Entre dos locales, hay una puerta metálica de un metro de ancho sin ventana ni chapa ni candado ni modo de abrirse desde afuera.Funciona como domicilio fiscal de la empresa que en Puebla concentró millonarias operaciones financieras por las que, desde el martes, se encuentra preso el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
Es la firma ATTAR2715 SC.
De 2016 a 2018, la empresa, en la 24 Norte 2004, ingresó mil 422 millones de pesos, indica una investigación periodística del portal de noticias neoleonés Código Magenta.
El nombre de la firma cita el año en que Rodríguez Calderón ganó la elección de gobernador y asumió el cargo: 2015. Ese mismo año, ATTAR2715 se registró como empresa, el 16 de abril.
Los socios son María Magdalena Sánchez Ramírez y Saúl el Ángel Pozos, de acuerdo con el expediente UT/SCG/Q/CG/164/2018 que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió para investigar el financiamiento de la recolección de firmas para que Rodríguez Calderón, El Bronco, se hiciera de la candidatura presidencial independiente en 2018.
A la empresa se le acusa de haber pagado por medio de depósitos a tarjetas bancarias y de Saldazo Oxxo los servicios de personas que recolectaron firmas de apoyo.
El expediente del INE asienta que la empresa negó los hechos, pero no ofreció pruebas.
Código Magenta exploró y halló que la empresa es centro de operaciones de triangulación a empresas “fachada” para “borrar el rastro original de mil 382 millones de pesos”.
ATTAR2715 hizo una transferencia de 36.6 millones de pesos a Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, compañía de la que dos personas intentaron llevar 20 millones de pesos en efectivo al edificio central del PRI en Ciudad de México, a 5 días de la elección presidencial de 2018, y fueron detenidas.
El rastro de unas 70 mil operaciones financieras con empresas fantasma conduce a Sergio Castro López, empresario oaxaqueño que operó en Puebla, ostentado como ofertador de outsourcing.
La empresa –frente a la Facultad de Lenguas de la BUAP– aparece en el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 5 de septiembre de 2019, como “factureras”.
Esto es, que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Esta actividad se persigue como delincuencia organizada desde 2020, cuando excede 7.8 millones de pesos.
Entre dos locales, hay una puerta metálica de un metro de ancho sin ventana ni chapa ni candado ni modo de abrirse desde afuera.Funciona como domicilio fiscal de la empresa que en Puebla concentró millonarias operaciones financieras por las que, desde el martes, se encuentra preso el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
Es la firma ATTAR2715 SC.
De 2016 a 2018, la empresa, en la 24 Norte 2004, ingresó mil 422 millones de pesos, indica una investigación periodística del portal de noticias neoleonés Código Magenta.
El nombre de la firma cita el año en que Rodríguez Calderón ganó la elección de gobernador y asumió el cargo: 2015. Ese mismo año, ATTAR2715 se registró como empresa, el 16 de abril.
Los socios son María Magdalena Sánchez Ramírez y Saúl el Ángel Pozos, de acuerdo con el expediente UT/SCG/Q/CG/164/2018 que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió para investigar el financiamiento de la recolección de firmas para que Rodríguez Calderón, El Bronco, se hiciera de la candidatura presidencial independiente en 2018.
A la empresa se le acusa de haber pagado por medio de depósitos a tarjetas bancarias y de Saldazo Oxxo los servicios de personas que recolectaron firmas de apoyo.
El expediente del INE asienta que la empresa negó los hechos, pero no ofreció pruebas.
Código Magenta exploró y halló que la empresa es centro de operaciones de triangulación a empresas “fachada” para “borrar el rastro original de mil 382 millones de pesos”.
ATTAR2715 hizo una transferencia de 36.6 millones de pesos a Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, compañía de la que dos personas intentaron llevar 20 millones de pesos en efectivo al edificio central del PRI en Ciudad de México, a 5 días de la elección presidencial de 2018, y fueron detenidas.
El rastro de unas 70 mil operaciones financieras con empresas fantasma conduce a Sergio Castro López, empresario oaxaqueño que operó en Puebla, ostentado como ofertador de outsourcing.
La empresa –frente a la Facultad de Lenguas de la BUAP– aparece en el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 5 de septiembre de 2019, como “factureras”.
Esto es, que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Esta actividad se persigue como delincuencia organizada desde 2020, cuando excede 7.8 millones de pesos.
¿EL DELITO?
En México, el financiamiento a candidatos por parte de personas morales está prohibido. El artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos lo afirma.
Las personas morales no pueden aportar o donar a partidos políticos ni aspirantes, precandidatos o candidatos. Está prohibido hacerlo en dinero o en especie, en forma directa o por medio de terceros.
