Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / correo: [email protected] web: parmenasradio.org
32 millones de personas en México trabajan en la informalidad…
El trabajo informal representa 55.4% del total de empleos
INEGI
El 23 de abril de 2021, con bombos y platillos se hacÍa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma legislativa para acabar con las outsourcing y las denominadas insourcing.
Los más optimistas sostenían, desde la palestra política del país, que en México se estaban implementando medidas para respetar los derechos de los trabajadores, aquellos que han sido explotados por el paso del tiempo, pero que con esa reforma se acabarían las medidas de triangulación que hace el sector patronal para dejar a los trabajadores sin prestaciones laborales.
Como siempre, hay otro lado, el de los escépticos, que veían desde ese tiempo que se trataría de una medida que lejos de beneficiar a la clase trabajadora permitiría lo contrario; es decir, disminuiría aún más los derechos de los trabajadores.
La respuesta está muy clara y los datos oficiales del Inegi revelan que hay más población empleada en el sector informal que en la economía formal; por ende, la reforma fue un fracaso.
Y es que para terminar con las outsourcing no se siguió la regla de oro para legislar, como en muchas otras medidas legislativas que se implementan en México.
Esto es, que “lo lícito sea más fácil de hacer que lo ilícito”, (Vergara Nava, Silvino, El derecho al revés, tomo I, Pármenas, Puebla, 2023). Y aquí ha sucedido lo contrario; que “lo ilícito es más fácil de hacer que lo lícito”.
El resultado es fehaciente. Se generó un desbordamiento de personal contratado en las empresas otusourcing y resultó que se tuvieron que colocar en la economía informal. Indudablemente, no se resolvió el problema de fondo; ahora resulta más grave: se está incentivando la economía informal.
Lo cierto es que el problema es de fondo y no se puede tapar con legislar prohibiciones, multas, responsabilidades solidarias, como sucedió con esta reforma fiscal-laboral del 23 de abril de 2021.
Lo que se debe hacer es analizar el problema desde su profundidad, el cual es muy sencillo. La realidad dice que contar con trabajadores en la nómina es muy caro para cualquier patrón, aun más para las grandes empresas de inversión extranjera, que son las que provocaron al inicio todo los esquemas de outsourcing que se presentaron en México.
Es más, el propio expresidente Trump y los miembros del partido republicano de Estados Unidos de América sostenían que el Tratado de Libre Comercio con México, que inició su vigencia en 1994, era un tratado de subcontratación, más que de libre comercio. Basta con leer el discurso del 29 de enero de 2021 de aquel presidente.
Si de verdad se pretendía acabar con las outsourcing y proteger los derechos laborales, la medida implementada en 2021 no fue la apropiada. El resultado está en los datos recientes del Inegi.
Lo que sucedió fue algo muy sencillo: se despidió por esas empresas a los trabajadores; en algunos casos se les dejó a su suerte, por ello esta estadística de Inegi de 2023.
A otros más se les solicitó, y en algunos casos se exigió a los trabajadores que se inscribieran en el SAT bajo el esquema de honorarios; por ende, dejaron de tener el carácter de empleados.
Es más, aprovechando la coyuntura de la Covid-19, se les invitó al esquema home office que implementaron muchas empresas de inversión extranjera para disminuir los gastos de sus operaciones en esas grandes oficinas corporativas.
A otros empleados de esas outsourcing se les invitó-forzó a crear su propias “miniempresas”; es decir, constituir sociedades que se inscribieran ante la Secretaría del Trabajo para obtener su registro de prestación de servicios especializados (Repse, Registro de Patrones de Servicios Especializados) y con ello seguir prestando sus servicios en las empresas.
Lo que sucedió a quienes se enfrentaron a esa realidad fue que perdieron sus derechos laborales.
Así, la estadística no es otra cosa más que el resultado de una reforma mal planteada, cuyo objetivo fue, como muchas más, cumplir con el compromiso internacional.
Lo cierto es que se rompió, una vez más, la regla de oro para legislar.
Por eso, esos resultados sólo comprueban que en México se ha legislado en los últimos años para que “lo ilícito sea más fácil de hacer que lo lícito”.
