamentes es cuidar que los delitos imputados no hayan prescrito y tener las pruebas que los acrediten.
No sería la primera vez que llevaran a juicio a un expresidente de la República, Luis Echeverría fue uno, incluso después de treinta años de los hechos de Tlatelolco en 1968 por lo que se le acusó.
Esta nueva convocatoria “al pueblo” es una parte más del juego de engaños a los que quieren introducirnos, pero que ya no creemos. Lo grave es que este mecanismo que propone el presidente es someter a consulta pública el ejercicio de la ley. Como bien han comentado distinguidos juristas: convertir a la justicia en un circo.
Ante ello, consideró que el desmantelamiento del estado de derecho está pasando a grado de segunda contingencia.
El coronavirus ha dejado 64 mil 158 fallecimientos en México, 3 mil 321 en el estado de Puebla.
¿Qué podrá dejar a México esta segunda contingencia?
Hay que pensarlo muy bien. ¿Será ese el lado correcto de la historia? Y eso que no eran iguales.
