Diana López Silva ]
En Puebla no quedarán impunes los feminicidios, aseguró el fiscal Gilberto Higuera Bernal en su comparecencia ante el Congreso de Puebla, tras asegurar que hay 80% de eficiencia.
Ello, luego que la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia indicó que, conforme datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), ocho de cada 10 feminicidios en Puebla no han sido esclarecidos o sancionados, sobre 126 carpetas de investigación abiertas entre 2019 y 2021.
Al asistir al Poder Legislativo, como parte de la glosa del III Informe de Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, Higuera Bernal agregó que, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad ocurrieron 37 feminicidios en 2021, aunque organizaciones no gubernamentales documentaron 65, más ocho casos en lo que va de 2022.
La diputada también increpó sobre las 30 personas reportadas como no localizadas en enero de 2022.
Higuera Bernal informó sobre mil 318 carpetas de investigación en 2021, correspondientes a mil 461 personas presuntamente desaparecidas: mil 117 localizadas con vida, de ellas, 84.3% dijeron ausentarse de manera voluntaria.
No obstante, 125 fueron personas halladas sin vida, tras privación de su libertad, violencia familiar o feminicidios.
En lo que va 2022, informó de 119 carpetas de investigación con 130 personas desaparecidas, de las cuales 70 fueron ubicadas.
Respecto a la difusión de imágenes íntimas de mujeres poblanas en la plataforma Telegram, omitió dar detalles debido a que se trata de “información sensible” y cuya investigación está en curso.
En cuanto a la detención de “Leslie” y cinco personas dedicadas a las ventas a través de internet, conocidas como “Nenis”, admitió que fueron liberadas pues se trató de una “detención ilegal”. Más aún, en 2021 reportó 57 detenciones ilegales y 6 mil 750 legales.
Gilberto Higuera informó sobre los suicidios: de 2015 a 2021 se quitaron la vida 10 menores de 10 años, 279 tenían de 11 a 17 años, mil 573 en el rango de 18 a 59 años y 177 tenían más de 60 años.
De manera general, señaló que los delitos que representaron 66.21% de la incidencia en Puebla en 2021 son por robo, violencia familiar, lesiones y amenazas.
CASO DEL BEBÉ
El cadáver del bebé exhumado clandestinamente en Ciudad de México, que estuvo el penal de San Miguel en Puebla durante una noche y luego fue desechado, fue parte de una disputa de poder entre internos con la colusión de personal del sistema penitenciario, informó el fiscal Gilberto Higuera Bernal.
Aunque aclaró que la investigación aún continúa, el titular de la FGE señaló que el hecho está esclarecido en cuanto a la identificación de los implicados.
“Se hizo esa acción para desestabilizar el funcionamiento del centro penitenciario, puesto que esa persona que solicitó la introducción estaba disputando el liderazgo, con otros internos, de la actividad delictiva y vamos a seguir investigando, todavía no lo hemos terminado”, aseguró.
Para este caso fue clave un documento pegado al cuerpo del bebé, el cual indicaba que había sido atendido en un hospital; tras investigar en los nosocomios del estado no localizaron ninguno caso.
Afortunadamente –señaló– unas personas de Ciudad de México se comunicaron a la FGE de Puebla para saber si el cuerpo era el de su familiar.
“Personalmente entrevisté a las personas, les hicimos pruebas genéticas y resultó que tenía coincidencia, el cuerpo era del hijo de esta familia, que había sido inhumado en un panteón en Ciudad de México”, precisó Higuera Bernal.
De este modo, la investigación condujo hacia una exhumación ilegal en la capital del país, que derivó en una transportación ilegal de cadáver e introducido al reclusorio, a cargo de una mujer.
“Logramos establecer que esa persona logró introducir el cuerpo con complicidad de custodios y cómo fue que después de tenerlo allí un día, en la noche siguiente, lo depositaron en un contenedor (de basura). También identificamos a la persona que lo dejó”, puntualizó.
Higuera Bernal aseguró que “el hecho está esclarecido” y por eso ejercieron acción penal contra los responsables, incluyendo a personal del sistema penal.
“Si bien hubo participación de dos custodios de manera clara, concertada, también es cierto que los superiores y otras personas que tenían a su cargo la supervisión, la coordinación de ese personal, no lo hicieron, por eso judicializamos una importante cantidad de servidores públicos”, dijo.
Gilberto Higuera adelantó que el interno identificado como la persona que solicitó la introducción del cadáver es parte “de una investigación mucho más amplia, de las actividades delictivas que realizaba al exterior” del Cereso.
