Hagámonos la pregunta, y respondamos con absoluta honestidad: ¿es Puebla una ciudad segura para vivir?
Percibo que habrá opiniones divididas, respuestas –poco más o poco menos– con un sí o un no, y eso depende de muchos factores.
De lo que estoy cierto es que parecen exagerados y fuera de la realidad los resultados difundidos este martes, respecto a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
Según el Inegi, la percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla creció en 11.3 puntos porcentuales en el segundo trimestre del año, al pasar de 75.8 a 87.1 por ciento.
Esto quiere decir –indica el Inegi– que nueve de cada 10 personas, hayan sufrido o no un delito, consideran que Puebla es una ciudad insegura para vivir.
Ese alto porcentaje derivó a preguntas sobre la inseguridad que ciudadanos perciben de manera rutinaria ya sea en un cajero automático ubicado en la vía pública, en el hogar, en la escuela, el trabajo o al conducir un automóvil en calles o carreteras.
También al acudir a un centro comercial, a un parque recreativo o centro recreativo, un mercado, un banco, o en el transporte público.
¿En verdad a casi todos esos les da miedo o sienten temor en tales circunstancias?
¿Nueve de diez personas se sienten inseguras?
Según el propio Inegi, la encuesta trimestral que realiza en 75 ciudades del país, incluye “aspectos relevantes”, como: sensación de inseguridad por temor al delito; expectativa social sobre la tendencia del delito; atestiguación de conductas delictivas o antisociales; cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito.
Igualmente, percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública; prevalencia de conflictos y conductas antisociales, desempeño gubernamental, y movilidad en el segundo trimestre de este año.
También se considera un posible clima de inseguridad en hogares, o de personas víctimas o algún integrante familiar víctima; personas víctimas de actos de corrupción por autoridades de seguridad pública; acoso personal y violencia sexual.
Lo anterior indica que hay una variedad extensa de indicadores y de posibilidades entre vivencias, experiencias, conocimientos y percepciones; esto es, realidades y supuestos que al momento de mezclarse generan datos susceptibles a la imprecisión.
¿Qué pudo haber ocurrido, por qué el posible sesgo?
Es indiscutible que todo hecho delictivo de repercusión mediática causa un gran impacto social. Y en Puebla, precisamente en el periodo de evaluación, hubo dos sucesos que causaron gran conmoción.
Uno, el vil asesinato de la activista feminista Cecilia Monzón Pérez en el que el presunto autor intelectual resultó ser un conocido político, nada menos que Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla.
El otro, la balacera en el Centro de Salud Francisco I. Madero durante la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de edad, asunto que tuvo eco incluso a nivel nacional.
Hechos lamentables que produjeron enorme indignación social.
Sucesos aislados que no necesariamente reflejan nuestra realidad.
¿Qué ocurrió en ambos casos, cuál fue la respuesta de la autoridad?
Los dos están perfectamente aclarados y los respectivos responsables detenidos, sujetos a procedimiento penal.
Otro factor que genera dudas es la muestra que se utilizó para realizar la encuesta, esto es, el número de cuestionarios aplicados, que en el caso de Puebla fue apenas de 300, cuando en el municipio habitan poco más de un millón 800 mil personas.
En este contexto, esta vez debe compartirse la preocupación que ayer mismo externaron al respecto tanto el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como el presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez.
Lo que ambos han acreditado en los hechos, y no es una mera percepción, es un gran esfuerzo y coordinación para garantizar la paz social y la tranquilidad mediante estrategias muy puntuales en materia de seguridad pública.
En la víspera, el mandatario estatal, sin menoscabo de la encuesta del Inegi, dijo que todos los gobernantes deben asumir su responsabilidad y dar la cara sobre este tema, para que la sociedad esté debidamente enterada.
Y resumió su postura al asegurar que su gobierno no está vinculado a ninguna organización criminal, todos los hechos delictivos se investigan y la mayoría de ellos se sancionan, la lucha contra la delincuencia es permanente, hay un mejoramiento en los sistemas penales y existe coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Destacó también que los hechos violentos que han ocurrido obedecen, en su mayoría, a asuntos de ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales y volvió a exhortar a todos los gobiernos municipales a que actúen con mayor cercanía e inmediatez para la seguridad de sus habitantes.
Por su parte el Alcalde Eduardo Rivera, que de manera coincidente ayer anunció un nuevo sistema de operativos de seguridad, y que recientemente entregó equipos de apoyo a su Policía, dijo respetar, pero no coincidir con los resultados del estudio del Inegi.
También mostró su extrañeza por el hecho de que tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Fiscalía General del Estado reportaron recientemente una disminución en la incidencia delictiva y aseguró que, al menos, se ha logrado reducir los delitos de alto impacto en la capital entre 4 y 5 por ciento.
En suma, tampoco se trata de tapar el sol con un dedo, siempre desearíamos tener una mejor policía, pero justo es reconocer que en Puebla y en la Capital hay un esfuerzo institucional de enormes dimensiones para abatir la delincuencia y propiciar un clima social de sana convivencia, lo cual no ocurre en otras regiones del país.
Mucho hay que hacer en materia de seguridad pública, por supuesto, porque es un tema que no se agota y el esfuerzo debe ser permanente. Siempre podríamos estar mejor, pero ciertamente no estamos tan mal como pareciera en la susodicha encuesta.
