Se ha dicho, con razón, que las elecciones de 2021 serán las más grandes de la historia, pero no sólo eso, también serán muy diferentes y, por desgracia, las más caras. Vayamos por partes. Será “la más grande”, con todo lo que ello implica, porque primera vez habrán de celebrarse de manera concurrente 32 elecciones locales, se renovará la Cámara de Diputados federal y en casi la mitad de entidades se elegirá a una nueva gobernadora o gobernador.
En ese proceso estarán en disputa 21 mil 368 cargos: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, más de mil 900 ayuntamientos, las 16 alcaldías de Ciudad de México y 635 juntas municipales, concejales o presidencias de comunidad.
En la organización y realización participarán más de 5 millones de ciudadanos, que incluyen a más de 300 mil candidatas o candidatos, titulares y suplentes, integrantes de planillas o fórmulas, representantes de partidos o de aspirantes independientes.
Conformarán el padrón electoral y podrán votar para ese entonces cerca de 95 millones de personas, equivalente a seis millones de ciudadanos más que en la pasada elección de 2018.
Será también inédita porque, a la enorme complejidad que le representa la organización de esa magnitud, se suman los retos que se añaden por la prevalencia de la pandemia sanitaria por el COVID-19, que obligará a innovar procedimientos y recurrir a nuevas y obligadas formas de distanciamiento social en las diferentes etapas del proceso.
Y si bien es impredecible suponer las condiciones que prevalecerán en el país para la jornada electoral a celebrarse en julio de 2021, su larga fase de preparación para las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se desarrollarán sin duda en un entorno bastante complicado.
Lo será también, desde luego, para los partidos políticos en su organización interna, selección de candidatos y, por supuesto, en las fases de precampaña y campaña electoral. Ante ello, las autoridades electorales están obligadas a implementar las medidas y protocolos de distanciamiento social y de protección a la población en todas las etapas del proceso comicial, tanto en la jornada electoral como en su culminación con los medios de impugnación, tales como contar con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya tomar la temperatura corporal a los ciudadanos al ingresar a los centros de votación previamente sanitizados, así como brindarles cubrebocas, gel antibacterial y materiales electorales debidamente desinfectados.
Finalmente, el gran reto de las autoridades será garantizar los derechos político-electorales del ciudadano de votar y ser votado y, al mismo tiempo, garantizar la salud. Otra diferencia sustancial será que esta vez será transparentada la publicidad político-electoral, a partir de una decisión de Facebook, que incluirá una herramienta para conocer quiénes pagan anuncios políticos en México e identificará con una etiqueta quién la financió, la inversión aproximada y las personas a las que fue dirigida.
De esta manera, ahora quienes deseen publicar avisos de candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales en Facebook e Instagram, deberán pasar por un proceso de autorización, en el cual tendrán que confirmar su identidad, con la advertencia de que si los anuncios no fueron originados por un usuario autorizado y localizado dentro del país, podrán ser suspendidos.
Esta innovación, que se suma a las ya aplicadas en Twitter e Instagram, tiene particular relevancia, porque frenará en buena medida la acostumbrada guerra sucia entre partidos y candidatos y reducirá también las nocivas fake news o noticias falsas.
Otra novedad es que aparecerán en escena, para el caso de los cargos federales, nuevos partidos políticos que aún están en proceso de validación, que son: Redes Sociales Progresistas, que lidera Fernando González, yerno de la inefable Elba Esther Gordillo; Fuerza Social de México, del cuestionado dirigente sindical Pedro Haces; Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza; Encuentro Solidario, antes PES; y México Libre, que comanda el expresidente Felipe Calderón.
Hay que anotar como otra novedad que por primera vez se permitirá el voto electrónico para los mexicanos que residen en el extranjero, aunque sólo se permitirá en las 11 entidades donde se elegirán gubernaturas, lo cual no deja de ser significativo, porque será un ejercicio experimental para una aplicación más amplia a corto y mediano plazo.
Otra diferencia es que, por primera vez, podrán reelegirse diputados y presidentes municipales aunque, dicho sea de paso, son muchos los que aspiran en Puebla, pero muy pocos los que han hecho el mérito para lograrlo.
Y por último, la elección de 2021, que arranca el próximo lunes 7 de septiembre, será igualmente la más costosa de la historia, si se consideran los gastos previstos por el Instituto Nacional Electoral y las prerrogativas que recientemente se aprobaron a favor de los partidos políticos contendientes.
Con todo y la reducción que le aplicaron, el INE está ejerciendo este año un presupuesto de casi 11 mil 500 millones de pesos, pero tiene una estimación de erogar casi 4 mil millones tan sólo en la capacitación de los funcionarios de casilla, que suman los 987 mil para las 164 mil 550 mesas que serán instaladas, y contratar a 48 mil capacitadores, además de la adquisición –que será de enorme proporción– de insumos para prevenir el contagio del COVID-19.
A ello habría que añadir los múltiples gastos que por su cuenta erogan los organismos electorales en cada entidad (OPLES), que aun siendo menores, no dejan ser significativos en la acumulación de recursos que gravitan en el proceso electoral global.
El monto mayor se lo llevan los partidos políticos, que dispondrán de 7 mil 226 millones de pesos, de los cuales mil 575 millones deberán ser aplicados para gastos de campaña. El desglose de los recursos por partido se conocerá hasta de 31 de agosto próximo, que se sabrá qué organizaciones se convertirán en nuevos institutos políticos.
Respecto a tales cifras millonarias que a tantos espanta, el consejero presidente del organismo electoral Lorenzo Córdova ha dicho que poner en riesgo la estabilidad política por el tema del dinero colocaría en entredicho la viabilidad de México como país.
Y sí, tiene razón como cuando puntualiza que nadie está peleado con la lógica de austeridad y economización de los recursos, “pero también es cierto que tenemos un sistema electoral particularmente caro, porque caro lo ha vuelto la desconfianza de los actores políticos que establecen normas que las autoridades electorales deben de cumplir”. Preparémonos para algo nunca visto.
