Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Como estaba previsto, la Cámara de Diputados desechó el pasado miércoles el proyecto de reforma electoral que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta legislativa fue rechazada al no lograr la mayoría calificada de 333 votos, que se requiere para modificar la Constitución. El resultado de la votación a nadie sorprendió, fue el presagiado: Morena y sus aliados PT y PVEM obtuvieron 269 votos a favor, por los 225 en contra del PRI, PAN, PRD y MC.
En sus puntos medulares, la propuesta presidencial que no prosperó tenía la intención de aplicar cambios sustanciales en el Instituto Nacional Electoral, incluso desde su nominación, de INE a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).
Proponía disminuir el número de consejeros, de 11 a siete, y eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en el país, además de plantear que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran electos mediante voto popular.
También pretendía reducir el número de diputados de 500 a 300, así como el de senadores de 128 a 96, además de quitar el financiamiento público a partidos políticos cuando no haya campañas electorales y disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante.
Los partidos de oposición votaron en contra bajo la premisa anunciada de que “el INE no se toca”. Lograron su propósito, pero fue pírrica su victoria. La reacción del bloque mayoritario de la 4T fue inmediata.
A su as bajo la manga le llamaron Plan B, una nueva propuesta para acotar al máximo la estructura del órgano electoral.
La nueva propuesta presidencial planteó entonces reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Morena hizo suyos estos nuevos lineamientos con algunas adiciones elaboradas al vapor, sobre las rodillas, en plena madrugada del mismo miércoles.
Ese paquete, con la renovada iniciativa para reformar seis leyes secundarias en materia electoral, estaba contenido en 457 artículos, poco más de 300 hojas que merecían análisis y discusión, pero no había tiempo para ello. La consigna de la 4T era aprobar el dictamen por la vía rápida, bajo el inadmisible recurso del fast track en un tema toral para la vida nacional.
Sin mayor debate, sin mayor ponderación, sin respeto a los procedimientos legislativos, incluso sin posibilidad siquiera de dar cabal lectura a la nueva propuesta, los legisladores afines a la 4T aprobaron el nuevo dictamen.
Consummatum est, a muy altas horas y con todos sus excesos. Incluso, también con todos sus errores.
En los añadidos, a petición de las bancadas del PT y del PVEM, se facultó a los partidos minoritarios transferir votos cuando vayan en coalición, así como la posibilidad de mantener su registro nacional con sólo conservar el registro local.
Se aprobó también que puedan recibir financiamiento en las entidades con sólo conservar el registro nacional, aún si perdió el registro en el estado; además de permitir que sean utilizados los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales y para la elección federal o local siguiente.
¡Una barbaridad!
Y lo peor: una violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Fue hasta al día siguiente que se reconoció la pifia. En su mañanera del jueves incluso el presidente López Obrador mostró indignación, por el agandalle legislativo, y ofreció promover las correcciones.
Como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el poblano Ignacio Mier quedó en el ojo del huracán. Tuvo que asumir la culpa de garrafal proceder y debió aceptar que solicitará al Senado la corrección de la minuta avalada durante la madrugada, por contener al menos un par de párrafos claramente anticonstitucionales.
Error de ese tamaño no tiene precedente en la historia parlamentaria.
“Inédito”, lo llamó el mandatario estatal Miguel Barbosa, quien de temas legislativos es un experto. “Me quedé con la boca abierta. Don Ignacio Mier no sirve para eso, el parlamentarismo no es lo suyo”, dijo.
Y hasta sugirió regalarle para Navidad un texto de la Constitución.
El daño está hecho, aunque hay tiempo para resarcirlo. La tremenda pifia quedará para la historia.
Ahora el resto del dictamen aprobado por los diputados pasará a la cancha del Senado de la República, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ya ofreció al menos escuchar a la oposición y dejar que las comisiones hagan su trabajo.
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, juzgó que la reforma aprobada esta semana es “la menos racional y responsable” que se haya formulado en México en los últimos 50 años y llamó a los senadores a la mesura, a una visión de Estado y al compromiso democrático, “que hasta ahora han estado ausentes”.
Entre las nuevas disposiciones, se extinguen de facto dos fideicomisos del INE, a la vez que prohíben al órgano electoral la creación de nuevos fondos o fideicomisos.
También restringen la posibilidad de contratar seguros de gastos médicos mayores o esquemas similares y se plantea crear el Sistema Nacional Electoral (SNE), integrando estructura del INE y la de los OPLE.
Establece que los consejeros electorales no podrán ganar más que el presidente de la República, plantea también –absurdamente– eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), área que ni siquiera existe, así como fusionar y compactar diversas direcciones ejecutivas.
Obliga a modificar el calendario del proceso electoral para compactar procesos y eliminar dos Salas Regionales, que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del TEPJF.
Esas y otras medidas, se presume, habrían de generar ahorros sustanciales, como si eso fuera lo relevante cuando el afán primario tendría que ser el perfeccionar nuestra muy deteriorada democracia.
Es inocultable que, en esencia, las nuevas normas electorales promovidas por la 4T tienen un tufo de virtual venganza, tras el rechazo de su propuesta original.
Y como fatal añadido, el hecho de que en ese impulso por el desquite se haya cometido el gigantesco error de vulnerar nuestra Carta Magna.
Este suceso permanecerá en los anales del parlamentarismo mexicano, con un imborrable sello de vergüenza. Ni duda cabe.
