Diana López Silva
El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad los cambios constitucionales que dan lugar a la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, por lo que personas con sentencia de violencia política de género, violencia familiar o de deudor alimentario no podrán participar como candidatos en los próximos procesos electorales.
De esta manera la legislación local se homologa con la aprobada por el Senado el 24 de mayo, que tiene como fin impedir que violentadores ocupen cargos en el servicio público del Estado y que es conocida como la “Ley 3 de 3”.
En su exposición, la diputada Angélica Cervantes, de Morena, calificó esta reforma al artículo 22 de la Constitución de Puebla como histórica, porque contribuye a saldar una deuda con las mujeres.
Según el dictamen, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.
Tampoco si actuó en contra de la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual.
A eso se suma si incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Otros cambios
De igual manera, el Pleno aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Puebla, sobre la edad mínima para ocupar cargos públicos.
Las reformas a los artículos 36 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen que la edad mínima para ocupar un cargo público sea de 25 años cumplidos.
Asimismo, quedó establecida la edad de 18 años cumplidos el día de la elección, para ser diputado propietario o suplente.
Se prevé que las reformas ayer aprobadas por los diputados entren en vigor antes de agosto y apliquen para el proceso electoral del 2024.
Para ello, el proyecto deberá ser validado por al menos 110 de los 217 cabildos.
