LENTOS
Muy a destiempo, al menos en el caso de Puebla, legisladores federales se reunirán hoy con Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, para intentar que sea revertida su decisión de anular el bondadoso Programa Escuela Tiempo Completo.
Mientras que en el país apenas serán ponderados los beneficios de dicha política pública, acá el gobierno de Miguel Barbosa reaccionó con celeridad y hasta ya procedió por la vía legislativa para preservar su existencia, en beneficio de al menos 93 mil alumnos en toda la entidad poblana.
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DESERTAN
Estudiantes poblanos de educación superior estarían incluidos entre el casi medio millón en el país que podría abandonar clases debido al impacto de la pandemia de COVID-19, según encuesta nacional elaborada por la SEP federal, la ANUIES y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El estudio, realizado entre alumnos de instituciones públicas y privadas de diez entidades, incluida Puebla, revela que durante la pandemia la situación académica de la mayoría empeoró y, ante las dificultades económicas que enfrentan, casi la mitad quiere o está por ingresar al mercado laboral.
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DESPRESURIZAN
Hoy se conocerán los detalles del inesperado operativo policiaco llevado a cabo durante la madrugada del sábado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, cuyo propósito fue trasladar a varios reos a penales de alta seguridad en diversas entidades del país. Lo que ahora se sabe es que fueron reubicados unos 20 internos catalogados como “peligrosos” a prisiones de Michoacán, Morelos y Oaxaca, con lo que ya suman más de 60 en lo que va de este año, al tratarse de reos de alta peligrosidad que mantenían influencias, privilegios y controles al interior del penal.
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LÍOS
Las diferencias que prevalecen al interior del Instituto Electoral del Estado quedaron de manifiesto durante el pasado fin de semana con la decisión mayoritaria de los consejeros de restarle facultades administrativas al secretario general, César Huerta Méndez. El acuerdo tomado en comisiones indica que ahora no podrá tener injerencia en la designación de funcionarios, ni podrá vetar sus nombramientos como lo venía haciendo, tarea que debe corresponderle por normatividad al cuerpo colegiado del propio órgano electoral.
