Tan proclive a concederle la razón al pueblo y de amagar con consultarlo sobre asuntos fundamentales, qué tal si el gobierno federal hubiera practicado este ejercicio para preguntarle a los millones de usuarios de telefonía móvil si estaban de acuerdo con la creación de un padrón nacional, dizque por razones de seguridad.
Lástima que ya sea demasiado tarde.
Y es que el pasado fin de semana el Senado aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que ya es obligatorio otorgar a las empresas operadoras información personal sensible, además de datos biométricos, como nombre, identificación oficial con fotografía, domicilio y número de teléfono.
Y el que no esté de acuerdo, dice la nueva ley, perderá su línea.
Tal reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aprobó en “fast track” para impedir su discusión pública, está incluso ya publicada por el Diario Oficial de la Federación y desde el pasado sábado entró en vigor.
¿Qué dice la nueva ley, por qué y para qué?
En su exposición de motivos, el Senado argumentó que “su único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos”.
En este sentido, sostuvieron que “en México se cometen una gran diversidad de delitos con dispositivos telefónicos que representan una de las principales conductas que afectan y lastiman la tranquilidad y seguridad de la sociedad mexicana”.
Ante este escenario, consideraron “urgente” generar mecanismos encaminados a reducir las actividades de las organizaciones del crimen organizado que operan bajo estas modalidades.
Por ello, en la iniciativa que impulsó Morena, al padrón se le concibió como “una herramienta esencial en la búsqueda permanente de inhibir la comisión de este tipo de delitos, así como una valiosa plataforma para lograr un mayor éxito en las investigaciones de las autoridades encargadas de la seguridad y de la administración y procuración de justicia en nuestro país”.
Se asumió que con esta medida “se evitará o reducirá el uso de líneas desechables para extorsionar o realizar secuestros que, en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones”.
En la práctica, dicho padrón contendrá, además de los datos biométricos y domicilio del usuario, el número de línea telefónica móvil; fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM; nombre completo o denominación o razón social del usuario; nacionalidad y número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular.
Se decidió también facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para instalar, operar, regular y mantener actualizado el padrón (organismo que por cierto dice no tener los recursos para ello), y se estableció que las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia podrán acceder a toda la información que contenga.
En suma, guste o no, el registro del número de una línea telefónica móvil en el padrón ya es obligatorio para los más de 126 millones de usuarios que hay en el país, lo que ha generado múltiples reacciones en contra, incluso ya se han iniciado procedimientos legales para evitarlo.
Ya este diario documentó algunas de las inconveniencias en su edición del fin de semana, entre las más significativas: evidentes violaciones a derechos humanos constitucionales, como el acceso a la información y a las tecnologías de la información.
Se ha cuestionado también la afectación de la presunción de inocencia de los usuarios; la dudosa protección que recibirán los datos biométricos y el alto costo de su implementación, incompatible en estos tiempos de austeridad.
Especialistas han sostenido además que datos biométricos como la cara, la huella digital y el iris no tienen posibilidad de cambiar y una vez comprometidos pueden representar afectaciones permanentes e irreversibles para las personas afectadas.
También se pondera el hecho de que cualquier autoridad local o federal de seguridad pueda tener acceso al padrón, a sabiendas que algunas están frecuentemente coludidas con la delincuencia organizada.
Se presupone incluso que los mismos grupos del crimen organizado tendrán ahora múltiples formas para evadir el Panaut, como el contrabando de chips, usar números del extranjero o usar telefonía por internet.
También existe el riesgo de que desde el gobierno se haga un monitoreo, vigilancia y espionaje en perjuicio de cualquier ciudadano, como de manera cínica lo hacen algunos países autoritarios que han asumido medidas similares, como Venezuela, China, Tanzania y Uganda.
No sólo son sumisos sino también olvidadizos quienes conforman la aplanadora de Morena y sus aliados que han aprobado “sin cambiar una coma” las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley del Banco de México, a la ley que regula la presencia de agentes extranjeros en México, a la Ley de Hidrocarburos y ahora la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Panaut.
Y es que en el sexenio de Felipe Calderón, con el mismo vano propósito de combatir el secuestro y la extorsión fue creado un mecanismo similar con resultados por demás nefastos, al comprobarse que la incidencia de esos delitos no disminuyó, sino que incluso registró un notable crecimiento.
El famoso Renaut fue derogado tres años después al acreditarse que el padrón había sido filtrado masivamente, incluso su base de datos podía ser adquirido con facilidad en Tepito y otros tianguis del país.
Por si fuera poco, hasta organismos internacionales de derechos humanos han advertido que la vinculación obligatoria de las líneas telefónicas y tarjetas SIM a la identidad de las personas compromete gravemente el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
A una semana de haber sido aprobada esta disposición legal, la exigencia de que sea derogada por violar principios constitucionales básicos ha ido creciendo en todo el país.
En todo caso, el reclamo es que no se hostigue a la sociedad y que las estructuras de gobierno hagan bien su tarea para combatir la inseguridad, además de evitar que desde los centros de reclusión se siga delinquiendo con la mayor impunidad.
Se habla ya de amparos colectivos a nivel nacional; todo un torrente de inconformidades por la vía legal que ya están en marcha incluso en redes sociales para frenar la inútil ley que creó el Panaut.
Si trata, en suma, de aniquilar al horrendo y amenazante Frankenstein que impunemente se gestó en los laboratorios legislativos.
En ese propósito, me anoto ya con la mayor disposición.
