Con la finalidad de apoyar al campo poblano, en sesión pública ordinaria del Congreso del Estado la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado a que, en coordinación con las autoridades federales competentes, implementen campañas o jornadas fitosanitarias en las zonas citrícolas de la entidad, contra la plaga del “Dragón Amarillo”.
La propuesta legislativa de la diputada también hace un llamado para que se realicen acciones de capacitación, prevención, control y erradicación de la plaga en mención, con el propósito de proteger los cultivos y su producción.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y resolución procedente.
Asimismo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó los acuerdos mediante los cuales se designaron a los siguientes titulares de los Órganos Internos de Control (OIC):
-María Luisa Conde Montaño, como titular del OIC de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
-Roberto Cesar Nepomuceno Dionisio, como titular del OIC de la Fiscalía General del Estado.
-María Fernanda Ríos Lorenzo, como titular del OIC del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, quienes durante la sesión ordinaria rindieron protesta como titulares de los órganos en mención.
Asimismo, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron la lista de las cinco personas que integrarán el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para el periodo comprendido del 13 de febrero de 2025 al 12 de febrero de 2027, la cual estará integrada por las siguientes personas:
-Brahim Zamora Salazar
-Diana Sarahy Guarneros Martínez
-Guedany Figueiras Ayala
-José Alberto Rosales Rojas
-Nohemi Guadalupe González López
Los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla también rindieron protestante ante el Pleno del Congreso del Estado.
Durante la discusión de este punto, el diputado Roberto Zataráin Leal consideró que con la integración del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se da un paso importante en la promoción, defensa, respeto y garantía de los derechos humanos en la entidad.
De igual manera, la LXII Legislatura aprobó el acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Bienestar y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla para que, en coordinación con los Ayuntamientos, promuevan e impulsen las condiciones para la suscripción de convenios con la iniciativa privada, que permitan la instalación y funcionamiento de Unidades Móviles Alimentarias en zonas de marginación y pobreza u otros programas afines.
Durante la discusión del acuerdo, la diputada Modesta Delgado Juárez externó su apoyo al punto de acuerdo al considerar que beneficia, principalmente, a las personas que más lo necesitan.
Por otra parte, durante la sesión pública ordinaria la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de que el Estado y los Municipios obliguen a quienes ofrecen el servicio de estacionamiento, a destinar espacios para la instalación de electrolineras.
La propuesta legislativa, que pretende adicionar una fracción al artículo 117 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y resolución procedente.
Por su parte, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Públicos del Estado, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, así como a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que promuevan entre las unidades económicas o empresas, establecer, por lo menos un día de la semana, la realización de actividades físicas y deportivas entre las personas trabajadoras.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su análisis procedente.
