IRRESPONDABLE SORDERA
A estas alturas de la pandemia nadie puede argüir desconocimiento de los riesgos que conlleva el desacato a las medidas de prevención para evitar contagios del COVID-19, ya que los mensajes alusivos se han difundido de manera hasta excesiva por todos los medios imaginables y no hay día en que gobernantes y líderes de opinión mantengan su discurso disuasivo.
Por eso resulta incomprensible y hasta irracional que muchos no respeten la indicación de permanecer en casa, salvo casos de extrema necesidad, lo cual ya se refleja en las mediciones de movilidad que indican una importante reducción en los niveles de confinamiento. Simplemente, no todos están quedándose en casa, y eso resulta difícil de explicar.
Tal “aflojamiento”, a su vez, ya impactó en la estadística en Puebla del número de casos de contagio y de decesos, de modo que habría que imaginar cómo contener a quienes están actuando de manera irresponsable, sin llegar a los extremos del toque de queda o de aplicar sanciones a los desobedientes, como ya ha ocurrido en algunas zonas del país.
MISIÓN IMPOSIBLE
Resulta materialmente imposible que pueda proceder la reforma que plantea el Partido Acción Nacional, a efecto de que el Instituto Electoral del Estado tenga facultades de castigar la violencia de género en Puebla, lo cual agilizaría ese trámite y evitaría que sea el Tribunal Electoral local la instancia que lo haga, como ocurre actualmente.
Al respecto es pertinente mencionar que desde el año 2014 prevalece un solo sistema electoral nacional, que da unidad y coherencia al desarrollo de las actividades electorales a lo largo y ancho del país.
Eso implica que una eventual aprobación tendría que ser sometida al consenso en todo el país, esto es, resulta necesario que se armonice con el resto de las disposiciones normativas del sistema legislativo, el electoral en este caso, además que el régimen sancionador electoral nacional prevé que las sanciones por infracciones a la normativa electoral sean impuestas por los Tribunales correspondientes.
Por tanto, modificar las disposiciones normativas que tienen que ver con el régimen de lo contencioso electoral, tanto en el ámbito local como en el nacional, y hacerlo antes de que comience el proceso electoral 2020- 2021 suena francamente poco viable, aunque ello no impide que el tema sea ponderado en su oportunidad, junto con la idea de ampliar la lista de violencia política contra las mujeres en razón de género.
