Rubén Salazar / Director de Etellekt
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Si combatir las finanzas de los grupos delictivos ha sido la apuesta de los últimos gobiernos en México para ganarles la batalla, con inteligencia y menos uso de la violencia letal, no deja de ser una simple retórica. Escenas de violencia en la que civiles armados incendiaban vehículos y pequeñas tiendas de autoservicio en Baja California, Guanajuato, Colima y Zacatecas, son fiel reflejo de que a los delincuentes no se les ha tocado en lo más importante: el bolsillo.
Debido a ello, los grandes cárteles del narcotráfico han multiplicado sus capacidades operativas, a tal grado que pueden poner de cabeza a ciudades enteras las veces que les plazca, haciendo gala no sólo de su equipamiento, armamento de punta y pie de fuerza, sino alardeando de algo más grave y deshonroso para el Estado mexicano: la facilidad de sobornar y corromper a las policías locales y estatales, que no sólo se hacen de la vista gorda ante su presencia, les proveen protección y contrainteligencia con la que pueden burlar los operativos de seguridad federales.
Del tamaño de los activos de los que dispone la delincuencia es la dimensión del fracaso de las instituciones de seguridad para hacerle frente y doblegarla, que se observa –descarnadamente– no sólo en los ataques recientes a la población civil en estas entidades (que el gobierno federal normalizó al calificarlos de eventos aislados), se expone igualmente en los múltiples atentados de los que han sido objeto ediles, funcionarios, candidatos a puestos de elección y policías del ámbito municipal, por enfrentar al crimen o resistirse a sus presiones; en peores casos, por apoyar a grupos delictivos rivales.
En marzo de 2021, en una rueda de prensa, el general Glen VanHerck, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), confirmó que “hay áreas no gobernadas en un 30 ó 35%” del territorio mexicano, en las que la delincuencia se ha convertido de facto en un gobierno alterno. Tienen capital de sobra para eso y más.
Nada les impide corromper autoridades, cogobernar con ellas mediante la entrega de jugosas recompensas o amenazar a otras. Lo que les permite a cambio acrecentar sus ganancias mediante la expansión de sus negocios ilegales, pero añadiendo también operaciones que les resultan más fructíferas, como la extorsión o el cobro de derecho de piso a la ciudadanía. Un círculo vicioso en el cual transitamos a pasos acelerados de un Estado débil a un Estado criminal y corrupto.
El monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado ha comenzado a desbaratarse empezando por sus cimientos básicos: el gobierno municipal, la esfera que más ha resentido los efectos de la entrópica política de seguridad federal, en los últimos 16 años, centrada en un combate militarista a la delincuencia, que ha dejado en segundo plano una de las intervenciones más efectivas: seguir la pista del dinero de los delincuentes (follow the money).
Y en el presente sexenio, la intercepción de operaciones de recursos de procedencia ilícita generados a través de actividades delictivas de fuero común (por ejemplo, el fraude) u otros delitos sancionados por la Ley Federal de Delincuencia Organizada (como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la trata de personas, el acopio y tráfico de armas, la corrupción de menores, el contrabando, la defraudación fiscal –muy ligado a los delitos de corrupción por el que se encuentran presos infinidad de personas servidoras públicas–, el robo de hidrocarburos, el tráfico de vida silvestre o el propio lavado de dinero), al igual que en el pasado, va por mal camino, estrellándose con una pared llamada impunidad, pariente cercana de la corrupción política.
Para muestra basta un botón. El lunes pasado, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) detuvieron en Texas a Yeishi Moriya Villaseñor, hija del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez (militante de Morena), llevaba una cantidad aproximada de 248 mil 532 dólares americanos en efectivo, que no declaró en la aduana (una parte escondida en los paneles de una de las puertas del vehículo en el que viajaba y otra pegada a su cintura), y dos pistolas, cuando intentaba cruzar la frontera de regreso a Laredo, Tamaulipas. Fue acusada por el delito de lavado de dinero e internada en una prisión del condado de Webb. ¿De haber cruzado a México habría tenido el mismo destino que en Texas?
Muy probablemente no. En marzo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que de las 273 carpetas abiertas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de las denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), teniendo como titular en ese periodo a Santiago Nieto Castillo (acusado de cometer el mismo delito por el panista Roberto Gil Zuarth), entre diciembre de 2018 y enero de 2021, sólo un caso se había judicializado sin que hubiera sentencias. La efectividad de casos judicializados por lavado de dinero, respecto al total de carpetas, equivalía al funesto porcentaje de 0.4%, según la FGR, debido a “la falta de información que no ha proporcionado la parte denunciante (UIF)”.
Pero también porque el uso de los mecanismos para combatir el lavado de dinero de parte de la UIF, a lo largo de la presente administración federal, se ha concentrado más en la persecución de enemigos políticos que en desbaratar las estructuras financieras de la delincuencia. Se está cometiendo en parte el mismo error del pasado, cuando se pensaba que sólo las organizaciones del narcotráfico lavaban dinero, dejando fuera del radar a otras agrupaciones que se dedican a múltiples delitos en ascenso, como la trata de mujeres o el tráfico de flora y fauna silvestre.
La fiscalización del Sistema de Administración Tributaria, como siempre, se ha focalizado en los contribuyentes cautivos, pero no en los malos contribuyentes que obtienen ingresos a partir de infinidad de actividades ilegales. ¿Qué están haciendo el SAT y las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) de las 32 entidades federativas, para evitar que la delincuencia trasvase su dinero mal habido a la economía formal, con lo que sigue acumulando poder e imponiendo su ley?
En materia de lavado de dinero, ¿tenemos un Estado débil, incompetente o criminal, que lo tolera y permite?
