Jesús Peña
Este día, el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún decidirá si acepta o no el amparo interpuesto por el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, contra la orden de aprehensión que lo mantiene en el penal del Altiplano, acusado por la escritora Lydia Cacho de tortura, aunque los abogados del expriísta niegan este cargo.
A través de su cuenta de Twitter, la autora del libro Los demonios del Edén –en el que revela una red de pederastas en México, protegidos por políticos–, señaló que ella ha “comprobado ante instancias internacionales” que fue torturada, tras ser detenida irregularmente en 2005 en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a la capital poblana.
Incluso, señaló que el gobierno de la cuarta transformación, a través de la Secretaría de Gobernación y, en específico, del subsecretario Alejandro Encinas, ha reconocido este hecho.
“(…) Yo, Lydia Cacho, fui torturada por agentes policiacos bajo las órdenes del gobernador de Puebla, Mario Marín, para silenciar las denuncias sobre redes trasnacionales de trata sexual de niñas en México. Este 18 de mayo intentará salir libre”, escribió.
Al final del primero de los dos mensajes, Cacho Ribeiro confió en que el amparo no será aceptado al señalar: “Esperamos que no gane la impunidad”.
El escándalo de Marín Torres, quien gobernó Puebla de 2005 a 2011, estalló a principios de 2006, pues se filtró una grabación en la que el empresario textil Kamel Nacif –actualmente prófugo de la justicia– festeja con el entonces gobernador la detención de la escritora, llamándolo “Mi góber precioso”.
Fue hasta terminar su mando que se le giró orden de aprehensión, la cual fue cumplida en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero. Inmediatamente fue trasladado a Cancún, donde fue recluido, hasta que el 27 de enero de este año se informó de su trasladado al penal de El Altiplano, en Estado de México.
ABOGADOS REACCIONAN
En tanto, María Eva Lozada Carmona y Eduardo Padilla, abogados de Mario Marín, acusaron a Lydia Cacho de querer hacer presión mediática y calificaron su versión como una mentira.
“Es falso lo dicho por la señora en el sentido de que el delito de tortura se comprobó ante organismos internacionales. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU dijo que se acreditó la violación de derechos humanos, por lo que se refiere a la libertad de expresión, al someterla a un proceso por difamación”, señala el escrito.
Los defensores del exmandatario señalan que “los actos de tortura , malos tratos, etcétera, tendrían que ser investigados por las hoy fiscalías, ser juzgados por tribunales de dichas entidades y, de probarse, pagar la reparación del daño en forma económica”, conforme sea estipulado por las autoridades.
