Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Sobran los relatos y los matices en torno a los presidentes municipales poblanos y también de quienes aspiran a ese cargo en los próximos comicios.
Por lo pronto, mal acabó la semana con el atentado en el que perdió la vida Porfirio Hernández Aparicio, aspirante por Morena a la alcaldía de Jalpan.
El incidente es el segundo en lo que va del actual proceso electoral, luego que fuera baleado en diciembre pasado Miguel Ángel Ruiz Sánchez, quien también por Morena aspira a la presidencia municipal de Chietla, aunque esa agresión haya sido calificada como intento de asalto.
Se desearía que estos casos no fueran una mala señal o indicativo de lo que pudiera ocurrir en los meses subsecuentes, cuando se agudice la disputa electoral en los 217 municipios en los que, por su propia conformación, la competencia será como siempre mucho más cerrada.
No hay indicios para pensar que la delincuencia organizada pudiera estar atrás de los ataques a aspirantes, pero ese riesgo persiste como ya otras veces en este espacio lo hemos apuntado.
Con base en ello, será relevante lo que resulte de las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado, cuya eficiencia muchas veces ha quedado demostrada.
Más allá de lo que arrojen esas indagaciones, tales hechos confirman la importancia de que los partidos políticos hagan lo suyo y postulen en los casos de las presidenciales municipales y diputaciones locales a candidatos y candidatas cuya vida pública acredite las mejores credenciales. “Hombres y mujeres de bien”, como se ha insistido.
En nuestro esquema federalista, finalmente es ahí, en los municipios, donde transcurre, con sus riquezas y precariedades, la verdadera historia nacional.
En general, los procesos electorales tienen en los municipios ingredientes muy diferentes a los de las grandes urbes. Lo común es que la población conozca y hasta haya convivido con los actores políticos de su región y, en su caso, tenga también elementos para juzgar la labor y la conducta de sus autoridades.
Es tiempo entonces de poner mayor atención en todas las regiones del estado.
Por ahora, como parece natural, el mayor interés ha estado fincado en la contienda presidencial que sostienen Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como, localmente, para la gubernatura, Alejandro Armenta Mier y Eduardo Rivera Pérez, pero hay pocas referencias, en el caso poblano, de lo que podría ocurrir en el interior del estado y respecto a cómo podría delinearse la configuración partidista y política-social en los 217 municipios de la entidad.
Si acaso, y eso es lógico también, los analistas han hecho algunos cálculos y tejido conjeturas de un posible escenario en Puebla capital y en sus principales municipios conurbados, especialmente a San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, Atlixco, Amozoc y San Martín Texmelucan, a los que habría que agregar, por su relevancia, los casos de Tehuacán, Tepeaca, Zacatlán, Huauchinango, entre otros.
En esos lares sin duda se enfrascará una disputa muy cerrada en la que es difícil marcar favoritos, dada la igualdad de fuerzas entre el bloque oficialista que comanda Morena y el opositor, donde el PAN tiene prevalencia, sabiéndose por ahora que al menos ocho actuales alcaldes panistas estarán buscando su reelección en los comicios de este año, algo similar de lo que está ocurriendo con autoridades municipales de otros partidos, aunque no todos estén bien evaluados.
Son muchos los presidentes municipales que se han enfrascado en líos, conflictos y trivialidades, que también cuentan en los tiempos electorales.
La lista es larga y, por citar casos recientes, está ahí de modo sobresaliente el de Martín Zanes, edil de Tianguismanalco, ahora ausente y prácticamente en calidad de prófugo de la justicia.
Con el antecedente de haber participado en ilegales carreras de autos de lujo y los llamados “arrancones”, este personaje es señalado como responsable de haber atropellado y dado muerte a un joven motociclista, razón por la que se dio a la fuga, aunque desde el anonimato reconoció que el auto involucrado sí es de su propiedad, pero lo conducía una mujer.
Para colmo, Martín Zanes solicitó al Cabildo una licencia por 28 días, que de manera indebida le fue concedida.
Mientras que la Fiscalía lo reclama para que esclarezca los hechos, vecinos de esa población se quejan de que el ayuntamiento está paralizado, sin ofrecer los servicios administrativos de rigor.
Por otra parte, esta semana se dio otro hecho bochornoso, luego que José Cinto Bernal, presidente municipal de Juan Crisóstomo Bonilla, fuera vetado para participar en el próximo carnaval de Huejotzingo, debido a que asistió a los festejos previos en evidente estado de ebriedad y además insultó groseramente a los organizadores del evento y a vecinos de la comunidad.
Lejos de reconocer su falta, el edil dijo que lo acusan por razones políticas y que irá al carnaval, porque nadie se lo puede impedir.
Ya el mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes se dio cuenta de la impopularidad de Cinto Bernal por la rechifla y abucheos que recibió durante una reciente gira de trabajo en los municipios vecinos de Tlahuapan y Chiautzingo.
También esta semana ocurrió otro acontecimiento que deja en evidencia la falta de responsabilidad de algunos ediles.
Es el caso de Manuel Herrera Ponce, de los Reyes de Juárez, quien fue exhibido en redes sociales por acudir a un evento público en estado de ebriedad, por lo que ni siquiera pudo pronunciar el mensaje que tenía previsto.
A decir de los pobladores de esa comunidad, es común observar a su presidente municipal “pasado de copas” e incluso lo han captado ingiriendo alcohol en sus propias oficinas. Lo acusan de haber equipado un predio de su propiedad con erario público para realizar una exposición agrícola y hay preocupación porque ahora pretende imponer a su hijo para que lo sustituya en el cargo para el próximo periodo.
Por si fuera poco, este jueves, a la presidente municipal de San Tomás Hueyotlipan, María Trinidad Viveros, le revocaron sus facultades en sesión de Cabildo debido a su falta de transparencia y explicación de algunas obras que realiza “de manera confidencial”, en colusión con su director de obras públicas, el que a su vez fue suspendido del cargo.
A este incidente se añaden reiteradas protestas de la población por los problemas de inseguridad, lo que en su momento derivó en la renuncia de la titular del área y de todo el personal policial, que fue sustituido por elementos estatales.
A esos conflictos se puede sumar el caso de Coyomeapan, en donde se han vivido dos años de ingobernabilidad absoluta ante el rechazo de la comunidad a su alcalde electo, Rodolfo García López, quien, a instancias de una mediación del gobierno estatal, finalmente aceptó separarse del cargo para que un concejo municipal asuma el ayuntamiento en febrero próximo, lo que parece ser el final del conflicto postelectoral, dos años después de haber estallado.
Hay en el expediente muchos otros casos de alcaldes reprobados, lo que debiera obligar a los partidos políticos a seleccionar con mayor cuidado y minuciosidad a sus candidatos.
No solo “hombres y mujeres de bien”, sino a la vez más capacitados para administrar y gobernar, así como con mayor sentido de responsabilidad.
La gobernabilidad y el bienestar social tienen como célula a los municipios.
Es tiempo de voltear a verlos.
