RIESGOS
La auténtica dimensión del pacto comunitario al que ha convocado reiteradamente el gobierno estatal será calibrada durante este este mes que se inicia y de tener sustento, podríamos entonces transitar al semáforo amarillo, como lo estimó este jueves el gobernador Luis Miguel Barbosa, sin dejar de reconocer que eso dependerá de un gran esfuerzo colectivo.
La prueba de fuego será, sin duda, el comportamiento social que se asuma durante las fiestas patrias, tan propias de nuestra mexicanidad, y más aún por el exhorto que se hizo a todos los Alcaldes de la entidad para que lleven a cabo las ceremonias previstas, en especial, el tradicional Grito, bajo estrictos protocolos de seguridad y sin aglomeraciones. Ya se verá.
SOLIDARIOS
Para quienes todavía dudan de la heroicidad del personal médico que diariamente atiende en Puebla a los enfermos del COVID-19, ahí está cifra revelada ayer que señala el deceso durante la pandemia de 104 profesionales de la salud, de los cuales 72 eran médicos, 13 enfermeras y otros nueve personal de apoyo.
El balance se dio a conocer tras un reporte de Amnistía Internacional en que se indica que México es el país en mundo con más defunciones de trabajadores de la salud, con mil 320, seguido de Estados Unidos, con mil 77; Reino Unido con 649; Rusia con 634 y la India con 631, mientras que la cifra total en el mundo es poco mayor a siete mil fallecimientos.
SIN ALAS
Este jueves se reveló que los tres helicópteros propiedad del Gobierno del Estado– un Bell 407 y dos Augusta–, fueron puestos a la venta y que el hangar ubicado a un costado de los estadios está totalmente inhabilitado, por lo que el área que administraba los servicios aéreos desapareció en definitiva.
Bajo la decisión de prescindir por oneroso el equipo aéreo oficial, desde marzo pasado se liquidó a las 29 personas que laboraba en el hangar.
DEDUCCIÓN
Es de suponerse que los partidos políticos acreditados en Puebla se opondrán de manera tajante al exhorto del Congreso del Estado para que cedan la mitad de las prerrogativas que les asignó para el año próximo, poco más de 200 millones, para que esos recursos sean destinados a la atención de la contingencia por la pandemia por el COVID-19.
Como lo han hecho a nivel nacional ante la misma iniciativa impulsada por Morena, el argumento en contra es que la medida tiene en realidad un trasfondo político para debilitar las finanzas de los institutos políticos
