Por la mañana del pasado lunes, en las primeras horas del Día Internacional de la Mujer, una dama a la que especialmente aprecio y respeto, subió un mensaje en el chat que compartimos hace tiempo con un grupo de amigos y familiares.
“Les mando un abrazo muy grande a las mujeres de esta familia, las más fuertes, las más resilientes, las más chingonas que conozco, no las felicito porque no soy de las que piensa que debe haber un día en especial para valorar a las mujeres o a las madres, o a los hombres o a los niños; soy de las que piensa que debemos respetarnos y valorarnos todos los días, entre todos”.
Las respuestas de los demás miembros del grupo, hombres y mujeres, fueron prontas y todas coincidentes. No podía ser de otra manera.
Atento a los sucesos del día, horas después me sobresaltaron las imágenes que profusamente se difundían en redes sociales.
De varias fuentes, en muy diversos videos se podía observar a grupos de entusiastas mujeres cometiendo actos vandálicos.
Las escenas eran patéticas, igual en el edificio del Congreso del Estado que en la sede central de la Fiscalía General de la República y las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos y del PRI, además de un amago en la Catedral poblana.
A su paso y sin recato, algunas mujeres violentaban inmuebles y hasta vehículos estacionados en la vía pública.
Compartí esos videos en el chat de mis allegados con un lacónico mensaje: “Estoy con ellas, pero esta parte no la entiendo”.
Una de las respuestas lo decía todo: “Qué vergüenza”.
Sentí también vergüenza y sigo todavía sin entenderlo.
Me resulta difícil explicar cómo se puede ser parte de un movimiento que exige, ante todo, respeto y legalidad y al mismo tiempo incurrir en actos de ilegalidad.
No comprendo qué pudo impulsar a las manifestantes a desvirtuar sus reclamos, todos ellos fundados, para recurrir a tan irracional violencia.
Se concibe por un lado el coraje feminista, la frustración acumulada por tantos agravios contenidos, pero no hay manera de justificar el vandalismo ni su desbordado proceder.
¿Qué hay detrás de toda esa furia? Si bien su voz se escucha clara y fuerte como nunca antes y el reconocimiento a sus derechos es cada vez más tangible, también es cierto que falta mucho aun para resarcir la inequidad que existe todavía en perjuicio de las mujeres en México, que representan el 51.5% de la población.
Mal se haría en no reconocer los avances logrados en los últimos años, no siempre por cierto por concesión gratuita, sino como resultado de la perseverante lucha de muchas mujeres en distintos ámbitos.
Sería peor todavía soslayar los múltiples rezagos existentes aun en zonas urbanas y desarrolladas, pero con mayor énfasis en poblaciones de marginación y pobreza que abundan en el país.
Es imposible ocultar que la enraizada existencia de múltiples formas de exclusión y sometimiento, expresadas muchas veces en forma grosera e insultante.
El caldo de cultivo permanece evidenciado en la vida de miles de mujeres que enfrentan cada día las adversidades de la pobreza, la desigualdad social, la discriminación y en las muchas formas de violencia.
Esos males, algunos de origen ancestral, se han dimensionado en estos días adversos de crisis económica y de pandemia sanitaria.
Datos del INEGI confirman que “la situación laboral de las mujeres ha sido más afectada por la contingencia sanitaria, en comparación con los hombres; con una pérdida de empleo mayor, una recuperación más lenta de la ocupación y condiciones laborales menos favorables”.
A ello se suma el aumento sustancial de tareas bajo el cargo rutinario de las mujeres en sus hogares debido al obligado y largo confinamiento de muchas familias y además, en múltiples casos, a la necesidad de ofrecer vigilancia, acompañamiento y apoyo escolar a sus hijos, que de manera imperiosa deben seguir sus cursos de educativos en casa.
Además, las responsabilidades de los cuidados en el hogar han orillado a más mujeres que hombres a abandonar sus trabajos.
En ese entorno persiste la constante comisión de delitos de género, como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia familiar, el acoso y hostigamientos sexuales, trata de personas, entre otros.
El panorama actual en el país es de más violaciones, más violencia intrafamiliar y más acoso, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A nivel nacional, el acoso sexual subió de 4 mil 204 denuncias en 2019 a 5 mil 597 en 2020 (33 por ciento más); la violación equiparada pasó de 3 mil 674 a 4 mil 225, es decir, un incremento de 15 por ciento y los casos de violencia familiar, de 210 mil 158 a 220 mil 39 en el mismo periodo (5 por ciento más).
Es relevante acotar que acuerdo a una encuesta de El País, 68% de la población considera que la violencia de género ha aumentado notablemente este último año y un porcentaje similar (62%) cree que la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los movimientos feministas no está siendo la adecuada.
En general, el gobierno de la 4T no ha sido empático con los movimientos feministas y esa percepción se agudizó con el “amurallamiento” del Palacio Nacional y con la defensa que el propio presidente López Obrador ha hecho de su candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pese a las evidencias de ser un reiterado infractor de delitos sexuales.
Son muchas las tareas pendientes en torno a la mujer. La IBERO-Puebla plantea entre otras prioridades, reconocer que la desigualdad y violencias basadas en el género y otras condiciones son inadmisibles y, por tanto, son de la mayor preocupación y prioridad de las instituciones, así como generar las condiciones y manifestar voluntad concreta y sustantiva para relacionarse desde la equidad y el respeto con la población femenina, incluyendo sus distintas expresiones organizativas y de lucha.
Al mismo tiempo, sugiere promover, facilitar y garantizar la participación y toma de decisiones de las mujeres, adolescentes y niñas en todos los asuntos que les interesen y/o afecten y asumir con acciones concretas sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas con la justicia, la verdad y la reparación en todos los casos de violencia contra niñas y mujeres.
Por último, pide garantizar la puesta en marcha de políticas públicas con perspectiva de género y atención integral que abatan la brecha de desigualdad y cumplan con la obligación de garantizar el pleno ejercicio de todos sus derechos.
Ante todas estas verdades, de ambos flancos, es momento de recapitular la lucha que debiera ser de toda la sociedad para abatir la brecha de desigualdad y extinguir la violencia casi endémica contra la mujer, sin perder de vista que la violencia no se combate con más violencia.
Todos queremos mujeres líderes, empoderadas, en franca posición de paridad, no delincuentes.
El pasado lunes se cometieron actos que constituyen delitos y que deben ser sancionados. Esa es una obligación del Estado.
Y quien diga que eso es tanto como “criminalizar la protesta”, se equivoca.
La justicia transita en dos carriles, de ida y vuelta; para exigirla primero hay que acatarla.
No proceder legalmente sería una omisión imperdonable; equivaldría a dar cobijo a la impunidad, ese mal que tanto daño nos ha hecho por años tanto a hombres y mujeres de Puebla y del país.
