Garganta Profunda
Arturo Luna Silva
[email protected] / Twitter: @ALunaSilva
Con el apoyo de todos los grupos legislativos, aunque posiblemente no con el voto a favor de todos los 41 diputados locales –lo que no alterará la mayoría calificada, que está ya asegurada–, la reforma judicial que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta será aprobada por el Pleno del Congreso del Estado este jueves y modificará, desde sus entrañas, el sistema de administración de justicia en Puebla.
La ruta legislativa trazada ha sido impecable.
Incluso, en comisiones se incluyeron 13 adiciones, casi todas en artículostransitorios, que plantearon legisladores y legisladoras del PAN, PRI y Morena.
De este modo, la iniciativa que contempla cambios a nueve artículos de la Constitución local (12, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94) se aprobó sin contratiempos, casi por unanimidad, este martes en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
Únicamente se registró la abstención de la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, a pesar de que, según ha trascendido, se incluyó su propuesta para establecer la obligación de que los funcionarios del Poder Judicial presenten su declaración de intereses.
Desde los tres Poderes del Estado se ha subrayado que se trata de una reforma de gran calado.
También se ha coincidido en que es vanguardista y no será extraño que, en el corto plazo, sea modelo para otras entidades.
Una vez que se apruebe, y luego de que se aterrice en las leyes secundarias, el Poder Judicial ya no tendrá un esquema unipersonal.
Ahora tendrá cuatro brazos y cuatro presidentes.
Nadie podrá encabezar, a la vez, dos estructuras.
El Poder Judicial del Estado de Puebla se sustentará en cuatro pilares:
Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sala Constitucional.
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Consejo de la Judicatura.
La presidencia de cada órgano tendrá un periodo de cuatro años.
Sin posibilidad de reelección.
Sin que una misma persona pueda ocupar, a la vez, dos titularidades.
También hay una serie de candados, para prevenir la corrupción en la administración de justicia.
Será independiente el Consejo de la Judicatura –en donde se perfila como nuevo presidente el magistrado Carlos Palafox–, porque hoy todavía pertenece a la Sala Superior y la preside el mismo titular del Poder Judicial del estado.
La Judicatura poblana tendrá dientes, para investigar, castigar y hasta para destituir, a través de una vía también legislativa, a los jueces.
Se busca concretar la largamente anhelada justicia rápida y expedita –si no es así, no es justicia– con esta reforma.
Incluso, la mayoría de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han reconocido que el ciudadano es el mayor beneficiario y está en el centro del interés de la iniciativa.
Será, en términos legislativos, el gran legado del barbosismo.
Sin embargo, se esperan algunas abstenciones.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación, se ausentó de la discusión y votación en comisiones unidas.
Podría hacer lo mismo en la discusión y votación en el Pleno.
Al ser esposa del actual presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, podría haberse configurado un “conflicto de interés”.
Hubo asepsia legislativa de su parte.
También podrían venir unos cuantos votos en contra, de algunos panistas renegados.
Incluso de algunos morenistas identificados con el legislador federal Ignacio Mier.
De cualquier modo, la mayoría calificada, las dos terceras partes de los 41 diputados y diputadas de la LXI Legislatura, está asegurada.
Luego pasará a los 217 Cabildos, para su votación.
Una vez que la avalen la mitad más uno, 109, se podrá promulgar.
Hay un plazo de seis meses para que aterrice esta reforma en las leyes secundarias.
Ese tiempo también permitirá los ajustes personales y de grupo.
Cambiará desde sus cimientos la estructura jerárquica que hoy tienen los magistrados.
Es notable la creación de una Sala Constitucional.
Dentro de los muchos beneficios que traerá, estará la solución de conflictos del ámbito municipal.
No es, como se trató de hacer creer con una campaña falsa, un órgano que compita con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Eso es un absurdo que solamente pueden promover y creer los ignorantes del derecho.
O los malintencionados.
Este jueves es el día.
La unanimidad será casi imposible.
Pero ocurrirá algo muy parecido.
