Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Distraídos por los diversos incidentes que a diario ocurren en los escenarios nacional y local en torno a las campañas electorales, pareciera que no se brinda la atención que merecen otros temas de particular impacto, muchos de los cuales afloraron durante la semana que concluye.
Por tanto, habría que pausar el acontecer reciente y no dejarse ir con la prisa que parece tener el gobierno federal a poco más de cinco meses de que concluya su periodo, mientras que, al menos en su trabajo ordinario, la próxima semana será la última de la actual legislatura federal.
Con el tiempo encima, el presidente Andrés Manuel López Obrador con inesperadas e impropias iniciativas y la mayoría legislativa con Morena a la cabeza, parecen estar dispuestos en poner toda la carne en el asador.
En esa dinámica, como cereza en el pastel, detonó esta semana un enorme escándalo derivado de una denuncia anónima contra Arturo Záldivar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quien ya se sospechaba de su colusión con la 4T, misma que se acrecentó luego que el propio AMLO reconociera hace dos meses sobre la cercanía y afinidad que mantuvo con el jurista.
Los cargos que se le atribuyen a Zaldívar y a 60 de sus más cercanos colaboradores durante su gestión no son menores: vulneración a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, extorsión, falta de profesionalismo, tráfico de influencia, obstrucción de la justicia, abuso de funciones, desvío de recursos y hasta violencia y hostigamiento sexual.
En suma, dicho por los propios jueces y magistrados afectados que parecen estar dispuestos a corroborar las acusaciones, fueron hostigados por distintas vías para que sus resoluciones fueran a favor del gobierno y de los intereses de los altos mandos, en cuyo entramado aparece como actor fundamental el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer García.
Entre los casos específicos que se mencionan en la denuncia, destacan los relativos a la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica, el de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la respectiva cancelación del proyecto de Texcoco, el del Tren Maya, así como los vinculados al exdirector de Pemex Emilio Lozoya y el de Rosario Robles, quien ya fue exonerada tras mantenerla injustamente en prisión.
El tema tiene la mayor importancia porque es justamente al exministro Zaldívar, incorporado a la campaña de Claudia Sheinbaum tras dimitir de manera anticipada al cargo, a quien se había encomendado elaborar y coordinar el proyecto integral de las reformas al Poder Judicial de la Federación. Algo así como si la Iglesia quedara en manos de Lutero.
Como es natural, tanto la candidata presidencial de Morena como el propio presidente López Obrador salieron en pronta defensa de Zaldívar, con el argumento de que el asunto es eminentemente político, una estrategia de los opositores en el entorno electoral.
“Hay resistencias y qué hacen los corruptos que dominaban antes, que se sentían los dueños de México, van y se refugian en el Poder Judicial, que desde antes estaba tomado, porque cuando empezaron a hacer los enjuagues, arreglos, las componendas, los que aparentemente eran distintos y terminaron demostrando que son iguales, que se quitaron las máscaras”, exclamó el presidente a botepronto.
Y claro, como también era previsible, el mismo Arturo Zaldívar respondió a la denuncia para negar los cargos y anunciar que emprendería diversas acciones legales contra la actual titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a quien acusó de estar atrás de la maniobra y de involucrarse en el proceso electoral para favorecer a la candidata opositora Xóchitl Gálvez.
A su juicio, la presunta intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral y del uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación “nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó.
En ese tenor, amenazó con presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, otras ante el INE y la propia Suprema Corte, además de solicitar al Congreso se instaure juicio político contra la ministra Piña.
De manera inusitada, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también se sumó a la defensa de Zaldívar al afirmar que se trata de una guerra sucia por el impulso que el exministro ha dado a la reforma judicial, que “de aprobarse, todos los ministros de la Suprema Corte serían removidos y reemplazados por otros que sean elegidos por voto popular”.
Hay desde luego muchos intereses de por medio que hacen suponer un estire y afloje que llevará buen tiempo y que presagia un desgaste institucional inusitado en el que está en juego una buena parte del futuro nacional.
Total, toda una fragorosa batalla de dimes y diretes que por lo pronto opacan de gran manera el poco prestigio que ostentaba el Poder Judicial de la Federación, además que afectan las buenas intenciones, si las había, de una reforma a fondo tan necesaria en el ámbito judicial.
Mientras que todo eso ocurría, durante los últimos días generó también asombro e inconformidades la displicencia de la mayoría de la 4T en el Congreso, al dar por buenas varias iniciativas de especial envergadura, como la relativa a las afores o a la controvertida Ley de Amnistía, que le concede al presidente la facultad de indultar a cualquier criminal, así como aquella que propone reformas para prohibir que las suspensiones en juicios de amparo tengan efectos generales.
Se trata, en todos los casos, de normas legales de muy directa repercusión en la convivencia social y que en todo caso merecen ser discutidas y analizadas con mayor profundidad, pero, como asentaba al principio, al parecer la prisa es mucha y, pese a todos los riesgos, se está legislando a contrarreloj.
Prueba de ese correteo de última hora es que por un “error técnico” –como explicaría el diputado poblano Ignacio Mier–, no se pudo aprobar el fin de semana la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo fideicomiso pretende concentrar casi 40 mil millones de pesos de los ahorros de trabajadores mayores de 70 años que, habiendo cotizado en las afores, no han reclamado sus recursos.
Esta iniciativa también echó varios leños a la hoguera de la discusión pública durante la semana.
El oficialismo sostiene que no afecta a los trabajadores involucrados que no han cobrado sus afores, porque lo pueden hacer si lo desean, mientras que los opositores señalan que al tomar sin permiso el ahorro de los trabajadores, el gobierno comete un robo auténtico de enormes proporciones. “Tomar lo ajeno es robar en despoblado, es atentar contra el patrimonio privado”, argumentaron.
Otro sector más moderado consideró que el gobierno bien pudo consultar a los trabajadores que no han cobrado su fondo de retiro para que sean ellos los que decidan la alternativa que mejor les parezca.
Como sea, con esa reforma, el gobierno estará disponiendo de recursos que no le pertenecen, mientras que de manera colateral transitan otras disposiciones que a simple vista son un retroceso legal, como las que atañen las materias de amparo y de amnistía.
Sumado todo al caso del Poder Judicial, parece haber los ingredientes suficientes para elaborar un explosivo coctel, justo en los días previos al proceso electoral.
Ante este alud y con toda posibilidad de acertar, es inevitable ahora pensar mal.
