Durante el primer período del gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez (2011-2014), el periodista Rodolfo Ruiz vendió dos clases de servicios al ayuntamiento de Puebla: por difusión de actividades de gobierno y por asesorías.
El primero lo hizo a través de un convenio de publicidad, vía e-consulta.
El segundo: a través de Contracorriente, empresa originalmente ligada a temas educativos.
Vía Contracorriente, pues, asesoró al alcalde panista y a sus funcionarios en temas como esquivar preguntas incómodas o a reporteros incisivos.
En esos tres años, Ruiz la hizo de periodista y de enemigo de los periodistas.
Un Juez y parte esquizofrénico.
(Lo anterior fue evidenciado, en su momento, con documentos oficiales por quien esto escribe).
Un reciente ataque de dualidad esquizofrénica ocurrió en dos campañas electorales por la gubernatura de Puebla: la de 2018 y la de 2019.
En la primera, Ruiz le vendió a Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición encabezada por Morena, dos servicios:
Uno, por la difusión de su campaña.
Otro, por el manejo de la misma en redes sociales.
Eso incluía comentarios favorables del candidato en la columna del periodista (La Corte de los Milagros) y críticas severas a la candidata de la coalición encabezada por el PAN: Martha Ericka Alonso.
Tras la muerte de ésta en diciembre de 2018 —una vez que ganó la gubernatura en Tribunales—, vino una segunda campaña en 2019.
La coalición de Morena postuló una vez más a Miguel Barbosa Huerta, en tanto que la del PAN se inclinó por Enrique Cárdenas.
Ruiz quiso incrementar los montos de sus convenios: el publicitario y el del manejo de redes y columna.
El equipo del candidato Barbosa no estuvo de acuerdo en el segundo punto y planteó mantenerlo con la misma cifra del año anterior.
El periodista aceptó de mala gana, e hizo algo indecoroso:
Ofreció sus servicios gratuitos a la otra parte, y le fueron aceptados).
(En el mundo de los abogados a eso se le llama prevaricato).
Y así manejó las dos campañas.
Incluso, al final, el equipo del hoy gobernador le pagó los servicios prestados.
Todo iba bien hasta que todo empezó a ir mal.
El propio Miguel Barbosa descubrió el doble juego de Rodolfo Ruiz y lo exhibió públicamente en una entrevista que me concedió.
A partir de entonces, el periodista de día (asesor de noche) inició una campaña permanente de golpeteo en contra del gobernador.
En marzo de 2020, se dijo acosado —como hoy lo ha vuelto a hacer en el más reciente número de la revista Proceso: “Desde el gobierno poblano, acoso a la prensa independiente”.
Lo curioso es que hasta las cabezas son casi idénticas.
En marzo de 2021 escribí unas líneas que bien pudieron haber sido escritas hace unas horas.
Vea el hipócrita lector:
“Leí el reportaje de Proceso sobre Rodolfo Ruiz y el portal e-consulta.
“El título es brutal: ‘Medios poblanos bajo asedio’.
Me temo que la corresponsal Gabriela Hernández escribió casi lo mismo hace más de seis años.
“El título es casi idéntico al de uno de sus reportajes anteriores que aparecieron con su firma.
“Y qué decir de su narrativa.
“Lo único que cambian son los nombres de los gobernadores.
“Antes —dijo— fue Rafael Moreno Valle quien apaleó a la prensa.
“Ahora —dice— es Miguel Barbosa Huerta.
“La argumentación, faltaba más, es chapucera, pues en ambos casos el mártir del periodismo es uno solo: Rodolfo Ruiz”.
Ufff.
De pena ajena.
Un Marranito en la 4T. Es inconcebible que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador lucha por llevar a buen puerto la política de cero corrupción, en su gobierno existan personas que representan todo lo contrario y están vinculadas a grupos de poder que aprovecharon cargos para beneficiarse.
Tal es el caso de Alfredo Ávila Salazar, subdirector Divisional Sur del Banco del Bienestar, detrás de quien se dibuja una estela de corrupción y malos manejos cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Hoy existe sobre él una investigación por el presunto desvío de 130.5 millones de pesos que provenían del seguro contra desastres naturales, destinados a la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017.
Las irregularidades cometidas durante su gestión también incluyen obras fantasma, procesos de adjudicación amañados y sustracción de documentos oficiales.
De tal magnitud son las irregularidades que Ávila Salazar se ha ausentado por más de 15 días de su oficina en la Ciudad de México, ya que se encuentra en Puebla tratando de limpiar el cochinero.
