Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Como en muchos otros casos, en el tema de la desaparición de personas el gobierno federal parece tener “otros datos” que no son coincidentes con los que pudiera indicar la realidad.
Eso al menos se advierte tras el informe presentado esta semana como resultado de la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que comandó la secretaria de Gobernación.
Dicha acción fue emprendida ante la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por los reportes de su propio gobierno y de varios organismos, en el sentido de que durante su administración ya se habían registrado más casos en comparación con todo el sexenio de su antecesor Felipe Calderón.
Se ha dicho que en los últimos cinco años la cifra superó los 47 mil, por los 17 mil que hubo en el sexenio pasado.
Tal aseveración había sido confirmada por Karla Quintana, quien fuera nada menos durante el actual gobierno la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien reveló que, con cifras acumuladas, en el país se desconocía el paradero de al menos 126 mil personas.
La funcionaria fue cesada y como respuesta AMLO dispuso toda una estrategia para corroborar las cifras, cuyos resultados se dieron a conocer esta semana, al concluir que existen sólo 12 mil 337 desapariciones confirmadas, aunque en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas prevalecerá todavía un total de 113 mil 317 personas.
La secretaria de gobernación federal Luisa María Alcalde informó en la conferencia presidencial que en la exhaustiva búsqueda que se hizo, 17 mil 843 personas fueron ubicadas (con datos de que están a salvo, pero sin confirmación presencial); existen 26 mil 90 registros sin datos suficientes para corroborar identidad; 36 mil 22 sin los nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda y mil 951 duplicados. Entre los localizados, 197 estaban en algún penal.
Tales cifras significan una reducción sustancial a los casos originalmente expuestos, ante la cual, Karla Quintana no tuvo empacho en declarar que, en realidad, la pretensión del gobierno con su nuevo censo era eso precisamente, disminuir los casos para evitar más cuestionamientos.
Para su nuevo censo, el gobierno federal tuvo que ejecutar un gran despliegue operativo con el apoyo de los gobiernos estatales emanados especialmente de Morena –el gobernador poblano Sergio Salomón fue citado a Palacio Nacional hace un par de semanas expresamente para este asunto– y de algunos organismos de derechos humanos.
En la estrategia se desplegaron incluso centenas de brigadas en el país de los Servidores de la Nación, quienes de manera personal verificaron información a nivel domiciliario casa por casa, tomando como referencia el cruce de diversas bases de datos para detectar si las personas reportadas como desaparecidos habían realizado algún trámite.
Con los datos recabados, se confrontó la base de datos de programas sociales del Bienestar, del IMSS, del ISSSTE y hasta de los registros de vacunación COVID-19, con los cual se dio seguimiento a los casos en los que se tenía información de que habían realizado algún movimiento administrativo posterior a la fecha del reporte de desaparición de las personas, para confirmar si las personas registradas seguían con vida.
Con todo este rastreo, para el gobierno federal es falso que en el país existan 126 mil desaparecidos, como dio a conocer la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, y el saldo es de 110 mil 964 registros, de los cuales 16 mil 681 personas ya fueron localizadas.
Todo un enredo, del que ya se han expresado inconformidades, en especial de muchos colectivos de madres cuyos hijos están ausentes por haber sido excluidos de la estrategia.
Familiares de desaparecidos consideraron que las nuevas cifras del gobierno federal son muy cuestionables y además se les ha revictimizado al reducir las cifras de manera drástica. Se quejaron además porque se cometieron muchas arbitrariedades durante las visitas a sus casas del personal de Bienestar, pues los hide Búsqueda. cieron sentir literalmente que estaban escondiendo a sus familiares.
Criticaron que en sólo dos meses el gobierno federal haya fragmentado las cifras; acusaron que no fueron consultados y que no existe transparencia sobre la metodología utilizada, tema del cual por cierto ya hubo un pronunciamiento del INAI.
También aseguraron que las cifras del registro no cuadran, pues tan sólo en Jalisco existen datos de 14 mil 919 personas desaparecidas; Tamaulipas, 12 mil 930, y el Estado de México, poco más de 12 mil.
Aseguran que la sumatoria de personas desaparecidas de todos los colectivos es 113 mil, de modo que es absurdo que ahora se diga que en el país son simplemente 12 mil.
En Puebla, recientemente académicos de la Universidad Iberoamericana declararon que las cifras de desaparición forzada “son alarmantes” y señalaron que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en 2022 hubo mil 713 denuncias, si bien este año los casos se han reducido.
“La impunidad estructural que propicia y perpetúa este delito ha provocado que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU lo califique como el paradigma del crimen perfecto, por lo que sigue vigente en Puebla su llamado a erradicar todas las causas estructurales de impunidad”, opinaron.
En tal virtud, exhortaron al Congreso del Estado para que sea aprobada la Ley de Declaración Especial de Ausencia, a fin de garantizar la protección de las víctimas de desaparición y sus familias, así como a la FGE a crear un Banco Estatal de Datos Forenses, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Programa Estatal
También en Puebla, la Fiscalía General reportó que, de enero a septiembre del 2023, mil 495 personas fueron denunciadas como desaparecidas en territorio poblano, de las cuales esa dependencia pudo localizar a mil 290, es decir al 85%; de ese total, 93 víctimas fueron halladas sin vida.
Es muy significativo que de las personas localizadas por la FGE, mil 105 manifestaron haberse ausentado voluntariamente, lo que representa el 85.66%.
Más allá de la danza de cifras, lo cierto es que la percepción generalizada es que la cifra de personas desaparecidas en el país ha ido en aumento durante los años recientes en el país, en buena medida por asuntos relacionados con la delincuencia organizada, ámbito en el que los homicidios dolosos en este sexenio se han triplicado.
Ya el Comité Internacional de Derechos Humanos emitió el informe sobre las solicitudes de acción urgente presentadas en virtud del artículo 30 de la Convención, en el que reveló que México es el país que encabeza la lista, a nivel mundial, de peticiones para la búsqueda de personas desaparecidas.
Además, destaca la falta de coordinación entre las diferentes autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación, lo que ha llevado a la duplicación de medidas y retrasos injustificados en adopción de medidas formales de búsqueda.
El tema no es menor. Es dificil imaginar la angustia, desesperación e incertidumbre de miles de familiares de desaparecidos en todo el país.
Todos ellos no merecen ser minimizados con el débil y posiblemente erróneo argumento de los “otros datos”.
