Un simple sello

Si las autoridades jurisdiccionales, tribunales, juzgados, ministros, magistrados, jueces, y personal administrativo de las instituciones que imparten justicia en esta nación supieran lo importante que es el simple sello de recepción de una promoción de un justiciable ante esos órganos, otra realidad existiría en esta nación, llena de violencia, desigualdad, arbitrariedad, muertes, delitos, injusticia, inseguridad.

Con que supieran que la presentación de una promoción que cuente con un sello de recepción, representa para el gobernado, para el ciudadano de a pie, para el justiciable, que se sienta más tranquilo en esta selva en donde el grito es: ¡sálvese quien pueda!, otra cosa sería en esta nación.

Por lo menos, se despresurizaría la presión y la tensión que se viven en el día a día, donde millones de personas que salen de sus casas a sus trabajos, escuelas, no saben si regresarán a la hora que corresponde o bien, les tocó  enfrentarse con las injusticias que se suscitan todos los días: robos, violencia, lesiones, violaciones, asaltos, homicidios, que son el común denominador y donde la única alternativa que se tiene es la recepción de un proceso en las instancias jurisdiccionales.

En el evento natural que se presentó hace ocho días en la ciudad de Puebla y varios municipios,  donde las calles amanecieron con capas enteras de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl, los órganos jurisdiccionales tomaron la determinación de sumarse a las decisiones de las autoridades estatales como la suspensión de actividades en escuelas y al aire libre, lo que generó que toda una semana las puertas de los tribunales, juzgados y en general los palacios de justicia se mantuvieron sin atención al público y se retrasarán los juicios y trámites sin ninguna otra alternativa para los ciudadanos.

Lo mismo que sucedió hace tres años con el COVID-19  y donde a pesar de que la propia Organización Mundial de la Salud ha dado fin a la pandemia, existen instituciones jurisdiccionales mexicanas que no han regresado a la normalidad en su funcionamiento hasta esta fecha.

El problema es muy grave, bastante grave, es denegación de justicia en pleno siglo XXI, en el siglo que quedará escrito que es el de los derechos humanos en los discursos, pero no en los hechos. El siglo que desprestigió los derechos humanos, como el acceso a la administración de justicia, es grave, porque ante la ausencia de esa función tan vital de los órganos jurisdiccionales, la reacción es obvia, la violencia se incrementa a más no poder, sino hay tribunales, sigue la impartición de la justicia por su propia mano.

Quizá, y el tiempo lo confirmará, la intención de estas medidas es mudarse a las peticiones electrónicas o digitales. Pudiera suceder, una acción como una  forma de presión del sistema para que se traslade en la mayor medida posible, los juicios y demás trámites ante las instancias jurisdiccionales vía digital, aunque se corren riesgos, se juega al error del justiciable, porque un teclazo mal dado es de todos sabido que las consecuencias son funestas.

Pareciera que, más que la intención de cobijar al propio personal de esos órganos jurisdiccionales de la ceniza del volcán, es mudarnos a la citada tecnología de la información.

El tiempo lo confirmará, en tanto, lo que corresponde, es la urgencia de comprender la importancia que tiene tener a tiempo un simple sello de recepción para el justiciable.