Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Es muy loable que en un ejercicio de transparencia –no muy propio del actual gobierno federal–, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval haya asumido la incidencia de robos en carreteras federales, que en caso de Puebla es una preocupación constante.
En el reporte que ofreció durante la visita del pasado lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en robo al transporte y que este delito “tiene una tendencia al alza”.
Un día después, el general secretario aportó más datos al detallar que el año pasado se reportaron en la entidad poblana 2 mil 589 robos a transportistas en distintas carreteras federales.
Ante ello, aseguró que desde el año pasado fueron creados contingentes especiales de seguridad y células de inteligencia, en especial en los tramos de la vía Amozoc, de Puebla con Perote, Veracruz y en el Arco Norte.
En ese mismo contexto, el mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes ratificó que el tema fue abordado durante la visita presidencial y que se pactó reforzar la estrategia de seguridad en las carreteras federales que cruzan la entidad con acciones de elementos de los tres niveles de gobierno.
En la referida conferencia de prensa del lunes previo se hizo alusión también a otro delito de competencia federal que incide de manera notable en la seguridad: el robo de combustible.
En este caso, quizá no con la misma veracidad, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el robo de combustible se ha reducido hasta en un 95% durante su administración, ya que anteriormente se robaban 80 mil barriles de gasolina por día, mientras que en la actualidad se ha logrado disminuir a “solamente” cuatro mil 500.
Cuesta trabajo creer esa afirmación, sobre todo si se apela a un informe reciente de Pemex en el que la empresa paraestatal reconoce que “las tomas clandestinas de hidrocarburos registraron un incremento del 42.4% durante el 2023”.
Tan sólo en la entidad poblana se registraron 503 extracciones ilegales en 13 municipios diferentes, lo que significa un aumento del 42.4% en el número de tomas clandestinas ubicadas, 150 más que en el 2023, la mayoría en los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec y Xicotepec de Juárez.
Es bien sabido que Puebla se ubica entre las entidades del país con más tomas clandestinas y con actividad de “huachicoleo”, entre las que figuran también Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Guanajuato, entre otras.
En concreto, en lo que se refiere a delitos del ámbito federal con incidencia en Puebla, hay aumentos sustanciales tanto en los robos al transporte en carreteras como de hidrocarburos.
Tales consideraciones son significativas si al mismo tiempo se considera que en comparación con años anteriores, ahora hay una presencia mucho mayor de elementos de corporaciones federales en Puebla, ya sea del Ejército, la Armada de México y de la Guardia Nacional.
El mismo general Luis Cresencio Sandoval secretario de la Defensa Nacional informó que actualmente las fuerzas de seguridad federales en Puebla están conformadas por 3 mil 869 elementos del Ejército y la Fuerza Armada Mexicana, 187 de la Armada de México y casi 2 mil 790 de la Guardia Nacional, lo que suma casi 7 mil efectivos operativos que se coordinan con las autoridades locales en tareas de seguridad.
Para sus actividades operativas, desde 2020 la Guardia Nacional cuenta además con cuarteles en distintas locaciones de la entidad. Actualmente son 13 y otros cuatro están por inaugurarse, en tanto que el Congreso del estado recientemente autorizó la donación de predios para la construcción de nuevas instalaciones en otros ocho municipios.
Hay en apariencia voluntad política para atender estos graves problemas de seguridad que causan, invariablemente, descomposición social, pero lo que ahora faltan son resultados.
Algo no está funcionando bien.
¿Ha fallado la estrategia?
¿No ha sido útil la política de “abrazos, no balazos”?
¿Más vigilancia con muchos más elementos significa mayor seguridad?
Refilón
El PRI estatal anunció esta semana que ya tramita la expulsión al partido de Leobardo Soto Martínez, a quien acusan de “traidor”.
Cierto que hay otros casos recientes de militantes que han abandona las filas tricolores, pero han sido diferentes sus razones, todas por demás justificadas.
Quizá como a nadie, el cargo de “traidor” (desleal, infiel, renegado o desertor) le queda como anillo al dedo al dirigente poblano de la CTM quien ha antepuesto sus intereses personales por encima a los de su organización de trabajadores que está por cumplir 88 años para consolidarse como una de las más antiguas e importantes del mundo.
Donde estén, ¿qué dirían Don Fidel Velázquez y Don Blas Chumacero ante tan enorme deslealtad?
