Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Por el anuncio que hizo el pasado martes la secretaria estatal de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, la fallida inversión en Accendo Banco realizada en la gestión del extinto gobernador Miguel Barbosa no quedará impune.
Al comparecer ante legisladores en el contexto de la glosa del informe de gobierno, la funcionaria reveló que “después de hacer una revisión profunda de la información entregada por la anterior titular de esa dependencia –refiriéndose a María Teresa Castro Corro–, “con total transparencia y responsabilidad instruí la presentación de las respectivas denuncias ante las autoridades competentes en el ámbito local y federal”.
Es evidente entonces que los procedimientos legales ya están en curso y que dicha operación que causó al erario público un perjuicio de 600 millones de pesos está siendo investigada judicialmente para deslindar responsabilidades, sea en instituciones o personas.
Este caso no tiene precedente en la administración pública local y es una buena señal para suponer que los tiempos del manejo oscuro y opaco de los recursos han quedado atrás; pero, sobre todo, que sí es posible combatir al terrible mal de la impunidad.
Así lo dejó entrever el mismo mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes, cuando este miércoles asentó que “las investigaciones determinarán en su momento quién pudiera, o no, tener responsabilidades”.
En ese sentido, asumió:
“Era nuestra obligación darle seguimiento; una vez que teníamos conocimiento de ello. Entonces, estaremos esperando y seremos respetuosos de las investigaciones, sin adelantar juicios”.
También puntualizó sobre la necesidad de que la Secretaría de la Función Pública, otras veces complaciente y solapadora, realice una “auditoría permanente” para impedir que se presenten casos similares al del Banco Accendo.
En ese mismo sentido insinuó posibles cambios en algunas dependencias de su gabinete, no por deficiencias de algunos colaboradores, sino para contar con perfiles adecuados y con experiencia durante el tramo de cierre de su gestión y generar así un proceso de entrega-recepción “sano y claro”.
Con lo anterior, queda más que evidente la intención del mandatario estatal de trascender no sólo por los logros alcanzados en materia de concertación social y gobernabilidad ni por los avances en materia de salud, educación o seguridad; tampoco le bastará con el conjunto de obras de gran dimensión que habrá de heredar para el último tramo de su gestión.
Todo ello no es suficiente.
El gobernador revela también estar dispuesto a cerrar el círculo de la buena gobernanza y entregar cuentas claras y finanzas sólidas, lo cual, si bien debería ser una obligación ética y moral, por desgracia no es ni ha sido la costumbre de nuestros gobernantes.
Es con ese alto propósito de transparencia y buen manejo de los recursos públicos que debe leerse la comparecencia aludida de la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, cuya probidad y experiencia de largos años de servicio en la dependencia ha sido útil y efectiva. En su breve gestión iniciada en julio pasado no sólo se afrontó el caso de Banca Accendo, sino que ha podido enmendar otras muchas anomalías.
En su informe, la funcionaria aludió también que “en un acto de responsabilidad financiera y social”, se tomó la decisión de corregir la situación fiscal de la entidad, derivada de las omisiones en ejercicios anteriores del pago al SAT por concepto de impuesto sobre la renta retenido por salarios. En esta operación no solo se saldaron los adeudos, sino que se pudo recuperar casi el 75% del total saldado, cuyo monto supera los 2 mil 500 millones de pesos.
Por otra parte, también anunció que, a pesar de las altas tasas de interés, se reestructuró en condiciones muy favorables para el Estado el pago de intereses de la deuda heredada de otras administraciones, logrando beneficiar a las finanzas estatales con más de 70 millones de pesos.
Todo ello, sumado al eficiente manejo en materia de ingresos y egresos, coloca a Puebla en la categoría de semáforo verde ante una eventual –que no ocurrirá– contratación de financiamiento o contratación de deuda, hasta por el 15% por ciento de sus ingresos de libre disposición.
Además, esto hace que las finanzas estatales sean merecedora de reconocimientos por sus calificaciones sobresalientes, otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, el Instituto Mexicano de la Competitividad y prestigiosas calificadores internacionales, como Moody´s Fitch & Ratings.
No exagera entonces la secretaria Morales Guerrero cuando afirma con hechos que “Puebla tiene finanzas sólidas, fuertes y trasparentes, enfocadas en impulsar la competitividad del Estado y atender el bienestar social”.
La buena gobernanza es sinónimo también de rendición de cuentas, con un manejo eficiente, responsable y transparente de las finanzas públicas que son, al final de cuentas, los dineros de todos.
