Una campaña basada en mitos machistas sobre la violencia por razón de género, negación del alza en llamadas de auxilio de mujeres agredidas, recortes presupuestalas a la prevención de violencia contra mujeres y la idea de que imponer la ley seca acaba con las agresiones son indicadores de un boicot al trabajo para lograr la igualdad de género en el país.
Así lo consideró Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del Programa de Género de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La campaña “Cuenta hasta 10”, que la Secretaría de Gobernación federal lanzó el martes pasado, y sólo circuló unas horas porque las críticas obligaron a la dependencia a cancelar su difusión “muestra un desconocimiento de la violencia por razón de género y trivializa el problema”, sostuvo la experta.
Luego, deploró que se recorten fondos federales para la prevención de la violencia contra las mujeres, “en particular, preocupa la afectación a refugios y la reciente cancelación de recursos para las Casas de las Mujeres Indígenas”.
Asimismo, lamentó que en 19 estados del país, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, no haya guardias del Poder Judicial para emitir órdenes de protección y medidas cautelares en materia familiar y penal, “cruciales para proteger a víctimas de violencia”.
Además, en la Red Nacional de Refugios, en temporada de aislamiento por emergencia sanitaria, se incrementaron 80% las llamadas de auxilio para solicitar ayuda por violencia extrema contra mujeres y niños por parte de parejas agresoras.
Declaraciones del presidente negando el repunte de casos de violencia, recortes presupuestales a acciones de prevención y atención, campañas y políticas de acciones sanitarias que responsabilizan a las mujeres sobre los cuidados en las familias “boicotean el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.
También nos alerta que estamos viendo en municipios la ausencia de presupuestos y la reducción de programas
de género donde los había, cuyo tema obligado es la prevención de violencia a las mujeres, para redirigirlo a prevenir el contagio de COVID-19. Negar presupuesto es negar a las víctimas y no atender la prevención y atención es violencia institucional.
Hemos visto escasas campañas y discursos dirigidos al agresor; algunas buenas como en la Ciudad de México, pero aisladas. Las campañas tienen que llegar al sujeto individual y colectivo que maltrata y que viola, al que hace de la violencia un espectáculo, al que justifica, al mismo tiempo que aquellas dirigidas a las mujeres para que denuncien; pero deben estar dentro de un intenso esfuerzo de política pública general con perspectiva de género e interseccional, así como de programas específicos con presupuesto suficiente en los diferentes niveles de gobierno, dirigidos a prevenir la violencia a las mujeres y niñas por motivos de género, los cuales además deben ser evaluados.
Se debe asegurar la alineación de los marcos legales con las leyes federales, así como sus reglamentos y códigos que sancionen en cada estado, hasta el nivel municipal, en donde haga falta; se debe involucrar a la iniciativa privada, sumar a mayor número de medios de comunicación y a la sociedad civil cuya experiencia en el tema es amplio, así como a organismos internacionales. Los mensajes contra la violencia no pueden seguir siendo ambiguos, porque no se vale errar para salvar vidas.
La campaña “Cuenta hasta 10” presentada esta semana por el gobierno federal, aunque bien intencionada, no reconoce que la violencia se expresa en un marco de descalificación y dominio sobre la mujer, que se da en la idea de superioridad y aprendizajes violentos que los hombres han introyectado.
Por lo tanto, no tiene que ver con una fracción del tiempo en un rango del uno al 10 o con una bandera blanca, símbolo de paz, sino con la cultura, con la historia y el aprendizaje individual y colectivo que forman parte de la identidad de los hombres y de las mujeres.
La violencia que persiste también es efecto de la simulación y atención superficial que venimos arrastrando en diferentes gobiernos, de la falta de una postura contundente en su contra, de la violencia institucional que enfrenan todavía algunas mujeres, más si son indígenas y pobres; de programas ligeros para hombres, que si se dan, implican restar al presupuesto dirigido a mujeres. Si no se cuida todo eso se puede dar la idea de que la violencia que atenta contra la vida de las mujeres es algo ligero.
Los gobiernos en sus diferentes niveles, las instituciones y los organismos públicos, las que legislan y las que ejercen la justicia, tienen la obligación de garantizar que todas las mujeres y las niñas gocen de sus derechos humanos, dentro y fuera de sus familias, sin importar el modelo de familia en el que vivan. No se deben “descobijar” los programas contra la violencia en nombre de salvar vidas, si al hacerlo se arriesgan otras.
