Superada la parte sustancial de los comicios, que con sus altas y bajas concentraron toda la atención nacional, la mira está enfocada ahora en el 2024.
Mucha agua pasará entonces bajo el puente, pero el gobierno de la 4T sabe que desde ahora tendrá que construir los cimientos necesarios para mantenerse vigente y darle continuidad a su proyecto transformador de la Nación, que hasta ahora no pasa de meros enunciados teóricos.
Ese propósito, que de modo medular transita necesariamente por el Congreso, ya comenzó a esbozarse con el anuncio de una agenda legislativa que de arranque pretende cambios sustanciales en tres temas que son torales.
Y lo hace con premura porque el horno no está para bollos, pero también porque desde ahora su carrera va contrarreloj. Cada día cuenta en los años sucesivos y no hay que perder el tiempo, aunque sabe que en su ruta hay varios diques por vencer, así sea minimizándolos o generando distractores.
Y es que el imaginario colectivo percibe hoy momentos de debilidad para la 4T en diversas vertientes, una de ellas, los recientes resultados electorales que no le fueron del todo favorables, aun con los inobjetables logros que alcanzó. El mensaje emitido a través del voto le ha causado preocupación.
La primera versión del dictamen del accidente en la Línea 12 del Metro, que corrobora fallas en la construcción y posibles actos de corrupción de los gobiernos de izquierda, es otro factor adverso que pretende ser disipado.
A ello habría que sumarle los infortunios de la pandemia, que se magnifican por una vacunación pausada en extremo mientras en bodegas se resguardan inexplicablemente millones de dosis, y el amago de una tercera ola de contagios que se insinúa en algunos casos con el retorno al semáforo amarillo y el recule en la vuelta a clases presenciales.
Otro malestar social que no ha podido ser amortiguado obedece a la falta de medicamentos oncológicos, tema que socialmente sensibiliza de manera creciente y que se recrudece aun más por la promesa reiteradamente incumplida de que pronto el abasto se resolverá.
En este asunto, aunque afecta a distintos sectores como al de mujeres con cáncer de mama, el caso de los niños con cáncer es patético.
Persiste además una crisis económica que aunque respira sigue en agonía y que dificulta la muy importante recuperación de empleos, lo que genera una inevitable inconformidad, mientras que los índices de la inflación ahogan a la economía familiar y sigue aumentando la cifra de mexicanos en pobreza para llegar a casi el 54% de la población.
La inseguridad no es un tema menor. Además de los delitos del orden común que son cada vez más frecuentes, la violencia cada vez más brutal en el norte del país revela una complacencia inusitada contra las grandes organizaciones delictivas. Cada vez está más vigente el axioma presidencial de “abrazos, no balazos” que no a todos complace.
Ante tantos frentes, la estrategia es exponer otros temas que atraigan la atención, cortinas de humo que sean capaces de nublar la realidad.
Uno de ellos lo será, sin duda, la Consulta Popular convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a celebrarse el próximo 1 de agosto y que organizará el INE pese a que le fue negada la posibilidad de una ampliación presupuestal.
¿Qué sentido tiene la consulta pública? Ninguno, que no sea agitar las aguas y volver a confrontar a la sociedad.
Se trata de facto de un intento de enjuiciar a los expresidentes, léase Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La consulta se centra en una sola pregunta, cuyo texto fue matizado por la Suprema Corte de la Nación, que habría que contestarse con un lacónico “si” o “no”.
Se cuestionará a los ciudadanos si están de acuerdo en que “se lleven a cabo acciones con apego legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas”.
La propuesta original cuestionaba directamente si se quería que el gobierno persiguiera judicialmente a los presidentes de gobiernos pasados.
Este mismo martes López Obrador pidió a los ciudadanos votar en lo que dijo, es la primera consulta en la historia del país para juzgar a los expresidentes del ‘periodo neoliberal’.
Advirtió que no participará ni votará por que se enjuicie a los presidentes, “pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete; ahí está que todos den a conocer su punto de vista, libremente”, señaló.
En su argumentación para aprobar la consulta a finales del año pasado, la legisladora de Morena Rocío Barrera había sostenido que servirá “para que el gobierno reciba de manera directa la voluntad popular, además que con ello se le dará voz y capacidad de decisión al pueblo como máxima autoridad”.
¿Hace falta una consulta popular para someter a juicio a un expresidente?
¿No basta con aplicar la ley, esto es, denunciar y presentar las pruebas, si las hay?
¿Es necesario someter a consulta una obligación de investigar por parte de las autoridades competentes?
Con la sola insinuación de que es necesario “esclarecer decisiones políticas tomadas en el pasado” y de la posibilidad de que existan “posibles víctimas”, ¿por qué no activar sin demora todo el aparato de procuración y administración de justicia?
¿No se estarían violentando las garantías individuales y los derechos humanos de los presuntos inculpados?
¿Sirve de algo asirse del pasado cuando el difícil presente nos exige soluciones prontas?
Nada de eso importa, lo relevante es invocar al show, ocupar los espacios para provocar estridencias y de ese malabar obtener ventajas.
Es evidente que nadie desea que se cometan actos de corrupción y que todos estamos a favor de combatir la impunidad, pero qué pasará en caso de que más del 40 por ciento acuda a votar y una mayoría se manifieste a favor, ¿se abrirán juicios penales contra los expresidentes; hay suficientes elementos para llevarlos a prisión?
¿Se justifica el costo para la organización de la consulta, que será de casi 900 millones de pesos?
¿Soportaremos los 337 mil 606 impactos de promocionales que se difundirán de manera incesante durante dos semanas en todas las estaciones de radio y televisión del país?
En suma, si la intención es enjuiciar a los expresidentes que abusaron del poder, ¿por qué no ir contra ellos legalmente sin tanto ruido?
En esa marabunta de inquietudes y de dudas emanan ahora otras acciones de artificio, en las que sobresalen las propuestas para modificar la Constitución apenas incursione la próxima legislatura federal en tres ámbitos: el energético, el de seguridad y el electoral, aun sabiendo que el partido en el poder no dispone de la mayoría calificada para concretarlo.
Aun así, la 4T adelanta que podría concertar los acuerdos legislativos necesarios con el PRI para alcanzar los dos tercios de votos que necesita, presunción que habría que poner en duda.
Ante ese temor, AMLO asume que no habría ningún problema si los legisladores del PRI se aponen a brindar su apoyo, e incluso calificó de hipócritas a sus adversarios que conformaron la alianza partidista opositora en la pasada elección, porque se unieron por encima de sus profundas diferencias ideológicas.
El caso es que hay tres propuestas legislativas en la mesa y cada una, a la par del escándalo, persigue objetivos concretos.
Bombas de alto calibre, suficientes para entretener a las audiencias y abrir debates estériles; carroña en abundancia para los depredadores en redes sociales.
De ello hablaremos en la entrega próxima.
