Soliloquio
Felipe Flores Núñez
La información derivada de la pandemia por la COVID-19 parece estar en un plano secundario, al menos desde la óptica de los medios comunicación. El tema dejó de aparecer desde hace muchas semanas en las primeras planas y es prácticamente soslayado en las múltiples emisiones de radio y televisión.
En apariencia, la COVID-19 ya no es noticia, aunque debería serlo todavía porque el virus sigue latente, si bien su poderío de contagio –que llegó a ser exponencial– se ha reducido sustancialmente, se haría mal en creer que se le ha vencido.
Ciertamente las cifras actuales no son tan escandalosas como las que se afrontaron en los momentos de crisis, pero las evidencias demuestran que la enfermedad aún permanece, se mantiene activa y eso obliga a mantener medidas preventivas y comportamientos adecuados que merecen ser replicados de manera incesante.
Pongamos a Puebla como ejemplo: en el reciente puente vacacional de Semana Santa se registró un leve repunte en la entidad, al acumularse 223 nuevos contagios, aunque no hubo ningún deceso; los casos activos en 48 municipios, entre ambulatorios y hospitalizados, llegaron a 745.
Una semana después, que es la que está en curso, el panorama mejoró sustancialmente, y aunque se registró un fallecimiento, hubo una disminución de 345 casos activos, en tanto que el número de personas bajo observación médica, en 44 municipios, fue de 652.
La conclusión es evidente: a una mayor movilidad social, mayores riesgos. Bajo esa premisa se deduce también que, aun con buenos números, no es tiempo de confiarse y dar la vuelta a la hoja.
En secuencia al caso poblano, debe reconocerse que el comportamiento social ha sido prudente y adecuado. En sitios comunes puede apreciarse a muchas personas usando el cubrebocas y respetando, en lo posible, la sana distancia, además que el uso del gel antibacterial y el lavado frecuente de manos se ha vuelto una buena costumbre. La llamada autorregulación ha funcionado.
De hecho, Puebla se distinguió respecto a otras entidades, durante la muy larga vigencia de la letal pandemia, por asumir decisiones puntuales en los momentos más álgidos en las distintas olas de contagio, incluso muchas de las medidas concretadas aquí, mediante decretos, llegaron a contravenir otras disposiciones que provenían del gobierno federal.
A eso se sumaron muchas medidas del sector salud, bajo un efectivo liderazgo del secretario y médico José Antonio García, cuyo sobresaliente desempeño durante la pandemia de COVID-19 ha sido reconocido a nivel nacional.
“Es mejor que López-Gatell” (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal), llegó a asentar varias veces el extinto gobernador Miguel Barbosa.
Precisamente, el vituperado Hugo López-Gatell reapareció este martes en la mañanera presidencial, para insinuar que el gobierno federal podría poner fin a la emergencia nacional que fue decretada hace poco más de tres años, ante la violenta irrupción del coronavirus.
El mismo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que analizaba esa medida: “Lo estamos viendo, lo está analizando Salud. Yo creo que pronto va a darse a conocer el acuerdo. Se está analizando y les vamos a informar”.
¿A qué obedece esa inesperada y hasta posiblemente precipitada decisión?
La respuesta está en la determinación que este mismo lunes asumió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al firmar una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria por la COVID-19, que en 2020 decretó el entonces mandatario Donald Trump.
Originalmente, la Casa Blanca había informado a principios de este año sobre la posibilidad de que el estado de emergencia concluyera el próximo 11 de mayo, aunque el propio Biden tenía sus dudas ante la posibilidad de que se generara un “enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud estadounidense”, pero finalmente no sólo accedió a la Cámara de Representantes, sino que adelantó la fecha inicialmente propuesta.
Respecto a la decisión del gobierno estadounidense no hay todavía ningún pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, pero por lo visto nuestras autoridades federales no quieren quedarse atrás y están “analizando” el posible retiro definitivo de la emergencia sanitaria, lo cual no sorprende cuando siempre minimizaron los efectos y la gravedad de la pandemia.
En este contexto es útil repasar algunas de las cifras oficiales surgidas del seguimiento de la pandemia, a poco más de tres años de iniciada.
A la fecha, en el país son 7 millones 544 mil 979 casos confirmados de COVID-19, así como 333 mil defunciones, que se concentraron mayoritariamente en 10 entidades, con 64% de los contagios, entre las que figura Puebla en el octavo lugar.
Es incuestionable que en el transcurso de este año las cifras de contagios, hospitalizaciones y decesos se han reducido notablemente hasta llegar a niveles de estabilización.
Pero también es cierto que mientras sigan surgiendo nuevos casos no parece recomendable bajar la guardia. En Puebla, por ejemplo, casi en la cuarta parte de municipios hay todavía personas contagiadas, lo que de manera tácita implica la posibilidad de nuevas infecciones.
Lo razonable entonces parece ser que por ahora debamos acostumbrarnos a la nueva realidad, mantener las medidas preventivas y esperar un poco más a que la enfermedad se reduzca al mínimo y sea catalogada como estacional, como ocurre en el caso de la influenza, por lo que habría que vacunarse por lo menos una vez al año.
Levantar ahora, de manera absoluta, la declaratoria de emergencia sanitaria sería un error, otro más de los muchos que se cometieron durante la desoladora y fatal temporada de la COVID-19.
A final de cuentas, la humanidad no estará nunca exenta de riesgos sanitarios y la prueba está que justo esta semana la Organización Mundial de la Salud dio a conocer tres casos confirmados de gripa aviar H3N8 en humanos, de los cuales una mujer falleció a causa de la infección.
Dichos contagios ocurrieron en China, por una exposición directa o indirecta a través de aves comestibles vivas.
¿Le suena?
