El intempestivo anuncio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se había contagiado de COVID-19 (ojalá se reponga pronto) rompió de tajo la honda polémica que se había desatado, tras la determinación de que se permitiría adquirir por su cuenta la vacuna a gobiernos estatales y a la iniciativa privada.
Por coincidencia, hace una semana en este espacio habíamos cuestionado precisamente que el gobierno federal no otorgara esa posibilidad, cuando en un giro inesperado, justo un día después, el mismo López Obrador otorgó su aval.
Tal anuncio fue más que inesperado ya que incluso, a la par de nuestra anterior colaboración, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, había declarado que “los gobernadores de los 32 estados no podrán comprar la vacuna contra la COVID-19 directamente, porque se altera la campaña nacional”.
Ahora, también confinado por posible contagio, el funcionario argumentó su negativa a que “se crearía un desorden que impactaría en forma negativa los estudios técnico-científicos, además traería daños a la población”.
Diría también, en su cotidiana conferencia de prensa sobre el reporte técnico de la enfermedad, que desde el punto de vista técnico “el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y entonces no hablamos de una estrategia de Estado”. Aún más: esa misma tarde, en una reunión virtual con la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, se ratificó a los gobernadores que no era viable que participaran en la campaña nacional de vacunación. Ni ellos ni la iniciativa privada.
¿Qué ocurrió para que la mañana siguiente, la del viernes, el presidente López Obrador desmintiera a su estratega, desconociera a su funcionaria y autorizara el acceso a la vacuna por parte de gobiernos estatales y empresarios? Difícil saberlo, si bien el propio AMLO trató de explicarlo, al decir que la medida se tomó para evitar que se acuse al gobierno federal de que incurre en prácticas monopólicas.
Advirtió, eso sí, que se hará con orden “y saber a dónde las van a aplicar, que una empresa quiere poner la vacuna para proteger a sus trabajadores, desde luego que sí, adelante”, aseguró. “No hay ningún problema, no debe haber desorden, no hay motivo para eso y tampoco para uso politiquero o electoral de la vacuna”, recalcó el presidente al subrayar que es mezquino no permitirlo.
No obstante, el intempestivo cambio de dirección provocó muchas y justificadas suspicacias. El primero que levantó entonces las cejas fue el gobernador de Michoacán, Silvino Aureoles, quien en tono de desconfianza insinuó que la intención del gobierno federal era diluir responsabilidades frente a las dificultades que pudieran ocurrir a corto y mediano plazo en el difícil proceso de vacunación que se avecina.
Por su parte, en este mismo diario el connotado periodista Rafael Cardona se ha preguntado cómo puede un gobierno presentar de tan prolija manera argumentos a favor de la concentración y la centralización, para demolerlos al día siguiente. Y se responde que “pues nada más cuando juega a las tontas y a las locas”.
A su juicio, la apertura del plan de vacunación al sector privado y a los gobiernos estatales “es una manzana envenenada”, pues se cuestiona de dónde van a sacar vacunas los gobiernos estatales, cuando el mercado ya está saturado”. Y refirió el cuestionamiento de los 10 gobernadores que integran la alianza federalista que han observado dificultades para la adquisición de vacunas, ya que la producción mundial tiene contratos de compra de hace meses, que hace difícil encontrar la disponibilidad, de modo que el anuncio es tardío y engañoso.
En ese mismo tenor se pronunció Jaime Sepúlveda, reconocido científico de la Universidad de California y director del Instituto de Ciencias de Salud Global de UCSF, al afirmar que la autorización presidencial “se antoja como una forma de descargar responsabilidades, a sabiendas de que las farmacéuticas ya han comprometido su producción por entero para este año a gobiernos nacionales”.
Muchas otras dudas se han deslizado también en redes sociales, entre ellas la del experiodista televisivo Guillermo Ochoa, quien dijo de plano que le daba miedo la anuencia del presidente. “¿Dónde trae el veneno esa manzanita?, me pregunto. ¿Cómo renunciar a la exclusividad de ser dador de vida y de muerte? ¿Qué dice la “letra chiquita” de su mente…?” Ha habido, no obstante, voces más prudentes y sensatas.
Como la del gobernador poblano Miguel Barbosa, quien en tono institucional fue claro al manifestar su absoluto respaldo al programa de vacunación del gobierno federal, así como a los tratados que hace con otros gobiernos y con las empresas farmacéuticas.
Pero, además, dejó sentado que no descarta en su momento –ahora no– para “llegar a decidir la adquisición de vacunas si las condiciones jurídicas, comerciales y de autorización por parte del gobierno federal lo permiten, y colaborar así con el programa de vacunación.
Otro mandatario que públicamente elogió la medida fue Jaime Rodríguez, de Nuevo León, a donde López Obrador hizo su última aparición, quien agradeció la decisión y ofreció una logística compartida para la aplicación de las vacunas. Grupos empresariales, entre ellos incluso algunos poblanos agremiados al CCE, también expresaron su aceptación y se mostraron dispuestos a gestionar la compra de dosis para su aplicación masiva bajo las reglas que se impusieran.
Pero ocurrió lo que sospechaba y, al parecer, acertaron quienes desde un principio pensaron mal. Esta semana, representantes de las empresas AstraZeneca y Pfizer, informaron a los gobiernos estatales que, como se temía, por ahora no hay disponibilidad del biológico para que puedan adquirirlo y que el posible suministro podría darse en diciembre de 2021 o incluso el próximo año.
En una visión global del tema, el director ejecutivo de AstraZeneca lamentó la falta de colaboración entre gobiernos en la lucha contra el coronavirus y denunció el comportamiento egoísta de algunos países, porque hubo de algunos un comportamiento un poco de ’yo primero’. No mencionó cuáles países ya se “agandallaron”, al vaciar las vitrinas de las farmacéuticas, pero se sabe Estados Unidos acaparó alrededor de mil 200 millones de dosis, algo así como 15 por ciento del total requerido por la humanidad, en tanto que la Unión Europea contaría con alrededor de 900 millones, Reino Unido con 270 millones y Canadá con otros 220 millones.
Ante tal revelación, ¿nos van a decir ahora que cuando hizo su anuncio el pasado viernes para un libre acceso a la vacuna, el gobierno federal no sabía de la carestía? No todo está perdido, si habremos de seguir creyendo en las versiones oficiales. A decir del canciller Marcelo Ebrard, hasta ahora el gobierno federal ha pactado y firmado con distintos laboratorios la adquisición de 21 millones 394 mil 650 de vacunas, aunque en sus cuentas está incluyendo al menos a dos laboratorios todavía no autorizados por estar en su Fase 3 de pruebas –la farmacéutica china CanSino y la rusa Sputnik V, otras más rezagadas como Novavax y CureVac y Janssen, vinculada al laboratorio Johnson & Johnson–.
Por si fuera poco, de la vacuna de CanSino que tiene poca respuesta entre mayores de 60 años y de la rusa hay sustentadas dudas sobre su efectividad. De todo este enredo se desprende que el gobierno federal tardará aún más de lo previsto para contar con más vacunas para pasar a la segunda etapa que prevé atender a personas de la tercera edad; que falta mucho para abarcar a otros segmentos de la población y que, al menos durante este año, ni gobiernos estatales ni la iniciativa privada podrán participar para inmunizar a más personas.
Todos esos arañazos nos han dejado el malévolo gato encerrado, y es de lamentarse por lo que significa una pronta inmunización colectiva y la expectativa que ese propósito ha generado. Y lo que falta…
