En seguridad pública, Puebla se rasca con sus propias uñas

Soliloquio

Felipe Flores Núñez

Apenas este martes se hizo viral en redes sociales un video en el que se aprecia el momento en que un automovilista estuvo a punto de ser asaltado en la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, muy cerca de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Para escapar de los asaltantes, el atemorizado conductor huyó de reversa. Fue inútil que buscara ayuda. En toda esa zona no había vigilancia alguna, pese a que este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes.

Lo mismo ocurre también en el tramo carretero que conduce de Puebla a Veracruz. Los asaltos a vehículos particulares, camiones de carga y tráileres, son cosa de todos los días sin que intervengan las fuerzas policiales. Son muchos los testimonios que así lo ratifican.

Se trata en ambos casos de vías federales, cuya responsabilidad recae en Caminos y Puentes Federales (Capufe), y de manera particular, en la Sección de Carreteras de la Guardia Nacional.

Por coincidencia, este martes se conoció el último reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, cuyos datos ratifican la incidencia de robos en muchas de las vías de comunicación de competencia federal.

Según la AMIS, Puebla fue el estado con el mayor aumento en el robo de vehículos pesados en el país durante el último año. Este delito se elevó en 64 por ciento, muy por encima de Guanajuato, que tuvo un incremento de 29.9; Jalisco con 28.4; Estado de México con 18.8 y Veracruz con 6.3 por ciento.

Circunstancia similar ocurre con el delito de robo de combustible, en el que Puebla se ubica entre las tres entidades del país con mayor incidencia, después de Hidalgo y el Estado de México. Tipificado como delito federal, su combate es competencia directa de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Pocas veces –casi nunca–- hemos visto operativos y captura de los responsables.

Sirvan estos ejemplos para acreditar que, aunque se habla de coordinación entre autoridades, en temas de seguridad pública el gobierno estatal dispone de ayuda muy precaria por parte de autoridades federales. En discurso suena bien, en los hechos, la realidad es otra, si bien Puebla no es la excepción. En la mayoría de las entidades, cada quien hace lo que puede.

Desafortunadamente, también es poco o nulo el apoyo que se recibe de las entidades federativas colindantes con las que existen supuestos acuerdos de coordinación en materia de seguridad pública.

En la mayoría de los casos, los índices delictivos en esos estados son fatales. Sobre todo Veracruz, que vive en la barbarie ante la complacencia del nefasto gobernador Cuitláhuac García. Ahí está el reciente macabro hallazgo en Poza Rica de al menos 13 cuerpos cercenados y almacenados en hieleras, además que en esa entidad prevalecen los secuestros y el cobro por derecho de piso.

Ese clima de violencia e impunidad se vive también en Guerrero, Morelos y Oaxaca. Todos están en peor situación por la presencia de grupos delictivos de alto nivel, cuyos miembros suelen ramificarse en territorio poblano.

La expansión delictiva procedente de entidades cercanas es un riesgo latente. Eso parece estar ocurriendo en algunas zonas de la Sierra Norte, en el llamado Triángulo Rojo que abarca varios municipios, y en la mixteca poblana, donde el caso de Chiautla es muy significativo.

¿Dónde están las autoridades federales?

Y qué decir de la muy vecina Tlaxcala, hasta hace poco tranquila y mesurada. Allá, la morenista Lorena Cuéllar está padeciendo un inédito aumento de hechos delictivos.

La gobernadora simplemente no le atina con la designación de sus mandos policiacos. En apenas dos años de gobierno, Lorena Cuéllar lleva seis titulares de seguridad pública.

Hace días nombró como secretario a un capitán de Navío de la Marina, en sustitución de un excolaborador del exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

Frente a todas esas adversidades, sobresale notoriamente el esfuerzo que se hace en Puebla. El mandatario Sergio Salomón Céspedes priorizó el tema y ha obtenido avances significativos.

Hasta ahora, es más que sobresaliente el trabajo de los responsables de mantener la paz social. La reducción de los delitos de alto impacto son una prueba de ello.

El gobierno estatal hace su parte y motiva en lo más que puede a que los presidentes municipales de los 217 municipios hagan la suya. Reforzar con patrullas y armamento, así como insistir en la necesidad de mayor inversión y capacitación policíaca, son indicativos favorables.

Entre otros, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez entiende bien esos lineamientos. Justo este miércoles graduó a 46 nuevos policías municipales. Ya son 487 durante su gestión y su corporación es cada vez más eficiente.

Por su parte, el secretario estatal de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna y el Fiscal General del Estado, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, han respondido con resultados.

Ni modo, en materia de seguridad pública, Puebla se ha rascado con sus propias uñas.