Por: Hervey Rivera
En las conferencias de prensa matutinas que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado con regularidad el operativo policíaco que causó más controversia y procedimientos legales en los Estado Unidos que en México. Involucró a altas autoridades gubernamentales de ambos países.
La operación denominada “Rápido y Furioso” (Fast and Furious) a cargo del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), agencia federal que depende del Departamento de Justicia de los EU inició en el año 2006 durante el gobierno de George W. Bush con la “Operación Receptor Ancho” (Wide Receiver) como una serie de medidas para investigar, perseguir y procesar judicialmente a contrabandistas de armas de fuego en estados del sur de la Unión Americana que compraban ilegalmente pistolas y fusiles de asalto para cárteles mexicanos.
Asimismo, el objetivo central de la operación era rastrear las armas que llegaban a manos de integrantes del narcotráfico en México.
Esta operación policiaca reservada se llevó a cabo en 2009 durante el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos y de Felipe Calderón Hinojosa en México. El nombre de la operación se debió a que agentes de la ATF descubrieron que algunos de los traficantes de armas que compraban armas para cárteles mexicanos pertenecían a clubs de autos deportivos y competían en carreras callejeras, como en la popular saga cinematográfica.
El operativo en campo implicó la vigilancia a compradores de armas que previamente las autoridades norteamericanas tendrían identificadas con chips y números de serie, para que “caminaran” de las armerías donde se adquirían, principalmente en el estado de Arizona, a casas de seguridad del país vecino y hacia México.
El número de armas que cruzaron de manera ilegal la frontera rondó las dos mil y entre estas se encontraban: fusiles AR15; fusiles AK 47 conocido popularmente como “cuerno de chivo”, fusiles de alta potencia Barret .50 mm; pistolas calibre 5,7 × 28 mm arma que puede perforar chalecos antibalas por lo que se le denomina “mata policías” y pistolas calibre .9 mm.
Todas las armas son reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas en el país y terminaron en manos de integrantes del cártel de Sinaloa. El escándalo surgió cuando los agentes perdieron la pista de las armas que estaban obligados a seguir.
Un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (A Review of ATF’s Operation Fast and Furious and Related Matters) así como un extenso informe dividido en 3 partes del congresista Darrell E. Issa y el senador Charles E. Grassley (Fast and Furious: The Anatomy of a Failed Operation) ambos en 2012 dieron cuenta de las negligencias, corrupción, errores y omisiones del operativo que derivaron el 14 de diciembre de 2010 en el asesinato del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en el lado norteamericano de la frontera en Río Nico, Arizona; a manos de traficantes de indocumentados con armas, se indagaría posteriormente, de la operación “Rápido y Furioso”.
Ese mismo año en el informe del Congreso de los EU detalló el asesinato de un mexicano con armas del fallido operativo: “El 5 de noviembre de 2010, miembros del cartel de la droga asesinaron a Mario González, hermano de Patricia González, entonces Fiscal General del Estado de Chihuahua en México.
Un posterior tiroteo entre la policía y los sospechosos de asesinato resultó en la recuperación de dieciséis armas, dos de los cuales se remontan a la Operación Rápido y Furioso.
Aunque la ATF rápidamente se dio cuenta de la conexión entre armas rápidas y furiosas y el asesinato de al to perfil de González que fue una importante noticia en México, ATF se negó a informar a los funcionarios del gobierno mexicano sobre el enlace, o sobre la operación.”
En su momento fueron voces muy aisladas en México quienes señalaron la gravedad del caso: un operativo desastroso de autoridades estadounidenses que permitió que un cártel del narco se proveyera de un arsenal y que esas armas estuvieran involucradas en el asesinato de además del agente de la patrulla fronteriza Terry, del hermano de la Fiscal de Chihuahua, de por lo menos 300 mexicanos como lo señala un reporte de John G. Malcom el 27 agosto 2012 publicado por el Centro de Estudios Legales y Judiciales de la Fundación Heritage.
¿El presidente Felipe Calderón y su Procurador Eduardo Medina Mora fueron informados por sus pares del operativo? El reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es claro al respecto: “ATF ha trabajado recientemente en conjunto con México en el primer intento de tener una entrega controlada de armas de contrabando a México por un principal traficante de armas […] los primeros intentos en esta entrega controlada no han tenido éxito […] para ese fin, es esencial que un mexicano de una unidad certificada se enlace para trabajar con ATF en este sentido.
El agregado de la ATF [de la Embajada de EU] en la Ciudad de México ha informado al Procurador General Medina Mora sobre este intento de entrega controlada, y destacó la importancia de que sea asignaos elementos a la unidad certificada.”
Las autoridades responsables del área en ese momento en el país sí sabían de la existencia del operativo, se mantiene alejados, para bien o para mal.
“Todas las personas están inevitablemente interconectadas, y cuanto más nos unamos para resolver nuestros problemas, mejor estaremos”.
Y concluye con un mensaje alentador, al señalar que a lo largo de su vida ha visto a los humanos trabajar juntos para superar los retos más complejos que se puedan imaginar, “Y sé que somos capaces de salir adelante esta vez, si todos ponemos de nuestra parte y trabajamos en equipo”.
Por esta ocasión, seamos astronautas y tratemos de emular a Kelly durante la emergencia sanitaria cuyo final no es visible aún, pero que irremediablemente llegará.
