La lógica indica que la atropellada aprobación “sin cambiarle una sola coma” al Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá sus consecuencias, en perjuicio del proyecto de la 4T.
La falta de voluntad política mostrada recientemente por Morena y sus aliados en el Congreso federal frente a los partidos de oposición configuró una factura de alto precio que tarde o temprano tendrá que saldarse.
Fueron muchos los agravios y más que grosero el trato despectivo que recibieron los legisladores que, integrados en la alianza Va por México, conformaron el PAN, PRI y PRD.
La propuesta alterna de los partidos de oposición sugería modificaciones en 92 programas presupuestarios.
Ninguna fue observada. El expediente acabó –literalmente– en el bote de la basura.
Eso no se veía ni en los tiempos de la “aplanadora” del PRI, en los que al menos había disposición con las minorías parlamentarias de escuchar, negociar y aunque precariamente, conceder.
Es cierto que en los gobiernos previos durante la concertación entre los partidos en el Congreso se incurrió en maniobras también reprobables. Los “moches” eran la premisa. Aquel “Pacto por México” del sexenio peñista, el peor ejemplo.
No obstante, si se pregona que ahora “todo es diferente” y se pugna por transitar por las vías de una democracia más participativa e incluyente, es claro que Morena y sus aliados están errando con una estrategia de corte impositivo y peor aún que esa actitud se impulse desde la casa presidencial.
Aprobar el proyecto de Presupuesto sin cambiarle una sola coma –también literalmente hablando– significa, más que una visceral imposición, una conducta apenas válida en un gobierno autoritario.
A nadie conviene escuchar una sola voz, menos que se obedezca sin ningún reparo, y malo el presagio de que esa pueda ser la línea a seguir.
Eso al menos lo insinuó ya el poblano Ignacio Mier, quien como líder del grupo parlamentario de Morena se ufanó que tras la victoria en la aprobación del Presupuesto, ocurrirá lo mismo ahora que se enfrasquen para abordar las reformas constitucionales que ha enviado López Obrador al Congreso.
Demasiado optimismo porque los partidos opositores, ahora más unidos en su coalición Va por México, aguardan la ocasión para el desquite. Y no habrá que esperar mucho. La oportunidad vendrá sin demoras porque la ruta legislativa es todavía muy larga.
Por lo pronto, a la vuelta de la esquina los grupos parlamentarios volverán a verse cara a cara con motivo de al menos tres iniciativas que el presidente López Obrador atesora con especial interés.
Todas implican reformas a la Constitución y, por tanto, requieren de un consenso aún más complejo, casi imposible de alcanzar.
Una tiene que ver con la controvertida Reforma Eléctrica, otra transitará en el terreno sinuoso del ámbito electoral y una más en materia de seguridad pública, con la pretendida incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
En todos los casos hay suficiente arsenal para que la disputa en el Congreso sea ríspida y sinuosa.
La agenda marca que en primera instancia se tratará la propuesta presidencial en materia energética, con la que se pretenden reformar tres artículos constitucionales que, en esencia, permitan limitar a 46% la participación privada en el mercado de generación eléctrica, mientras que el restante 54% sea para la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública.
Se afirma además que la iniciativa promueve la contaminación del ambiente al favorecer la generación de energía por medios contaminantes que afectan la salud y encarecen el suministro, por lo que se sugiere privilegiar energías limpias y baratas en beneficio de la gente y la participación de particulares en la generación de la electricidad.
Es evidente que la iniciativa presidencial transita en carril contrapuesto a la reforma peñista, que permitía para la generación de energía el libre acceso a la iniciativa privada, nacional y extranjera, en el marco de acuerdos y tendencias internacionales y del tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá.
Justo ese tema fue abordado en la reunión privada del presidente López Obrador con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente, pero los detalles no fueron difundidos.
Se sabe, no obstante, de la inconformidad de los inversionistas de esos países, pues la reforma implicará eventualmente la cancelación de contratos con proveedores privados por más de 1.6 billones de pesos.
Ya con antelación la Embajada de Estados Unidos había expresado “serias preocupaciones” por los cambios constitucionales que impulsa el gobierno de la 4T en materia energética.
A su regreso al país, López Obrador aseguró que había explicado a Trudeau sobre los motivos por los cuales impulsó su iniciativa, pues a su juicio se usaba la bandera de las energías limpias para hacer negocios. De acuerdo con su versión, el canadiense se habría mostrado “muy receptivo”.
Eso habría que verlo porque lo cierto es que las empresas extranjeras ya han mostrado preocupación. Es el caso de General Motors, que ya adelantó posible cancelación de inversiones de no contar con un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables en el país, y en su caso buscaría otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones.
“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión”, afirmó su director general.
Este ejemplo es sólo referente de las posiciones contrarias a la reforma que difícilmente obtendrá el consenso de los partidos de la oposición.
Recientemente la diputada federal poblana Blanca Alcalá, aludiendo el tema, había reconocido a este medio sobre las dificultades de su aprobación en los términos como está planteada.
En ese contexto, ojalá entonces que PRI-PAN-PRD, como hicieron en las gestiones del Presupuesto, presenten de manera inteligente una propuesta alterna y que sobre esa base se tomen las mejores decisiones.
Eso esperaríamos, además de una actitud más concertadora y prudente de Morena y sus aliados y no, como algunos pronostican, que los aliancistas de Va por México procedan con ansias de venganza o mero revanchismo por el maltrato del que fueron objeto.
Finalmente, como también lo subrayó la legisladora Alcalá, “tenemos que evaluar qué es lo más conveniente para México”.
ADIÓS
Ayer fue el sepelio del amigo Javier López Díaz en una ceremonia sencilla celebrada en el Panteón Municipal.
Fue un evento sencillo y austero, sólo entre un reducido grupo de familiares y amigos.
No hubo excesos ni alardes, todo muy propio y acorde a su personalidad.
Adiós, querido amigo, se te recordará por siempre.
Me quedo mientras con tu generosidad y tu inmensa riqueza humana.
