Por: Diana López Silva
El Frente Nacional por la Familia (FNF) responsabilizó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el aumento de embarazos no deseados en América Latina, debido a los intereses económicos que tiene con la industria farmacéutica.
Ello en el segundo día del Parlamento Abierto con el tema Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal: su importancia como derechos humanos, organizado por el Congreso de Puebla para escuchar propuestas a favor y en contra de la despenalización del aborto.
Amparo Medina, representante del FNF en Puebla, señaló –desde su experiencia como consultora de Naciones Unidas en la década de los 90– que desde esa época los programas de “sexualidad responsable” y “prevención del embarazo” sólo han contribuido a la quintuplicación del número de embarazos adolescentes en América Latina, además que el rango de edad para iniciar la actividad sexual bajó de 16 a los 13-14 años.
Por ello, señaló que estos programas impulsados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sólo han sido un negocio con las farmacéuticas, quienes venden desde preservativos hasta métodos abortivos. Aprovechó para arremeter también en contra de los representantes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, a quienes señaló como otra de las organizaciones que se benefician con recursos para la promoción de la interrupción del embarazo.
“Católicas por el Derecho a Decidir recibe anualmente, de acuerdo al informe del Servicio de Impuestos de Estados Unidos en México, 3 millones de dólares para la promoción del aborto en el Estado Mexicano”, dijo.
En réplica, Adán Cuamatzi Cuamatzi, de la Organización No Dejarse es Incluirse, señaló que también los grupos Pro Vida a los que pertenece el Frente Nacional por la Familia han recibido altos financiamientos y, además, han incurrido en escándalos por desvío de recursos; incluso retó al FNF y a la Iglesia Católica a transparentar sus fuentes de financiamiento.
“Habría que revisar también los financiamientos que tienen estos grupos conservadores, también podemos hablar de los recursos que, por ejemplo, durante años desvió Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida y quien terminó con una orden de aprehensión por el delito de peculado; acceder a recursos de la cooperativa internacional no es delito, pero desviar recursos sí lo es”, señaló.
Esta segunda sesión pública del Parlamento Abierto también contó con la participación de las activistas Evelia Mani Rodríguez, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, Igualdad de Género y Personas con Discapacidad del ayuntamiento de Atlixco; Cinthya Ramírez Rodríguez, de la organización de mujeres REDefine Puebla; y Mely Arellano Ayala, periodista, quienes defendieron la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres.
Evelia Mani señaló que el derecho a la sexualidad, conforme a la ONU, implica protección a las mujeres en diferentes aspectos, pero lamentó que los representantes de grupos conservadores en la mesa de análisis se limiten a un discurso de apropiación del cuerpo de la mujer y que se siga obligando a la mujer a cumplir con un rol de género, lo cual limita sus derechos.
Por segundo día consecutivo, el Parlamento Abierto se llevó a cabo en la modalidad de videoconferencia.
A pesar de prohibirse las descalificaciones entre los participantes y la exhibición de mensajes escritos o visuales, los representantes del Frente Nacional por la Familia y Nacer es mi Derecho hicieron constantes señalamientos verbales y visuales directos en contra de quienes pugnan por la despenalización del aborto en Puebla.
