Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Con un par de eventos celebrados esta semana, ambos de alto impacto social, el gobierno estatal ratificó la fortaleza de su sistema de salud.
El pasado martes anunció el innovador programa “Viernes de las mujeres”, cuyo objetivo es aproximar servicios médicos de alta especialidad a todas las comunidades marginadas y de difícil acceso geográfico.
Y apenas ayer inauguró la Unidad de Hemodiálisis para la atención de pacientes con enfermedad renal crónica, ubicada en el Hospital del Sur, la que se suma a la recientemente instalada en el Hospital de Niño Poblano.
Con tales acciones, Puebla se mantiene a la vanguardia en la prestación de servicios de salud.
No una, varias veces, ha sido referente y ejemplo a nivel nacional.
Lo fue durante la pandemia, al reconocerse la gestión y las estrategias aplicadas para prevenir y contener la cadena de contagios de COVID-19 y para hacer más eficiente la aplicación de las vacunas.
Lo ha sido por la incorporación de un quirófano itinerante –único en el mundo– que han permitido más de 680 intervenciones en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos de la entidad.
Ahora lo reafirma con su programa en apoyo a mujeres que se inicia este fin de semana en Cuautempan, donde llevará módulos para la prestación de servicios de alta especialidad para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad y detectar enfermedades crónicas en todas las edades.
Y lo ratifica con la referida apertura de una nueva unidad de hemodiálisis, lo que ubica a Puebla en el segundo lugar en todo el país en otorgar dicho servicio totalmente gratuito, lo cual significa un ahorro para los pacientes de casi 180 mil pesos anuales.
A todo ello debe sumarse la reciente puesta en marcha de las obras para erigir dos nuevos centros médicos que se integrarán al Hospital del Niño Poblano; uno para atender a menores con padecimientos cardiovasculares –no hay otro similar en el país– y el otro para niños con cáncer.
Queda claro: el mandatario Céspedes Peregrina está dispuesto a consolidar las políticas públicas que sembró el exgobernador Miguel Barbosa en materia de salud, para beneficiar especialmente a los grupos y sectores más desprotegidos.
Todo lo anterior puede leerse como una clara señal, justo ahora cuando está por decidirse si Puebla se incorpora o no al nuevo esquema que impulsa el gobierno federal con el modelo del IMSS-Bienestar.
La intención de dicho programa es federalizar todos los servicios de salud, que equivale a concentrar bajo la administración del gobierno de la República la enorme estructura de todos los servicios médicos que actualmente ofrecen los gobiernos estatales.
Esta nueva figura, que ya se aplica en poco más de una docena de entidades, pretende asumir la prestación de todos los servicios médicos para quienes carezcan de seguridad social
IMSS-Bienestar también se hará cargo del personal médico, la administración y, sin intermediarios, se responsabilizará también de equipamiento, insumos y del abastecimiento de medicamentos.
Zoé Robledo, su director y responsable de reclutar entidades de manera “voluntaria”, ha dicho que este nuevo proyecto de salud unificado “deja atrás el modelo fragmentado para que cada persona tenga los mismos derechos, el mismo acceso, la misma calidad de servicios de salud”.
Hay razones pada dudarlo.
Justo en el rubro de la salud, la 4T a nivel federal no ha salido bien librada y está muy distante del ofrecimiento de contar en el país con un sistema de calidad como el que tiene Dinamarca.
Ya alguna vez habíamos enlistado algunas de las deficiencias mostradas por el gobierno federal y como algunos ejemplos referimos la extinción del programa del Seguro Popular y las improvisaciones del Insabi; el resquebrajamiento del sistema de abastecimiento de medicinas; la carestía de insumos oncológicos para menores de edad, los yerros en las políticas para enfrentar la pandemia y las irregularidades que han rayado en el caos en algunos hospitales públicos, como los que hemos visto precisamente en Puebla.
¿Necesita Puebla al IMSS Bienestar?
Ya en su momento el exgobernador Miguel Barbosa había dicho: “No, gracias”.
Presumía, con argumentos, que por cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios, Puebla tenía un sistema fuerte y consolidado. “Quizá el más fuerte del país”, aseguró.
Ese robusto sistema permite al gobierno estatal atender actualmente al 70 por ciento de la población total, que es de unos seis y medio millones de habitantes, mientras que el 30 por ciento restante corresponde a las dependencias federales, como el IMSS y el ISSSTE, mayoritariamente, así como al ISSSTEP, a los hospitales Militar y Universitario y a los demás nosocomios privados.
Hay además en el secretario estatal José Antonio García un liderazgo inobjetable. Por cierto, en su reciente comparecencia ante legisladores insinuó una posible declinación, al señalar que en Puebla “no hay condiciones” para adoptar al IMSS-Bienestar.
El caso es que el gobierno estatal está haciendo sus últimas ponderaciones para tomar una decisión final.
De poner el desempeño estatal en la justa balanza, no habría argumentos para sumarse a esa iniciativa.
No, en apariencia.
A menos, y eso habría que asumirlo con otra visión, de que hubiera razones de índole política.
Y ahí sí, ni hablar.
