SOLILOQUIO
Felipe Flores Núñez
Por su repercusión social y también política, es la nota de la semana y será de las más importantes del año: al fin el Congreso del Estado decidió dar curso al controversial tema de la despenalización del aborto en Puebla.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó el pasado viernes reformar el código penal para permitir la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación.
La iniciativa será presentada este mismo lunes ante el Pleno para su definitiva validación.
El proyecto que se pondrá a consideración de los 41 legisladores poblanos, y que de entrada tendrá la evidente oposición de la bancada del PAN, plantea reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyo nuevo texto establece en su parte sustancial:
“Artículo 339. Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación.
Artículo 340. Se impondrán de quince días a dos meses de trabajo en favor de la comunidad a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las catorce semanas de embarazo.
A la persona que hiciere abortar a una mujer o persona gestante, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella, se impondrán de 15 días a 2 meses de prisión y multa de hasta de cien Unidades de Medida y Actualización”.
El tránsito para llegar a este acuerdo ha sido largo y sinuoso, al tener que sortearse innumerables vicisitudes que se entienden en un entorno social poblano todavía de tintes conservadores donde prevalecen valores éticos, morales y religiosos.
Están en contrapeso las demandas que numerosos grupos de mujeres han planteado de diversas formas para evitar que sean criminalizadas y por hacer respetar el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos.
Más allá están desde luego los argumentos de carácter estrictamente legal tras las sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto; la inconstitucionalidad de la protección de la vi- da desde el momento de la concepción y la regulación de los límites de la objeción de conciencia.
En todo este escenario, era inevitable afrontar el tema a sabiendas de que hay posiciones encontradas, algunas con fundamento y otras francamente absurdas, provenientes –suena raro– de personajes afines a la 4T, corriente política que fue la que sentó el precedente en la Ciudad de México al impulsar reformas similares desde 2007.
Entre esos despistados morenistas, hay que subrayarlo, figura por ejemplo el secretario general en Puebla, Agustín Guerrero, quien esta semana habría dicho que “podría esperar” la despenalización del aborto en Puebla y que no era necesaria porque había otras vías disponibles.
Otro que pecó de franco desvarío fue el diputado local Fernando Sánchez Sasia (el mismo que recientemente propuso cuatro años de cárcel a manifestaciones que cierren vialidades), quien de plano se negó a votar en la reunión de comisiones del pasado jueves.
Su abstención la justificó al señalar que las reformas del proyecto legislativo “provocarán la creación de clínicas clandestinas, además que se desconocen cifras de cuántas mujeres han perdido la vida por practicar un aborto y también cuántas han realizado esta práctica, lo cual debería analizarse puntualmente”.
Por otro lado, todavía el jueves pasado miembros de la agrupación Pro-Vida hicieron un último intento de obstruir la propuesta legislativa al manifestarse en el Congreso del Estado, en tanto que otros activistas la alentaban por considerar que trata sobre un derecho fundamental de las mujeres.
Hay otras corrientes cuyos voceros tienen calidad moral y que con mejores argumentos se oponen a la reforma para despenalizar el aborto.
Una absolutamente comprensible es la del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, quien en la víspera ratificó su desacuerdo, aunque se dijo abierto a dialogar del tema con los legisladores.
“Mi opinión es la de la Iglesia, que está por la vida, por la familia, por la sacralidad de la vida”, señaló al explicar que su postura “se basa en la defensa de la vida desde la concepción y el apoyo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad”.
En otra ocasión el prelado había atribuido al aborto como el origen de la cultura de la muerte y lamentó que ahora la sociedad está inmersa en esta cultura, que se traduce en crímenes de odio y la normalización de la violencia desde la infancia.
“Hoy impera la cultura de la muerte, se normaliza y trivializa la muerte, los niños están a merced de dispositivos electrónicos con videojuegos en los que se gana matando y destruyendo”.
Por otra parte, este mismo viernes el rector de la UPAEP, Emilio Sánchez Ba- ños, lamentó que el tema de la despenali- zación del aborto no haya sido ventilado sin escuchar las voces de la sociedad civil.
Mediante un comunicado se asegura que el proyecto legislativo no incluye un soporte científico sobre la propuesta de permitir el aborto hasta las 14 semanas de embarazo, por lo que pregunta bajo qué argumentos se supondría que es aceptable eliminar una vida en gestación en ese periodo específico de desarrollo.
También se afirma que cualquier pro- cedimiento, terapéutico o quirúrgico, implica un riesgo para la persona, por tanto cuestiona si es factible para un médico garantizar que el aborto será “seguro”.
Al asegurar además que en todo el desarrollo del proyecto se evade considerar la inminente participación del varón, y por tanto parece eximido de su responsabilidad, cuestiona si esa no es una forma de favorecer la violencia contra la mujer y el abandono machista.
Igualmente, se pregunta sobre las garantías de seguimiento a la salud física y psicológica que se les brindaría a las mu- jeres que hayan abortado y respecto a los criterios de rigor científico que se utilizarán para normar entre los médicos la aplicación de la objeción de conciencia.
Se trata de dudas razonables que habría que atender, aunque ante ello la UPAEP considera todavía relevante abrir un amplio diálogo público mediante un parlamento abierto, “por tratarse de un proyecto de ley de enorme gravedad y trascendencia”, lo cual, como es evidente, ya no será posible dado que está prevista para este lunes la sesión plenaria de legisladores a fin de aprobar las reformas, sin dejar de reconocer que hay aún mucho camino por recorrer.
Ojalá que el siguiente paso, y eso le corresponderá a la legislatura entrante que tendrá un dominio absoluto de la corriente de la 4T, se ponderen con seriedad y hondura otros temas igualmente impostergables, alusivos a la violencia y al mal- trato a la mujer.
Por lo pronto, llegó finalmente la hora que dará fin a estigmas y discursos sobre el tema del aborto.
Aquí no hay, no debería haber, gana- dores ni perdedores.
Los nuevos tiempos en un marco de respeto a legalidad así lo exigen.
