Alejandro León Flores transformó el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, del que fue titular durante nueve años, en una cadena de corrupción, tráfico de influencias y dilación u obstrucción de la justicia, en perjuicio de cientos de procesados a quienes deliberadamente mantuvo sin sentencia mientras él les pedía fuertes sumas de dinero con la falsa oferta de irlos “ayudando en sus asuntos”. Es decir, entorpeció sistemáticamente, y de mala fe, los juicios a su cargo para obtener un lucro personal directo.
Empleados de dicho Juzgado describen detalles y ofrecen a Crónica Puebla evidencias palpables de esta ilegal práctica de quien, además, ejerció 30 años como abogado sin serlo pues carecía de título y cédula profesional.
El mismo que, usando documentos falsificados, fungió como “juez de consigna” al dar trámite y resolver con obvia premura al menos 34 casos de supuestos perseguidos políticos del gobierno que encabezó el fallecido Rafael Moreno Valle.
Por sus manos, por ejemplo, pasaron los expedientes de activistas como Adán y Paul Xicale, de líderes de comerciantes ambulantes como Rubén Sarabia Sánchez alias “Simitrio” o de empresarias como Dulce Silva, la esposa del coordinador general de Política y Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez Centeno, todos ellos encarcelados y liberados en su momento tras fallos a favor de jueces federales.
OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA
Durante el tiempo que estuvo al frente del Juzgado de Cholula, Alejandro León Flores rompió un récord difícil de igualar: acumuló 900 procesos penales con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Y es que, intencionalmente, omitió girar los correspondientes oficios recordatorios al procurador General de Justicia –o al actual fiscal General– como lo mandata la ley, a fin de negociar económicamente con los presuntos culpables de un delito, a quienes así dio protección y –como se dice en el argot– “chicaneó”.
Esto, señalan las fuentes, ocasionó que, con el paso del tiempo, muchas de estas órdenes de aprehensión se consideraran prescritas, en detrimento de la procuración de justicia, lo que configura el delito de obstrucción de la misma y amerita cárcel. Hay al menos dos carpetas de investigación en la que agraviados lo deAl descubierto, corrupción de exjuez penal de Cholula anunciaron por este tipo de conducta: girar la instrucción de extender lo más que se pudiera los procedimientos, a fin de tener cautivos a los acusados.
Mientras fue juez, del 13 de diciembre de 2011 al 26 de febrero de 2020, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al demostrarse que no era abogado, más de 100 presos de los penales de Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán y Puebla, cuyos casos estaban o están radicados en Cholula, fueron víctimas del esquema corrupto de León Flores, pues con el fin de mantenerlos cautivos, extendió sus procesos y los acusados, por ignorancia, nunca se enteraron que debían renunciar al término constitucional de en año para ser juzgados.
Uno de los varios expedientes en poder de este periódico, el XXX/2013, es concluyente: por culpa del entonces juez de Cholula, Rafael N., acusado de fraude, acumula más de siete años en prisión sin que se le haya dictado sentencia. Lo mantuvo encarcelado y pidiéndole diversas cantidades de dinero, con la promesa de que pronto saldría de la cárcel. No sólo no le cumplió, sino que nunca le informó que había otras dos órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ejecutar, por el mismo delito, por lo que su permanencia en prisión se extendería por necesidad justo en el momento en el cual volviera a pisar la calle.
Otro caso es el de Fernando N., acusado de extorsión; él pasó más de tres años sin sentencia en primera instancia, pero como se negó a entregar al juez los 460 mil pesos que le pidió para dictar un fallo a su favor, en represalia fue trasladado del Cereso de Cholula al penal de Tepexi y de éste al Cefereso de Villa Aldama, Veracruz, donde se encuentran reos de alta peligrosidad.
EL CASO KARLA LÓPEZ ALBERT
En 2014, al escritorio de Alejandro Flores León llegó un expediente de alto perfil: el feminicidio de Karla López Albert, el primero de alto impacto social, político y mediático. Karla estaba embarazada y fue asesinada presuntamente por su pareja, Manuel Forcelledo Nader, quien pagó 7 mil pesos a cada uno de dos de sus guaruras para eliminarla con el fin de no hacerse cargo del hijo por nacer.
Desde aquel año, Forcelledo Nader se ha librado de ser sentenciado gracias a las maniobras que en su momento realizó el ahora ex juez, quien, sin ninguna revisión de los magistrados del Poder Judicial o sin ningún recurso federal de por medio, determinó la “reposición” del proceso y comenzó a juzgar de cero.
Como lo relató el pasado 11 de junio el periodista Edmundo Velázquez en Periódico Central, “así fue como extendió y ganó tiempo para Forcelledo y para que su defensa presentara amparo tras amparo y hasta la fecha no se tenga una sentencia contra él por el delito de feminicidio”.
“Si el juez Alejandro León Flores permitió que tanto Forcelledo como sus dos cómplices sigan presos sin sentencia, retorciendo la ley y los procedimientos penales a su antojo, ¿qué no habrá pasado con los cientos de casos que pasaron por su juzgado?”, se preguntó el autor de la columna “Cuenta hasta 10”.
MISTERIOSO ROBO EN LA BODEGA
En febrero de 2020, el Consejo de la Judicatura del TSJ lo separó del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula tras haberse comprobado plenamente que ejerció durante tres décadas sin título profesional y por haber falsificado su documentación para instalarse en el cargo; del caso se dio parte a la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos.
Según las fuentes, recientemente Alejandro León Flores habría promovido un amparo contra una posible orden de aprehensión. El “juez de consigna” del morenovallismo, además, es investigado por la desaparición de armas de fuego y artículos de valor bajo custodia del Juzgado de Cholula mientras fue titular del mismo, hecho del que no hay constancia de que se hubiera denunciado como robo ante las autoridades correspondientes.
