Por: Jesús Peña
Para que el político priista Javier N pierda la patria potestad de su hijo de cuatro años, primero debe ser condenado como autor y organizador del feminicidio de su expareja y madre del niño, Cecilia Monzón Pérez.
Así lo instruye el marco legal de Puebla, que Helena Monzón, hermana de la víctima, calificó de machista por entregar la patria potestad a quien es el presunto criminal.
Ayer, cuando se cumplió un mes de la ejecución de la abogada y activista, su hermana Helena publicó en el diario español El País un artículo en que rechaza la incongruencia de las normas y precisa que el presunto asesino intelectual se acercó a los abogados de la familia para extorsionar.
Indicó que él dijo que cedería la patria potestad a cambio de que ella mintiera y públicamente asegurara que la expareja se llevaba bien, a pesar de la demanda por violencia familiar entablada por Cecilia Monzón contra Javier N.
MARCO LEGAL INMÓVIL
El Código Civil estatal indica en el artículo 604 que en cualquier circunstancia por la que cese la guarda de un progenitor, “se encargará del hijo el otro ascendiente y con éste habitará aquél”.
Pese a que en los años recientes las familias de las víctimas de feminicidio han luchado por tener la patria potestad de los huérfanos, el código no distingue la condición legal de los presuntos asesinos.
Sin embargo, el artículo 605 bis señala que la autoridad judicial puede suspender o extinguir ese derecho si considera que hay peligro para el niño, algo que hasta el momento no ha sucedido en favor de ninguno de los huérfanos por feminicidio.
El artículo 627 refiere que la patria potestad se acaba de forma natural bajo cuatro causas: muerte del que la ejerce, emancipación del menor, por cumplir el niño la mayoría de edad y por violencia familiar reiterada.
En el caso particular, si el político falleciera, el artículo 607 dicta que a los abuelos les corresponde la patria potestad, tanto de la línea paterna y materna, por lo que ellos deberán ponerse de acuerdo para saber quién la ejercerá.
De no llegar a un pacto, entonces el juez decidirá, aunque sólo escuchará la opinión del menor de edad si tiene cumplidos los 14 años.
Helena Monzón escribió que su sobrino nunca ha convivido con su padre, “un hombre que no sólo lo ha despreciado a nivel afectivo desde su nacimiento, sino que no cumple obligaciones de alimentos. Un padre biológico que había sido demandado por mi hermana por impago de la pensión alimenticia en el ámbito familiar, y contra quien Cecilia había abierto una causa penal en la que le imputaba un delito de violencia familiar, a la que ahora se suma la imputación por el delito de feminicidio”.
Aunque los integrantes de la familia Monzón, incluido el hijo de Cecilia, tienen nacionalidad española, la ley local se aplica, indicó la también abogada.
AL MENOS OTROS 22 EN LA MISMA SITUACIÓN
De 2013 a 2020, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) halló que 91 mujeres que eran madres fueron asesinadas por razones de género.
Una revisión de esos 91 casos, realizada por Crónica Puebla, revela que a 166 niños y adolescentes les arrebataron a sus mamás con estos crímenes.
De ellos, la patria potestad de 22 está en manos de los presuntos feminicidas.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dio a conocer en 2019 que sólo ese año en la entidad poblana había 29 menores huérfanos, la única cifra oficial que se ha difundido.
¿CUÁNDO SE PIERDE LA PATRIA POTESTAD?
El artículo 628 del Código Civil indica que pierde la patria potestad cuando el que la ejerce cometa algún delito grave o intencional contra el menor de edad. Directamente contra él, y la agresión a la madre no entra en esa clasificación.
La segunda circunstancia es una condena “por delito intencional a una pena de prisión inconmutable”, condición que se cumplirá si López Zavala es encontrado culpable por el feminicidio de Cecilia Monzón.
Para ello, es necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya sus investigaciones, se inicie el juicio y el juez encuentre culpable al priísta; entonces, podrá imponérsele prisión de hasta 60 años y la consiguiente pérdida de la patria potestad.
La tercera condición ocurre cuando los que ejercen la patria potesntad tengan “costumbres depravadas o hábitos nocivos, ejerzan públicamente la prostitución, inflijan malos tratos o realicen cualquier otro acto que implique el abandono de sus deberes”.
También cuando el menor sea abandonado por más de tres meses, dejándolo a cargo de otra persona, o por abandono de más de un día si el niño no fue encargado a alguien.
El cumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria sin causa justificada por más de 90 días también es causal para perder la patria potestad, lo que Helena Monzón señaló también en su artículo de ayer.
EL CHANTAJE
Vía abogados, la familia de Cecilia le hizo saber a Javier N que quería la custodia del niño, indica Helena Monzón en su escrito.
“A cambio de la custodia, él pedía, entre otras cosas, que me presentase ante los medios y limpiara su imagen”.
Es decir, la intención de Javier López Zavala era crear la percepción de que no tenía móvil para agredir a Cecilia Monzón.
La ley señala que la patria potestad en uno de los progenitores es irrenunciable y el artículo 633 contempla que se puede suspender bajo cuatro causales: incapacidad declarada judicialmente, ausencia declarada en forma, sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión e incurrir en conductas de violencia familiar.
“Tenemos opciones legales, la primera es asegurar la guardia y custodia basándonos en el interés superior del menor, que claramente está con nosotros, ya estamos trabajando en esto. Después vendría un procedimiento adicional para privar al padre biológico de sus derechos de patria potestad. Porque el Código Civil del Estado de Puebla y la ley local de enjuiciamiento criminal no prevén ni la suspensión ni la pérdida de la patria potestad como consecuencia del feminicidio de mi hermana”, señala Helena Monzón.
“Aquí, el padre que no es padre —pero es hombre— parece tener más derechos que la madre asesinada y su familia, y no podemos guardar silencio al respecto. Por Cecilia Monzón y por las mujeres en México, tenemos que seguir haciendo ruido, exigiendo que los tribunales y el poder Legislativo hagan su parte”, finaliza.
