La detención arbitraria que sufrió el ciudadano alemán Mirko Kosic el viernes en la zona Angelópolis, de la ciudad de Puebla, retrata lo que los expertos explicaron como atropello al derecho a la seguridad jurídica, que es la
más frecuente de las quejas que la Comisión de Derechos Humanos registra en Puebla en 2019.
Indica Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), que la falta de preparación del personal de las fiscalías fomenta conductas abusivas que dejan en indefensión a los ciudadanos frente a las acciones de los agentes ministeriales.
Y esa indefensión, a la vez, equivale a la transgresión al derecho a la seguridad jurídica, explican los documentos básicos que investigadores y especialistas han integrado para el Insyde.
El hecho de que los agentes ministeriales porten armas y puedan usarlas es uno de los factores que inclinan
la balanza de su lado frente a los ciudadanos, explica López Portillo. Eso le ocurrió a Kosic, quien fue golpeado por agentes ministeriales en una detención “por error” y amedrentado con armas para que no los denunciara.
