Mariana Flores
Seguridad y combate a la corrupción fueron dos de los ejes centrales que resaltó el finado gobernador Miguel Barbosa Huerta, durante el IV Informe de Gobierno.
Al rubro de seguridad pública le fueron destinados 4 mil 37 millones de pesos, de los 101 mil 313 millones 240 mil pesos que fueron invertidos de enero a noviembre por parte del gobierno estatal.
De este presupuesto, 543 millones 724 mil pesos fueron destinados al arrendamiento de patrullas y helicópteros.
Mientras que 956 millones 382 mil pesos fueron para seguridad y procuración de la Justicia. En este rubro, destaca la rehabilitación y ampliación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital poblana.
OPERATIVOS
Desde el primero de enero, hasta el 30 de noviembre, se llevaron a cabo 214 mil 67 operativos de seguridad, de los que 5 mil 138 fueron en escuelas, 2 mil 187 en el transporte y 628 de fueron de Correcaminos, 2 mil 599 de
Centinela, 610 interestatales, 215 a caballo y 248 aéreos.
En consecuencia fueron detenidas 2 mil 20 personas, de las cuales 823 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común, 235 al Ministerio Público del fuero federal y 962 al juez calificador.
También ejecutaron operativos para disminuir las tomas clandestinas a ductos de Pemex.
De estas movilizaciones fueron detenidas 40 personas y se aseguraron 20 mil 500 litros de hidrocarburo, 23 mil 500 litros de petróleo, mil 200 litros de gasolina y 67 mil 390 litros de gas L.P.
De los operativos realizados entre diversas dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), fueron asegurados 47 vehículos por estar relacionados con actividades ilícitas, cuatro fueron recuperados al contar con reporte de robo y uno más en abandono.
Fueron aseguradas nueves armas de fuego (ocho cortas y una larga) y 81 cartuchos útiles de diferentes calibres.

POR LA PAZ
El gobierno estatal impulsó durante este año la cultura de la legalidad con lo siguiente:
Mil 312 personas privadas de la libertad se encuentran inscritas en diversos niveles escolares (alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria y diplomado)
Cinco del Cereso de Puebla se graduaron en las licenciaturas de Derecho, seis en Acondicionamiento Físico y cuatro en Desarrollo del Arte
Se ejecutaron 139 traslados para la reubicación de 997 reos, incluyendo los realizados hacia Centros Federales de Readaptación Social
171 jornadas jurídicas en 81 municipios, entre ellos los 50 con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Atención a 3 mil 146 personas, mil 654 mujeres y mil 492 hombres, a través de asistencias jurídicas en lo civil, familiar, administrativo, penal y laboral
Se brindó apoyo a 39 personas en el trámite y solución de su queja presentada ante la Comisión de Derechos
Humanos (CDH) estatal
La entidad fue sede del Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el que participaron 58 ponentes nacionales e internacionales
Se atendieron a 64 mujeres y 55 hombres con discapacidad para rectificar actas, sucesorio intestamentario, divorcio e información
TRANSPARENCIA
Como parte de su ideología de combate a la corrupción, Barbosa Huerta inició 499 procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos de su propia administración, y presentó 346 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
De los 32 servidores públicos de alto nivel que han sido detenidos durante los tres años de gestión de Barbosa Huerta, cuatro fueron privados de su libertad en este año, por la comisión de presuntos actos ilícitos.
La primera detención ocurrió el 25 de febrero, con el caso de Francisco Romero Serrano, cuando era titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
También, el 28 de febrero, cuando por denuncia del gobierno estatal, elementos de la SSP detuvieron al exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.
El 18 de octubre detuvieron a Alejandra Gabriela, quien era la encargada del Enlace Administrativo durante del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Finalmente, Gustavo Huerta Yedra, exfiscal de Investigación Metropolitana, fue detenido el 12 de diciembre, relacionado con actos de corrupción en el ejercicio del Notariado en 2018.
Fueron detectadas irregularidades que pudieran constituir delitos fiscales por un monto de 5 mil 847 millones 487 mil pesos. Aunado a lo anterior, en coordinación con las notarías del estado, 2 mil 790 avisos notariales fueron analizados a efecto de identificar patrones que incidan en dicho tipo de conductas.
Como parte del Programa Anual de Auditoría 2022, hubo 236 auditorías por conducto de los Órganos Internos de Control (OIC) a 16 dependencias, 67 entidades y tres órganos auxiliares de la Administración Pública Estatal, correspondientes a un monto de 16 mil 230 millones de pesos de recursos estatales; lo anterior, dio como resultado un total de 96 observaciones, de las cuales 88 fueron de carácter administrativo y ocho de tipo económico, mismas que están en proceso de atención con un avance de 93 por ciento.