Por las “benditas redes sociales”, un ciudadano de la Sierra Norte poblana denunció hace días un acto de arbitrariedad cometido por la Secretaría del Bienestar del gobierno federal en la pequeña población de Jicopala, ubicada en el municipio de Zacatlán.
Y es que sin decir “agua va”, en una mañana lluviosa entraron recientemente varias máquinas a la zona céntrica de esa comunidad, donde todas las construcciones son de adobe y conservan el mismo estilo típico con sus tejas en los techos, y derrumbó una de las casonas.
A los pocos días fue construida en ese lugar una sucursal del Banco del Bienestar. La nueva y fea edificación –de un solo piso, remate curveado en la parte alta y pintada de color blanco– rompe bruscamente con el tradicional entorno pueblerino.
Hasta la fecha se desconoce qué autoridad concedió el permiso y las licencias de construcción, mientras que los pobladores de Jicopala no salen de su sorpresa e indignación. Tienen desconcierto al no saber ante quién expresar su malestar.
Esta historia que para algunos pudiera parecer trivial se repetirá en todo el país, pero en una dimensión inmensamente mayor. Digamos que el incidente de Jicopala será apenas un mero referente, porque a partir del pasado 22 de noviembre, mediante decreto presidencial, todas las obras que realice el gobierno federal estarán “blindadas”.
Esto es, se harán con o sin permisos, sin rendir cuentas a nadie.
De manera tácita, el acuerdo declara que la realización de prácticamente toda obra o proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un asunto de “seguridad nacional”.
El documento ya publicado en el Diario Oficial de la Federación refiere en concreto la infraestructura en comunicaciones y telecomunicaciones, hidráulicas, medioambientales o turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos, así como cualquier otra obra considerada prioritaria o estratégica para el desarrollo nacional.
O sea, todas, incluyendo desde luego las 2 mil 700 sucursales de los llamados Bancos del bienestar.
Dicha protección incluye las gestiones previstas en los trámites de licitación, es decir, de hacerse, sus datos no serán públicos y la información se mantendrá en resguardo, bajo el amparo del principio de “seguridad nacional”.
Cuantas obras públicas haga el gobierno, chicas, pequeñas, medianas o enormes, estarán cobijadas y protegidas –desde su proyecto hasta su realización y resguardo– por las Fuerzas Armadas.
Y háganle como quieran.
La sucursal del Banco del Bienestar de Jicopala encuadra en esta nueva disposición, pero en realidad el objetivo presidencial va mucho allá. Digamos que ese caso es meramente simbólico.
El propósito de AMLO es “blindar” en especial sus llamados “megaproyectos” que no han avanzado al ritmo que quiere. Hablamos de las obras del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas y del Corredor Transístmico, entre las más representativas.
Al paso que van esos trabajos y a poco menos de tres años de que concluya su administración, acaso apenas el aeropuerto será concluido y sólo de manera parcial.
Buena parte de los rezagos obedece a más de un centenar de amparos que han obstruido su avance. Pero otro freno ha sido también lo engorroso de los trámites burocráticos entre diferentes instancias y dependencias federales, estatales y municipales.
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, ha reconocido que tan sólo en el caso del Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno federal, el retraso es de casi cinco meses debido al papeleo entre Semarnat, Sedatu y Conagua, además que se han enfrentado a fallas geológicas.
Además, pobladores se quejan de que se han violentado zonas protegidas con vestigios históricos y regiones boscosas, e incluso han visto tapar arrecifes con cemento, entre otras barbaridades.
El tiempo pasa y ante la desesperación de no concluir las obras, vino la ocurrencia de AMLO por impulsar su avance anulando todos los obstáculos mediante un acuerdo, sin importar que fueran violentadas las leyes y transgredida incluso la Constitución.
Para justificarse, en una de sus recientes mañaneras, el titular del Ejecutivo federal explicó que su acuerdo tiene el propósito de que sus adversarios, “que están empeñados en ponernos obstáculos”, no puedan oponerse a las obras.
Omitió desde luego decir que con su medida está violando, entre otras disposiciones, las leyes de Seguridad Nacional, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Orgánica de la Administración Pública Federal y la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En términos constitucionales, no hay ningún precepto que le otorgue facultades al presidente de la República para declarar sus proyectos de infraestructura como de “seguridad nacional”. Y lo no permitido, está prohibido.
El acuerdo presidencial atenta además contra los derechos humanos y comunitarios, inhibe mecanismos institucionales para la defensa del medio ambiente y no acata el principio de máxima publicidad de los actos gubernamentales.
Eso no importó. La consigna es que, sin restricción presupuestal, se terminen cuanto antes las obras en las que miles de trabajadores, la mayoría soldados del Ejército Nacional, trabajan día y noche.
El tema por los excesos en los márgenes del acuerdo presidencial ya rebasó fronteras. El influyente diario estadounidense The Wall Street Journal publicó esta semana un artículo en el que refiere que el decreto de AMLO, “es un acto de desesperación más que de fortaleza”.
Dice que al pronunciarse por encima de la Constitución, para algunos se sintió como el principio del fin de la democracia mexicana.
El argumento presidencial, añade, es que busca “agilizar la burocracia y eliminar los requerimientos judiciales que se interponen en su visión de México, como la construcción del Tren Maya. Piensen en ello como una desregulación sólo para proyectos gubernamentales, lo cual no es desregulación en absoluto”.
Y concluye al considerar que “la Cuarta Transformación a la que apuesta López Obrador es una visión de México que se asemeja más a lo que era el país en la década de los 70, cuando el Ejecutivo encabezaba una dictadura suave. México necesita esto, razona AMLO, porque sólo un líder moralmente superior como él puede traer verdadera justicia. Sin embargo, “aun si este presidente es tan puro como asegura ser, la historia no está de su lado”.
Pero no todo está perdido, por fortuna. Se sabe que el Instituto Nacional de Transparencia que preside la poblana Blanca Lilia Ibarra presentará en los próximos días una controversia constitucional, al menos en el ámbito que le corresponde, ya que el decreto exhibe una evidente falta de transparencia y rendición de cuentas e incurre en opacidad y… ¿corrupción?.
Habrá seguramente otras impugnaciones y otros demandantes para que entonces sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida una eventual y casi segura anulación del acuerdo presidencial. Los recursos legales llevarán su tiempo, mas no importa.
Lo relevante es que se imponga el mandato de la legalidad. Y que no prevalezca el “háganle como puedan”, como ocurrió también en el rústico y hermoso poblado de Jicopala.
