Soliloquio
Felipe Flores Núñez
El slogan con el que el exgobernador Rafael Moreno Valle presumía sus fastuosas obras con motivo de su último informe de gobierno era impecable e implacable: “Sin pedir un peso prestado”.
Muchos le creímos. Se deducía entonces que su visión y habilidad financiera le habían permitido, más allá de atender los compromisos de rigor, disponer de recursos suficientes como para concretar magnas y suntuosas obras, como el Centro Integral de Servicios (CIS), la Estrella de Puebla, la planta de Audi, el Museo Internacional Barroco, entre otras.
No había por qué dudar de sus capacidades en el manejo de los dineros. Egresado de Harvard, antes de ser el secretario de Planeación y Finanzas en el gobierno de Melquiades Morales Flores había tenido un desempeño brillante en el sector bancario: subtesorero de Banca Corporativa y luego vicepresidente para América Latina del banco alemán Dresdner Bank, con sede en Nueva York, además de un alto cargo en el Banco Mundial.
Eran esos los tiempos en los que el ahora extinto Moreno Valle hacía lo imposible por atraer los reflectores a nivel nacional, en apego a su obsesivo sueño por alcanzar la candidatura presidencial.
En realidad, Moreno Valle no mintió cuando afirmaba que no había pedido “un solo peso prestado”.
Cuestión de semántica.
No recurrió a deuda pública, pero, en estricto rigor, sí endeudó al estado a largo plazo con cifras millonarias.
Lo que hizo fue manipular la verdad a su conveniencia al comprometer pagos que debían cubrir las siguientes generaciones hasta por 47 mil millones de pesos.
Lo hizo al recurrir a enredados esquemas financieros, como el de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Proyectos de Inversión (PI).
Una investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señalaba desde entonces que, al recurrir a fideicomisos privados para financiar sus obras, los pasivos podrían oscilar en los 70 mil millones de pesos.
En particular, la indagatoria se refería a uno manejado por la empresa Evercore –propiedad del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe–, en el cual, se acusó, la administración estatal se comprometió a que el estado deposite los ingresos por Impuesto Sobre Nómina (ISN) durante los próximos 50 años.
A su vez, el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias denunciaba que los ingresos del estado también estaban Felipe Flores Núñez Soliloquio “Sin pedir un peso prestado…” comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios , con el cual se contrajeron pasivos por 4 mil 500 millones de pesos pagaderos a 25 años.
Igualmente, por la edificación del Museo Internacional del Barroco, que significó pasivos por 7 mil 176 millones de pesos pagaderos a 23 años, y por los pasivos para financiar el apoyo a la instalación de la planta armadora de automóviles Audi, que ascienden a 10 mil 800 millones de pesos pagaderos a 15 años.
El gobierno estatal nunca reconoció que esas transacciones fueran “deuda pública”, pero lo cierto es que el boquete estaba consumado en perjuicio de las finanzas estatales.
Valga todo este recuento porque durante la semana que concluye, el presidente Andrés Manuel López se refirió al tema, específicamente en el caso del Museo Barroco, cuyo costo por 8 mil millones de pesos calificó como “un robo a la vista de todos”, razón por la que sugirió al gobierno de Puebla renegociar el contrato vigente, que obliga a pagos mensuales de 35 millones de pesos, o de plano rescindir el acuerdo con la empresa constructora.
Tal llamamiento tiene especial significado, porque si bien el gobierno estatal ha hecho varios intentos para ablandar el crédito, hasta ahora nadie había planteado la posibilidad de recurrir a la vía legal para una posible rescisión de contrato, tema que el gobernador Sergio Salomón Céspedes retomó el cierre de semana.
“Estamos en un análisis puntual de ello y de diferentes compromisos financieros que tenía el gobierno del estado. Estaremos informando al señor presidente, buscando una reducción de las cargas al estado y de lo que permita la situación legal”, declaró al juzgar que los contratos pactados durante el morenovallismo fueron “leoninos”.
En ese sentido, adelantó que se analiza la situación financiera y legal en caso de que se deban solventar posibles penalizaciones por la rescisión del contrato, como fue el caso de la armadora Audi que se construyó en San José Chiapa, y con el Centro Integral de Servicios, donde hubo acuerdos con diversas instituciones financieras para reducir la carga financiera al estado.
Explicó que se trata de un tema de “argumentación legal” que corresponde al área jurídica del gobierno después de revisar lo que estipulan los contratos. “Todo depende del tema financiero, en ver si tenemos la capacidad para solventar las penalizaciones que tiene la rescisión de un contrato”, comentó.
Al respecto, debe destacarse que el costo de construcción del Museo Barroco fue de 12 mil 66 millones de pesos, previéndose su finiquito hasta el año 2039, toda vez que la deuda actual a la empresa que lo edificó es todavía de 9 mil millones 516 mil 333 pesos, por lo que cualquier ajuste a favor del gobierno sería significativo.
En el presupuesto de Egresos para 2024, cuyo proyecto debe aprobar el Congreso antes del próximo 15 de diciembre, fue etiquetado un monto de mil 483 millones, 487 mil 15 pesos para cumplir con los compromisos de pago a largo plazo, lo que significa 28.7 millones de pesos más que lo asignado en 2023;, esto es, un incremento de 6.3%.
En suma, cada mes se pagan casi 35 millones de pesos por el Museo Barroco y a esa cifra hay que sumar los adeudos heredados por otras obras, como el caso de la plataforma de Audi, a la que se debe cubrir casi 754 millones de pesos, lo que obliga a un pago mensual de 62 millones de pesos, en tanto que por la construcción del Centro Integral de Servicios, hay pagos pendientes por poco mas de 242 millones de pesos, con el compromiso de saldar cada mes unos 20 millones de pesos.
Obras de relumbrón, de mero “apantalle” y con trasfondo político que en su momento llegaron a impresionar.
Ojalá que el gobierno de Céspedes Peregrina logre renegociar la deuda aún onerosa por la construcción del Museo Barroco y se pueda resarcir en algo la pesada carga que se contrajo “sin pedir un peso prestado”.
Y, de no ser así, ojalá que se encuentre la vía legal para recurrir a una posible rescisión de contrato cuyas condiciones fueron, ciertamente, “leoninas” y constituyeron “un robo” en perjuicio de las finanzas estatales.
Por mientras, no queda más que imaginar lo que al paso de los años se pudo haber hecho a favor del desarrollo de la entidad con todos esos recursos que ahora cada mes se pagan por obligación. Por ejemplo, para reducir la pobreza, impulsar programas de bienestar social, apoyar al campo, mejorar la educación, construir carreteras, caminos y ampliar infraestructura, así como para reforzar las tareas de seguridad pública, entre otros.
