Durante la semana que concluye trascendió un lamentable caso de bullying, entre estudiantes preparatorianos del Instituto Oriente de la capital poblana. No es el primero, ni será el último, que desafortunadamente ocurra en un centro educativo.
Este incidente, por demás reprobable, ha propiciado un sinnúmero de reacciones dignas de ponderarse, porque reflejan en buena medida las dimensiones del comportamiento colectivo, afectado notablemente en los días postpandémicos que se viven en la actualidad.
De estos hechos hay muchas lecciones por aprender.
¿Qué fue lo que aconteció en el colegio jesuita, cuyo prestigio académico está fuera de duda tras una notable y acreditada trayectoria por más de 150 años en Puebla?
De primera mano se sabe que el pasado 6 de abril, tres adolescentes acordaron enfrentar a un compañero que desde hace tiempo acosaba y violentaba a sus demás colegiales –hombres y mujeres– y que, en efecto, lo agredieron de manera por demás alevosa. Algunos golpes y rasguños, no pasó de ahí. Del incidente hubo varios testigos.
A más de 50 días de esos hechos, presuntamente la madre del agredido subió un mensaje a redes sociales distorsionando totalmente lo ocurrido, al sostener que entre 10 y 15 alumnos habían golpeado a su hijo, al que exigieron pedir perdón de rodillas; que después a ella le fue impedido el acceso a la escuela y que los agresores permanecían en el colegio con el aval de los directivos.
Como se esperaba, esta falsa versión tuvo efectos inmediatos. El tema se propaló a gran velocidad y se viralizó en las redes, situación que provocó duros cuestionamientos al colegio. Se habló de un trato “de segunda” y hasta de compadrazgos. Los medios informativos dieron puntual y amplia cuenta de ello.
Frente a este escenario, directivos del Instituto Oriente hicieron las aclaraciones pertinentes. Este mismo fin de semana destacaron la falsedad de la versión propalada y aseguraron que los jóvenes agresores ya fueron sancionados, de acuerdo a los protocolos y la normatividad interna.
En un comunicado, refirieron haberse entrevistado cuatro veces con los padres del joven agredido y dijeron tener conocimiento que ellos, como es su derecho, presentaron una queja ante la Secretaría de Educación e incluso levantaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado.
“Lo hicieron y por eso es un asunto que no se litigará en el tribunal de las redes sociales, sino ante las autoridades que los papás del alumno agredido eligieron. Serán estas autoridades las que determinen qué es cierto y qué es falso. Por su parte, el Instituto Oriente está aportando a dichas autoridades toda la información que le ha sido requerida”, suscribió el rector de la institución, Enrique Flota Ocampo.
En su mensaje a la comunidad estudiantil, el rector dejó claro que “nuestras alumnas y alumnos son menores de edad en proceso de formación, no criminales. Cualquiera de ellos, incluidos los hijos de cada uno de nosotros, pueden cometer errores o conductas sancionables”.
“Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos, los corrijan y eviten en el futuro, se les aplican las sanciones contempladas en el Manual de Convivencia. Pero, salvo los casos expresamente contemplados en la ley, eso no implica meterlos a la cárcel o acabar con sus vidas. Las sanciones se rigen por el propósito de ayudar a todos a crecer y a ser mejores personas, no por el ánimo de venganza”, asentó.
¿Qué se puede concluir?
Primero, que el asunto ha sido notablemente magnificado por los familiares del joven agredio, pero aun así resulta sano y para bien de todos que haya llegado a instancias competentes –la SEP y la FGE– para que esas autoridades establezcan las medidas y sanciones pertinentes, si fuera el caso, a quienes pudieran tener alguna responsabilidad.
Segundo, una vez más queda clara la influencia y poderío de las redes sociales, como también la vulnerabilidad de sus usuarios. Reproducir y hasta comentar sucesos sin tener la certeza de su veracidad es una peligrosa costumbre. Ojalá aprendamos algún a día a verificar y acreditar todos los hechos –tarea obligada para los medios– antes de ser partícipes. Esta es una exigencia incontrovertible en el ámbito de la responsabilidad social.
Es tan grave la frecuente exposición mal intencionada de algunos, que justo esta semana, en la coyuntura de lo acontecido en el Instituto Oriente, circuló también en redes sociales otro video en que se aprecia a un joven estudiante que golpea a otro de mejor edad en el patio de Colegio Benavente, lo cual ocurrió hace más de cinco meses. Morbosa coincidencia.
Tercero, más allá de lo ocurrido y de su eventual y deseable resolución, así como de la necesidad de un manejo responsable en redes sociales, la ocasión permite también emitir alertas sobre los niveles de estridencia social que persisten en la actualidad, lo que está impidiendo una sana convivencia.
Los altos decibeles de esa irritabilidad social se están reflejando también, de modo inevitable, entre nuestros niños y jóvenes, pero más aún a partir de la pandemia de la COVID-19.
Ni duda cabe: la letal pandemia y el largo proceso de obligado confinamiento provocó severas repercusiones en todos los ámbitos, muy especialmente en las relaciones sociales.
La proximidad de esta circunstancia no ha permitido todavía calcular los daños causados en la salud mental de amplios segmentos y de grupos etarios en particular, como es el caso, reitero, de los menores estudiantes.
¿Qué estamos haciendo para afrontar este problema: gobiernos, directivos escolares, docentes, padres de familia?
El tema es amplio y complejo, exige acciones inmediatas y políticas públicas acordes. A eso nos referiremos en nuestra entrega del próximo jueves.
