Diana López Silva
La reformas constitucionales presentan puntos plausibles y otros regresivos, de acuerdo con un estudio realizado por académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla, quienes entregarán este análisis al Congreso de la Unión, con un conjunto de recomendaciones.
El análisis fue realizado sobre cuatro de las 20 reformas presentadas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que resultan complejas en su propuesta y ejecución.
Son las referentes a la desaparición de organismos autónomos; la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas; Poder Judicial, y prisión preventiva.
Acompañados por el rector de la universidad, Mario Patrón Sánchez, los académicos coincidieron en calificar estas cuatro propuestas de reforma constitucional como “un retroceso” en la vida pública de México.
Rafael Rodríguez Moreno, académico del Departamento de Ciencias Sociales, dijo que, si bien la propuesta de elección de juzgadores mediante el voto popular es la que ha causado más controversia, principalmente entre la burocracia judicial, hay otros rubros que requieren de atención.
Alertó que entre las propuestas que pueden resultar un retroceso están las facultades de investigación de delitos, ya que no pueden ser sólo responsabilidad del Tribunal de Disciplina Judicial, porque se corre el riesgo de desarrollar un modelo judicial inquisitivo.
“Debe preverse un recurso de defensa que se ajuste a los parámetros consensuados en el marco del Derecho Internacional”, recomendó.
Como segundo punto, Rosario Arrambide Gonzáles, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (ID- HIE), se refirió a la reforma referente a la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.
“Es regresiva y también incumple con las determinaciones a derechos humanos en México”, al otorgar facultades a las Fuerzas Armadas permanentes para realizar tareas propias de autoridades civiles, “con lo que la Guardia Nacional tendrá el permiso de investigar delitos”.
Detalló que, de 2020 a octubre de 2023, la Guardia Nacional ha presentado un mayor número de quejas que la Sedena, que han llegado a más de 500.
Por ello, hizo un llamado a no ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
En cuanto a la propuesta de modificar el artículo 19, para ampliar los delitos sancionables con prisión preventiva, destacaron que sería regresiva, ya que México fue apercibido por organismos internacionales sobre la no presunción de inocencia.
Al respecto, Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho, calificó la iniciativa de “innecesaria, regresiva e inconstitucional” por mantener el encarcelamiento de personas sin una sentencia.
“El 44% de las personas en prisión no tiene una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a eliminar la prisión preventiva. Se estaría incurriendo en desacato”, advirtió el investigador.
Shanik David George, académica y responsable de Observatorio “Con los ojos abiertos: Por el derecho a la verdad” del IDHIE, abordó la eliminación de organismos autónomos, que fue aprobada para enviarse al pleno el pasado viernes.
Reconoció que estos organismos son “perfectibles”, pero no por ello deben ser eliminados en su totalidad.
En conclusión, el rector Mario Patrón Sánchez manifestó la preocupación ante estas iniciativas que han abierto una amplia discusión acerca de su pertinencia y posibles fallos.
Anunció que llevarán estas observaciones ante los diputados federales electos “para nutrir la deliberación en un entorno de democracia participativa”.
Los académicos recomendaron regresar el dictamen a comisiones, para una discusión más profunda.
