Entre las mentiras o verdades a medias que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente tercer informe de labores destaca su negación a las acusaciones respecto a que está “militarizando” al país, lo cual dijo, “carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe”.
No obstante, la lógica con toda la buena fe posible, indica lo contrario.
De otra manera no puede explicarse que los militares se han hecho cargo –relativamente, porque actúan bajo el principio de “abrazos, no balazos”– de la seguridad pública en el país, además que han asumido decenas de encargos y acciones que deberían corresponder a órganos civiles.
Con la premisa que ha sido sello del gobierno federal de que es preferible contar con servidores públicos 90 por ciento leales y 10 por ciento capaces, mediante la cual por incompetencia se ha desplazado a todas las dependencias de gobierno, los militares están en todo en el gobierno de la 4T.
Así, igual las Fuerzas Armadas construyen los aeropuertos en Santa Lucía, Palenque, Tulum y Chetumal, que un largo tramo del Tren Maya, canales de riego y 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.
Además vigilan instalaciones estratégicas, entre ellas las de Pemex y la CFE, controlan 38 aduanas con más de mil elementos y sirven de contención de migrantes, en cuya labor han realizado casi 28 mil operativos para frenar su paso hacia los Estados Unidos.
También colectan sargazo, realizan dragado de ríos, custodian la construcción del corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, reparten libros de texto y distribuyen las vacunas contra COVID-19.
Los vemos igualmente repartiendo ropa y juguetes decomisados por el SAT y en el combate contra el robo de combustible; entregan enseres domésticos en zonas afectadas por desastres naturales y protagonizan escenificaciones teatrales en la plancha del Zócalo, además que la hacen de policía turística, resguardando playas en Quintana Roo.
Hace algunos días el presidente López Obrador encargó al Ejército una tarea más: la distribución de medicamentos, para lo cual designó a un General como nuevo titular de Birmex, la empresa distribuidora de fármacos del Estado que ha tenido serios tropiezos en su funcionamiento.
La intención es dar fin al desabasto y que los fármacos lleguen a tiempo a los almacenes de los estados, así como garantizar que estén disponibles en farmacias de las clínicas y centros de salud del país.
Esta medida corrobora que cuando hay fallas en la estructura gubernamental, la solución es recurrir a los militares que subsanan procediendo con eficiencia, aunque no siempre de forma transparente. Sus negativas para responder a cuestionamientos del INAI así lo acreditan.
Entre otras acciones señaladas por su opacidad, tan sólo en 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó en 64 por ciento su gasto en contratos adjudicados sin licitación, además de que fueron otorgados a empresas de reciente creación o con domicilios falsos.
A todos los encargos atribuidos a las Fuerzas Armadas, también recientemente el presidente López Obrador les concedió la facultad de resguardar todas las obras públicas que realice su gobierno por considerarlas mediante un inédito Acuerdo como de “seguridad nacional”.
En materia de seguridad pública, los militares son también convocados en momentos de emergencia. Miles de soldados de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional fueron desplegados en varios estados del país, entre ellos Zacatecas, para apoyar a gobernadores de Morena para controlar la inseguridad y disminuir la violencia, aunque su presencia será meramente simulada.
Su instrucción es no confrontar, sólo contener, con lo que las organizaciones criminales siguen actuando con absoluta impunidad.
Por si fuera poco, en siete de los 11 estados en los que Morena ganó la gubernatura este año los nuevos mandatarios colocaron a militares al frente de la seguridad pública. Además, en San Luis Potosí también se nombró a un mando castrense.
Para México Unido Contra la Delincuencia, el nombramiento de mandos militares –en retiro o con permiso– en los estados abona a la militarización y la ampliación de sus funciones de en tareas de seguridad pública y de otra naturaleza, y esto “va en detrimento de las instituciones civiles”, señala.
Lisa Sánchez, directora del organismo civil, coincide en un análisis reciente sobre el tema que México vive un proceso progresivo de militarización al entregarle cada vez más tareas y funciones.
Y advierte que aun cuando la “complejización” del mundo criminal requiere de la participación de las Fuerzas Armadas en dichas tareas, señala la especialista, hacerlo sin controles, sustento ni evaluación es tanto o más perjudicial que no hacerlo.
A la preocupación compartida por diversas organizaciones sociales por la presencia militar en todos los ámbitos de gobierno, se ha sumado una intencionalidad de los militares por incursionar también en la política.
Eso al menos se interpretó con el mensaje que pronunció en el aniversario de la Revolución mexicana el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien de manera explícita llamó a los mexicanos a unirse al proyecto de nación del actual gobierno.
“Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México más prometedora”.
“Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria”, enfatizó.
Entre líneas, ese mensaje rebasa los linderos de la lealtad institucional de las fuerzas armadas hacia las instituciones y a quien las comanda; pareció más una expresión de adhesión política.
Es de llamar la atención que la estrategia presidencial de priorizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de gobierno se contrasta con la posición diametralmente opuesta que sostuvo durante su larga trayectoria como aspirante y luego candidato. He aquí algunas perlas:
AMLO en 2010: “El Ejército debe regresar a sus cuarteles, no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”.
AMLO en 2012: “El Ejército no está preparado para funciones de seguridad, es otro su encargo, como defender su soberanía… regresará a los cuarteles cuando se profesionalice la policía en un lapso de seis meses, ese es mi plan”.
AMLO en 2013: “Es perverso usar al Ejército en funciones de seguridad”.
AMLO en 2021: “Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe”.
El viraje ha sido absoluto y sus consecuencias por ahora son difíciles de estimar, con el riesgo de que se ha llegado a un punto de difícil retorno.
Mientras, hay suficientes razones para acreditar el creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas y es iluso pensar que las cosas serán diferentes en lo que resta de la actual administración.
El mismo AMLO ha dicho que han sido clave para el desarrollo, el bienestar y la paz y que al surgir del pueblo, “las fuerzas armadas son el pueblo uniformado”.
Inteligente y hábil su narrativa, aunque usando sus mismas palabras, “carece de toda lógica y de la más elemental buena fe”.
