Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Más allá de que pudieran ser justos sus reclamos, el intempestivo cierre en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl por más de 11 horas del pasado martes fue un acto a todas luces reprobable e ilegal por parte de activistas defensores de animales.
No se puede exigir legalidad y al mismo tiempo violar la ley. El cierre de vías de comunicación está penalizado por el simple hecho de que afecta a terceras personas. Los derechos individuales y colectivos terminan justo donde empiezan los derechos de los demás.
Es cierto que en Puebla han acontecido recientemente diversos eventos de crueldad en contra de animales. Los muy lamentables casos perpetrados en Cuautlancingo, Atlixco y Huejotzingo así lo acreditan.
Cierto también que esos irracionales actos de brutalidad humana deben sancionarse con mayor severidad. Igualmente es válida la exigencia de un marco normativo más estricto y de medidas para contener esas acciones.
En ese contexto, no se puede hablar de inacción por parte de las autoridades responsables, y eso hace suponer que podría haber otros intereses atrás de la irracional y prolongada manifestación.
Como ejemplo, este mismo miércoles se anunció de la captura de José Javier N., por delitos en agravio de una perrita de nombre “Enedina”, el caso ya citado ocurrido en Huejotzingo, en el que el inculpado atropelló intencionalmente a varios canes que dormían en la vía pública.
Cierto que las denuncias por maltrato animal o delitos contra los animales han aumentado desde 2018, pero también es verdad que la Fiscalía General en Puebla ha resuelto a la fecha el 70 por ciento de los casos, algunos por la vía del ejercicio incluso por la vía penal.
Para destacarse incluso, que la primera sentencia por delitos contra animales fue lograda en la entidad poblana.
En el ámbito normativo también hay respuestas. En su edición de este mismo martes, en este diario se documentó que el mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes enviará al Poder Legislativo una iniciativa de ley para obligar que los municipios dispongan de centros de bienestar animal.
A las reformas en la materia aplicadas en 2020, además de otras adecuaciones, el Congreso modificará el Código Penal para endurecer las penas de cárcel, de 8 a 12 años, a quienes victimicen a animales.
Además, el gobierno estatal celebró ayer una reunión ya agendada con miembros del colectivo de Abogados Animalistas, a efecto de “abonar con diferentes políticas públicas que cuiden y protejan a la comunidad animal”, así como para revisar las tareas y alcances del Instituto Estatal de Bienestar Animal.
¿De qué estamos hablando entonces con motivo del plantón en la Vía Atlixcáyotl? ¿Qué tipo de “justicia” reclaman?
El influencer y activista Arturo Islas Allende, uno de los principales promotores del malicioso bloqueo vial, al igual que muchos otros manifestantes, dieron como argumento principal que su marcha fue para “defender los derechos de los animales”. Exhiben así su total ignorancia. Deben saber que en términos jurídicos, los animales no tienen “derechos”.
Para mejor comprensión, reproduzco parte del artículo del jurista Eduardo Andrade, publicado precisamente este miércoles en el diario El Universal, quien al reconocer que los animales son seres sintientes y muchas especies poseen una capacidad elemental de raciocinio que las hace merecedoras de protección, advierte que eso no convierte a sus ejemplares en personas capaces de actuar en el ámbito de la juridicidad.
“Admito –asienta– que los animales tienen cualidades y actitudes que deben ser reconocidas y protegidas. Empero, el Derecho necesariamente tiene que entenderse como un conjunto de normas relativas a la conducta de los seres humanos, porque si los animales se convierten en titulares de derechos, tendrían también que cumplir determinadas obligaciones, surgidas de esas capacidades que permitirían catalogarlos como personas jurídicas en igualdad con los seres humanos; de modo que si estamos obligados a respetar la vida y la conducta de los animales, también tendría que esperarse de estos el cumplimiento de determinadas obligaciones que, sin embargo, no les pueden ser jurídicamente exigidas…”
Y agrega: “En la óptica jusnaturalista, además de que los derechos subjetivos se vinculan a la dignidad estrictamente humana, una consecuencia indefectible de tal doctrina sería reconocer que la ley natural dicta la imposición del fuerte sobre el débil. El Derecho, como producto cultural humano se propone que esa ley no impere entre nosotros, consagrando la igualdad de las personas y dotándonos de instrumentos para impedir el abuso del poderoso sobre el endeble; pero no veo al ratón acudiendo a un tribunal para hacer valer sus derechos frente al gato o a la gacela obteniendo un amparo que detenga los ímpetus del león. Por eso me parece inviable la idea de un “constitucionalismo del reino animal”; no es fácil imaginar qué animales redactarían tal Constitución.
Para concluir, el doctor en derecho sostiene que “del lado del positivismo podría decirse que el orden jurídico puede asignar la personalidad basándose en la necesidad que el Derecho debe resolver, pero ese sería un ejercicio de especismo rechazado por los animalistas, ya que serán los seres humanos quienes decidan cuáles animales tienen derechos y cuáles no, pues evidentemente no podría darse igual trato a los perros que a las ratas o las chinches, anulando así la idea de que el animal dispone intrínsecamente de derechos.”
Seamos claros: el consenso social es a favor de la protección y cuidado de todas las especies animales. Esa es una responsabilidad que debemos compartir todos desde el hogar, la familia, la escuela. Lo idóneo es que cada quien haga su parte para construir una mejor comunidad.
Lo que resulta inadmisible es asumir decisiones grupales y plantear exigencias fuera de proporción.
Nada al margen de la legalidad, ni generando afectaciones a terceros. Y mucho menos cuando una movilización pudiera estar inspirada en intereses oscuros que hasta pudieran lindar en el ámbito político- electoral.
Por ello no parece suficiente hacer una invitación a la población en general “a la solidaridad y al respeto por la propiedad pública”.
El cierre de la Vía Atlixcáyotl fue un acto temerario, irresponsable, ilegal. Además que no debería repetirse, algunos deberían responder por ello.
Ya el gobernador habló ayer de algunos “burdos y malagradecidos”; de exfuncionarios que pudieron haber utilizado a parte de la gente. Y hasta advirtió que si bien ha sido prudente, “a veces el agua se derrama”. “Todo cae por su propio peso”, remató. Ya veremos.
