Cuando salía de su domicilio, el pasado miércoles, fue asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el periodista Antonio de la Cruz. Su hija de 22 años, que le acompañaba, recibió un disparo en la cabeza y murió dos días después.
Apenas la tarde de este viernes, la periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, fue arteramente apuñalada; logró sobrevivir, pero su estado se reporta delicado.
Ambos atentados son reflejo del clima de inseguridad que se vive en el país, pero también de la permanente amenaza hacia el ejercicio periodístico, generada muchas veces desde las esferas de gobierno y otras más por la delincuencia organizada.
Este año ha sido letal para los periodistas. En los seis meses transcurridos han muerto 12 comunicadores, la cifra más alta jamás registrada en periodo similar.
Dos periodistas al mes pierden la vida y, pese a la incidencia, poco es lo que se hace desde las instancias del gobierno federal.
México ya es considerado es el país más mortífero del mundo, para ejercer el oficio. Impera la impunidad, como todos los casos.
Apenas el jefe de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, había expresado en redes sociales su aparente preocupación por el incidente de Tamaulipas.
“No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no quedarán impunes”.
No obstante, desde la tribuna de las conferencias mañaneras mantiene el discurso de confrontación hacia los medios, agudizado aún más desde la incorporación de la sección “Quién es quién en las mentiras”, donde se ridiculizan a periodistas que publican contenidos contrarios a la 4T.
Tal acción ya había sido reprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso pidió fuera suspendida, “porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”.
También el Parlamento Europeo llegó a condenar los sucesos criminales contra periodistas, y en respuesta, el presidente López Obrador acusó a sus adversarios políticos de estar aliados con los conservadores europeos para dañar su imagen.
De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Gobernación federal, de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2022, se tienen contabilizados 55 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos.
El Mecanismo de Protección a Periodistas a su cargo considera que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz.
Dicho organismo es una simulación. Incumple a todas luces su función primordial, que no es otra que fungir como un “mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”.
Afortunadamente esa esa ola de violencia contra periodistas está muy lejos de llegar a Puebla, aunque la entidad figura entre las que tiene más inscritos en dicho mecanismo de protección, cuya cifra global en el país es de poco más de 495 acreditados en Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz
Hay en Puebla, no obstante, otras amenazas.
Una es la persistencia de modificar el marco legal, en claro perjuicio de la actividad periodística.
Prueba de ello es la iniciativa de ley promovida por el diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, a efecto se sancionar la comisión del delito de difamación y calumnias.
El proyecto que llevó esta semana el legislador al Congreso del Estado, además de inoportuno en un ambiente de agresión ante los medios, es una aberración.
Así lo determinó en su momento la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir sentencias en las que se impide denunciar por esos conceptos, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, que sólo, en su caso, lo califica como delito de daño moral.
Organizaciones de periodistas han expresado su inconformidad contra la iniciativa de Micalco y lo hicieron formalmente a través de un comunicado la Red de Periodistas de Puebla, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y ARTICLE 19.
A su juicio, de aprobarse esta reforma, se podría sancionar penalmente a periodistas por la difusión de información y opiniones de terceros, que supongan daños por referir “hechos falsos”, sin que se precise de manera suficiente el alcance de este término.
“Es decir, el tipo penal vulnera el principio de taxatividad en materia penal, al sancionar conductas amplias que abarcan el ejercicio de libertades constitucionales, particularmente en el ejercicio de la libertad de prensa”.
Las organizaciones también subrayaron que la libertad de prensa se vería limitada, al no respetarse los lineamientos del Sistema Interamericano, que reiteran que aquellos conflictos entre la libertad de expresión y la protección a la honra deben ser atendidos como querellas de materia civil.
En suma, se advierte que los delitos de difamación y calumnia son contrarios a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de controversias entre la libertad de expresión y la honra y dignidad. Ambos delitos podrían inhibir libertades y derechos básicos en una sociedad democrática, como la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a la justicia en materia penal.
¿Por qué entonces buscarle tres pies al gato y no mejor proponer alternativas para impedir que nos salpique en Puebla la mancha de criminalidad contra periodistas?
