El doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM, autor de al menos 50 textos académicos, es un personaje excepcional con quien tuve el privilegio de colaborar durante siete años en tareas de comunicación social cuando presidió la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría General de la República.
Le seguí después sus pasos como Presidente y fundador del Tribunal Superior Agrario y como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Lo he valorado siempre por su sapiencia y probidad; como prominente jurista y por su visión de Estado. Su juicio crítico y sustentado me merece la mayor autoridad.
Lo refiero tras conocer su postura respecto al Acuerdo del presidente Andrés Manuel López difundido en la víspera, mediante el cual la Fuerza Armada permanente, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, colaborará por cinco años con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
Tal documento establece que la Fuerza Armada “desarrollará actividades de seguridad definidas para la Guardia Nacional y deberá observar en todo momento un estricto respeto a los derechos humanos”.
Al día siguiente de la publicación del Decreto, el propio presidente López Obrador declaró que las Fuerzas Armadas son necesarias para el combate a la inseguridad en el país, y destacó que pese a las críticas y los señalamientos sobre una militarización, mantendrá su apuesta de que el Ejército y la Marina trabajen de manera coordinada con la Guardia Nacional.
Puntualizó además que la Guardia Nacional estará coordinada con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, “porque se necesita que el nuevo cuerpo de seguridad retome la disciplina y profesionalismo de las Fuerzas Armadas.
¿Qué dijo al respecto el doctor García Ramírez?
El encabezado de su artículo lo compendia todo: “Un error, Presidente”.
“Error de quien tiene a su cargo la tutela de los derechos y las libertades de los ciudadanos, la integridad de las instituciones y la salvaguarda de la democracia. El acuerdo —error de mayo— militariza la seguridad pública. Llena una página en estas jornadas y podrá llenar otra, sombría, en las que se avecinan”, asienta.
Y agrega, con nitidez: “Hay que mantener en vigilia el deslinde entre ejército y policía. Cada uno tiene atribuciones conforme a su naturaleza; responde a diversas vocaciones institucionales; se integra, prepara y actúa bajo sus atribuciones y al amparo de su vocación. Convertir al ejército en policía entraña graves peligros —de los que muchos países dan testimonio, y México no es excepción— para los derechos humanos y para la sociedad democrática. Nuestros derechos y nuestra sociedad.
“La resolución presidencial —orden, acuerdo, decreto reglamento o lo que sea— del 11 de mayo de 2020 incurre en la conversión indeseable que ahora cuestiono: las Fuerzas Armadas serán policía. Los ciudadanos y el país en su conjunto —pero también las propias Fuerzas Armadas— cosecharán las consecuencias”.
Señala García Ramírez que de los cinco años a los que se concede la colaboración a las Fuerzas Armadas, ya transcurrió más de uno y en ese lapso “ fue desmontada la Policía Federal y no se han enderezado las policías locales”
La Guardia Nacional, afirma, no acaba de asentarse. “Y la sociedad observa, alarmada y decepcionada, el auge del crimen y la impotencia del poder público”. Por eso ahora parece necesario poner en marcha la disposición contenida en aquel artículo quinto transitorio. Nos estábamos olvidando de que ese precepto velaba armas en silencio, pendiente del momento de tomarlas. La decisión del presidente ha sido clara: llegó el momento. Germinó la semilla plantada en 2019”.
Y remata: “La reflexión sobre este tema me lleva a recordar una expresión de Talleyrand —¿o de Fouché?— cuando Napoleón ordenó o toleró la muerte del duque de Enghien. ¿Era un crimen? No, dijo Talleyrand, es algo más grave: es un error”.
“¿Es un crimen la resolución presidencial a la que me he venido refiriendo? Dejo la respuesta a quienes han comenzado a analizar con rigor ese acuerdo inclemente. De lo que no tengo duda, Presidente, es de que se trata de un error que tendrá graves consecuencias para quien lo dispuso y para quienes padezcan sus efectos”.
Poco hay que agregar a los razonamientos lúcidos de García Ramírez, aunque prevalecen dudas.
A la irregularidad y presunta inconstitucionalidad del Decreto, en su pronta emisión se advierte también una inexplicable celeridad.
¿Cuál es la prisa?
¿Qué escenario social se está observando desde la cúpula de la 4T tras los efectos –que pudieran ser catastróficos- de las actuales crisis de salud pública y financiera?
No son meras galimatías.
Como lo he sostenido otras veces, creo que Ejército está siendo utilizado para defender no un proyecto nacional, sino toda una estructura de poder, cuyas cuatro paredes, a su vez, son sostenidas por cimientos ideológicos.
Muy peligroso, demasiada fragilidad.
Ojala no lo tengamos que lamentar.
