Ernesto Martínez
Por extravío de documentos, cometer faltas administrativas o no dar cuenta de algún oficio, el Consejo de la Judicatura emitió siete sanciones en contra de miembros del Poder Judicial de Puebla que fueron desde amonestaciones públicas hasta sanciones económicas del salario de los funcionarios.
De acuerdo con el listado de Servidores Públicos Sancionados del Poder Judicial, durante 2018 y 2019 se emitieron siete sanciones en contra de seis servidores públicos que ocuparon cargos como diligenciario, taquimecanógrafa, comisaria o jueces al interior de Puebla.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, comentó el pasado 22 de abril que existieron jueces en Puebla coludidos con la delincuencia, por lo que su administración comenzó investigaciones en contra de los presuntos responsables para sancionarlos.
Al cierre de 2019, el Consejo de la Judicatura de Puebla reveló que se sancionaron a dos jueces, José Hugo Salvador González Jiménez y Venustiano Islas López, por faltas administrativas, como dejar de observar disposiciones legales aplicables al procedimiento, que ameritaron la suspensión de su cargo entre 15 y 30 días.
Mientras que en 2018 se registraron las otras cinco sanciones en contra de servidores del Poder Judicial: Ignacio Pedraza Rojas, diligenciario; Juana Pérez Carmona, oficial Mayor; Teresa Toxtle Guerra, taquimecanógrafa; Victoriana Soriano Marcelino, comisaria.
Soriano Marcelino se convirtió en la funcionaria más sancionada por el Consejo de la Judicatura, al sumar dos castigos económicos que le representaron un total de 175 salarios mínimos, derivado a que extravió tanto un proceso como omitió entregar los documentos, mobiliario y objetos que se encontraban en su poder.
