Iván Mercado / @ivanmercadonews FB IvánMercado
La esencia de la figura democrática de la revocación radica en otorgarle a los ciudadanos el poder para calificar y definir si su gobernante es apto para continuar al frente de una administración o carece del apoyo mayoritario de los participantes para mantenerse en el poder.
Esa fue precisamente una de las promesas más importantes del entonces candidato y posterior presidente Andrés Manuel López obrador: “el pueblo pone y el pueblo quita”.
Al asumir el cargo, el mandatario federal afirmó que con base en la confianza de su política y de su viraje en la forma de gobernar, los mexicanos podrían participar por primera vez en su historia en un ejercicio de esta naturaleza, uno que impulsaría exactamente a la mitad de su mandato.
Para tal efecto, en 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional por la cual se creó exactamente la figura de “revocación de mandato” del presidente de la república, una herramienta democrática que, se afirma, llegó para quedarse.
Sin embargo, la reforma establece condiciones específicas y muy claras para su ejecución, entre otras, que esta práctica tiene que ser convocada, organizada y desarrollada por las autoridades electorales del país, es decir, por el Instituto Electoral del Estado.
Para nadie es un secreto que el INE es hoy una institución autónoma que a pesar de haber decretado el triunfo indiscutible del presidente de la república, hoy carece de toda autoridad moral para quien tendría que ser sometido a una evaluación sin precedente en este México, el mismo López Obrador.
No obstante, la ley establece que el Instituto tiene a su cargo y de forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Del mismo modo sería el INE el que emitiera los resultados finales del proceso, los cuales podrían ser impugnados ante la sala de la máxima autoridad electoral del país, en caso de haber interesados.
Sin embargo, para cristalizar la consulta, es necesario reunir una serie de condiciones numéricas basadas en la participación de los mexicanos en las elecciones federales intermedias y una regla obligatoria es que por lo menos 17 estados del país deben mostrar a través de un porcentaje de sus ciudadanos, el interés de firmar la solicitud respectiva.
En términos más claros, para el proceso electoral de este año la lista nominal estuvo compuesta por 93 millones 528 mil 473 personas, por lo que para alcanzar el 3% requerido son necesarios 2 millones 805 mil 854 ciudadanos los que signen y, así, soliciten la realización de la revocación.
De haberse concretado y avalado todo este escenario de participación nacional, la consulta (sin precedente para el país), tendría que haberse desarrollado para el mes de abril del 2022, sin embargo, los escenarios han comenzado a polarizarse aún más cuando el INE determinó este fin de semana posponer indefinidamente la tan anhelada revocación de mandato, no por falta de voluntad sino por falta de dinero, así de elemental.
Con una votación incuestionable de seis votos a favor de la postergación, contra cinco en contra, el Instituto Electoral del Estado argumentó que no es posible cumplir con el ejercicio previsto para abril del próximo año.
Y es que los números son nuevamente fríos y contundentes. El costo de la revocación de mandato está presupuestada en 3 mil 830 millones de pesos para poder instalar 161 mil casillas y capacitar a poco mas de 1 millón 995 mil ciudadanos que habrían de dar legitimidad al ejercicio.
El dilema que parece que no calcularon los incondicionales legisladores de la 4T, es que en el presupuesto del 2022 le recortaron al INE 4 mil 913 millones de pesos, por lo que los mil 503 millones de pesos autorizados desde el Congreso de la Unión sencillamente no alcanzan ni para instalar la mitad de las mesas receptoras.
El escenario se complica aparentemente cuando el INE ha presentado, a propuesta del consejero presidente, Lorenzo Córdova, una controversia en contra del recorte ante la Suprema Corte de Justica de la Nación.
Y es entonces que para que el presidente vea cumplida su promesa y deseo de ser revocado o “ratificado” en su cargo, se tiene que esperar al estudio y a la resolución del recurso promovido por el propio Instituto, o que los legisladores modifiquen su presupuesto 2022 y le regresen lo recortado a la autoridad electoral, o en el extremo, que el ejecutivo instruya a la autoridad hacendaria proporcionar los recursos faltantes al tan cuestionado Instituto Electoral.
En pocas palabras, el INE está puesto para desarrollar y calificar la revocación, siempre y cuando enmienden ese “pequeño error” de cálculo de 2 mil trescientos millones de pesos.
Ahora, por supuesto que los incondicionales afirman que la autoridad electoral violó la Ley Federal de revocación de mandato y, por tanto, habrán de presentar un recurso de queja ante la SCJN.
De todos los tamaños, de todas las corrientes afines al mandatario federal, personajes que se afirman «lopezobradoristas” de hueso colorado esgrimen un sinfín de recursos que, afirman, habrán de ser presentados en las próximas jornadas a fin de impulsar una nueva batalla legal contra los “traidores a la democracia y a la voluntad del pueblo”.
En el colmo de las exaltaciones, el representante de Morena ante el propio Instituto Electoral acusó directamente a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de emprender una campaña abierta para evitar lo que el morenista calificó como la segura “ratificación” del presidente.
Como contexto de valor, el propio mandatario dijo en la primera quincena de octubre que estaría dispuesto a acatar el resultado de la consulta aún si no participara el 40% de la lista nominal de electores que ordena la Ley de Revocación de Mandato para considerar vinculatoria la votación.
Incluso, el presidente señaló que aún cuando no participaran todos los que son necesarios y el resultado fuera adverso para su gobierno, se iría porque “no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral ni política”, un argumento en el que el jefe del ejecutivo guarda toda la razón.
No obstante, la salida para alcanzar la revocación de mandato es simple: sólo basta corregir sus propias políticas de austeridad y reconocer implícitamente el castigo ordenado a una institución autónoma que por ser y defender en principio sencillamente no puede complacer a quien así lo desea y lo ordena.
Pese a todo este nuevo episodio de desencuentros, la revocación se cumplirá porque es absolutamente crucial para este movimiento transformador, aunque para la mayoría de los mexicanos este asunto pase casi desapercibido.
